Katia García Benítez1
https://orcid.org/0000-0002-4973-7877
DOI: 10.53689/int.v12i1.144
Entrevista realizada por Katia García Benítez, académica del Departamento de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Alberto Hurtado.
Irene Salvo Agoglia es Doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Máster en Ciencias de la Familia, Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Psicóloga de la Universidad de Chile. Cuenta con veinte años de trayectoria en docencia, investigación e intervención especializada en el ámbito de la protección integral de la niñez, cuidados alternativos y adopción, con foco en el derecho a la identidad y a la participación infantil.
Entrevista realizada el 5 de julio del 2022
García, K. (2022). La participación de niños, niñas y adolescencia sigue siendo una tarea pendiente. Niñez y adolescencia en las políticas públicas en chile. Intervención, 9(1), 85-90
Algo que necesitábamos con urgencia era el marco normativo. Era uno de los más grandes pendientes que teníamos como país desde hace décadas y que afortunadamente hemos concretado este año gracias al esfuerzo de múltiples personas y organizaciones públicas y de la sociedad civil. Con este gran hito tenemos la oportunidad de intentar construir un sistema integral de derechos de la niñez y alcanzar una mayor armonización de políticas, instituciones y programas que puedan irnos acercando a fortalecer la participación infantil, a que pase de ser algo meramente discursivo o instrumental a algo efectivo y significativo para los propios niños, niñas y adolescentes.
Respecto del nivel institucional, desde hace mucho tiempo – pese a no tener este marco normativo- venían dándose diversas iniciativas para incentivar la participación infantil desde entidades del gobierno, de las OCAS (organismos colaboradores acreditados de SENAME), de la sociedad civil y la academia que fueron aportando a pequeños pasos en aumentar la participación de niños, niñas y adolescentes en los programas sociales y también en la investigación. Yo partiría por reconocer los esfuerzos que han hecho diversos organismos por poner el tema e intentar pese a todo avanzar en ello durante décadas, pese a no contar con el marco normativo que se requería: Corporaciones, fundaciones y otros organismos que implementaron consejos de niños, niñas o adolescentes o mecanismos diversos para ir recogiendo sus voces, incluso en algunos avanzaron con sistematizaciones relevantes. Es difícil mencionarlos a todos, pero algunos ejemplos son la iniciativa Mi Voz Cuenta, el trabajo de la Defensoría de la Niñez, del Programa Mi Abogado, de WorldVision, entre otros.
Creo que empezamos a avanzar lentamente desde el terreno de la utopía al de la implementación progresiva de mecanismos de participación infantil. Con el nuevo marco institucional y la nueva institucionalidad estaremos un tiempo considerable en tránsito y transformación, pero con muchas más posibilidades que antes. Las políticas e instituciones debieran instalar transversalmente áreas que se encarguen de esto a nivel nacional y regional. Entiendo que es lo que se está buscando realizar progresivamente con las unidades de participación infantil en el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (“Mejor Niñez”). Si esto se va consolidando mediante la formación especializada de profesionales y analistas de participación, siendo monitoreados los efectos de estas actividades y cómo influye la participación infantil en la mejora continua de programas e intervenciones, sería un gran paso. Ya no estaríamos hablando de instancias de participación, sino que de mecanismos sistemáticos, continuos, evaluables. Es ahí donde creo que debemos apuntar los diversos esfuerzos.
En este sentido, considero que un elemento crítico que sienta las bases para que estos mecanismos sean posibles de implementar es la formación de las y los profesionales y es ahí donde las universidades tenemos mucho que hacer tanto en los programas de pregrado como de postgrado. Sensibilizar y capacitar a las y los profesionales en enfoques transversales y en particular en enfoques participativos e inclusivos, así como en metodologías de trabajo, implica mucho más que enseñarles a realizar actividades puntuales con niños, niñas o adolescentes. Capacitarlos en enfoques, evidencia, metodologías y éticas de trabajo que involucren activamente a los niños, niñas y adolescentes me parece que es algo clave.
Para avanzar hacia la participación es crítico interpelar el adultocentrismo imperante en la cultura chilena. En particular, las prácticas de las y los profesionales requieren transformarse no solo a nivel conceptual y técnico, sino que fundamentalmente a nivel de creencias y las construcciones socioculturales sobre las niñeces y adolescencias. Ese es el gran cambio que posibilitará trabajar con los niños, niñas y adolescentes de otra forma, dejando la lógica paternalista o tutelar. En este sentido, para mí una formación de calidad y especializada puede transformar las creencias. Tenemos que partir formando a profesionales desde el pregrado no sólo en postgrado. Es un tema cuya relevancia debiese estar presente en el diseño de los planes de estudio de las carreras de pregrado y en las distintas profesiones. Es necesario mostrar la relación entre los estudios sociales de la infancia y el enfoque centrado en derechos y cómo eso se articula. Hasta ahora, en Chile existe escasa formación especializada en estos temas y recién se han creado programas formativos en esta línea. En otros países hay programas de postgrado especializados en estudios de infancia y ahora estamos comenzando a verlos en nuestro país, lo cual me parece sumamente relevante. Por ejemplo, en el caso de la Facultad de Psicología, en la que trabajo, estamos dictando desde el año pasado un optativo de pregrado sobre políticas y programas de protección integral de la niñez, donde realizo gran énfasis en el enfoque participativo. Es clave multiplicar estas instancias formativas en diversos espacios formativos.
La participación infantil implica también cambiar la forma en la que vemos a los niños, niñas y adolescentes en diversos espacios sociales, por ejemplo, cambiar las culturas escolares, donde los espacios siguen siendo predominantemente adulto-céntricos. Es crítico instalar muy tempranamente la ciudadanía en los niños, niñas y adolescentes desde los espacios escolares, y otros espacios sociales. Volviendo a la formación, cuando nosotros recibimos nuevos estudiantes en el pregrado, la mayoría ha tenido una experiencia como estudiante donde se incentivó muy poco su participación, o bien, en sus grupos familiares primó mucho un enfoque adulto-céntrico en la crianza. Algunos de estos estudiantes se convertirán en profesionales del ámbito psicosocial y el desarrollo de un pensamiento crítico y el fortalecimiento de la participación infantil en sus prácticas implican de- construir ideas y experiencias para no replicar el adulto-centrismo que ellos mismos vivieron cuando fueron niños, niñas o adolescentes.
Por otro lado, el sistema judicial también constituye un nudo crítico en ese sentido. Aquí también es clave que la formación de Jueces de Familia en la Academia Judicial incluya la articulación del Interés Superior del niño con un enfoque de participación infantil en materias diversas en las que debe tomar decisiones respecto de los niños, niñas y adolescentes involucrados en los procesos judiciales. El interés superior del niño la gran mayoría de las veces se orienta por la mirada del adulto, sin examinar en profundidad las necesidades de un niño o niña en particular. Hay mucho debate sobre este punto y la evidencia internacional muestra que las instancias de participación son muy limitadas y escasas en muchos países del mundo, salvo excepciones. Por ejemplo, en las líneas que trabajo, un estudio comparado elaborado por un equipo de investigación noruego muestra la escasa participación de los niños y niñas en los procesos judiciales en adopción. Eso es algo que por supuesto también sucede en nuestro país. Aquí tenemos un enorme desafío para que los niños, niñas y adolescentes sean más escuchados y su opinión sea tomada en cuenta. La formación de los abogados y jueces es fundamental, sobre todo en las intervenciones en el ámbito de familia o penal. Se requiere mucha sensibilización con estos enfoques. Es paradójico, porque la normativa legal se contrapone muchas veces con las lógicas de la administración de justicia, en un sistema donde los Jueces tienen total potestad. Existen muchos desafíos legales, estructurales y formativos a distintos niveles. Las diversas disciplinas debemos dialogar, eso significa escuchar y tomar en cuenta la evidencia de ña investigación sobre la participación infantil.
De forma transversal y sistemática desde el diseño de las políticas y programas, sus evaluaciones y mejoras, en todo lo que se les pueda incluir, realizar los esfuerzos e implementar los mecanismos para que ello sea posible. Aunque suene utópico, lo coherente es que los niños, niñas y adolescentes estén involucrados en diferentes grados desde el inicio y que las políticas y programas no solo sean implementados “sobre ellos”, sin ellos. Metodológicamente pueden existir consejos donde continuamente puedan ofrecer sus recomendaciones, consejos prácticos y concretos, para así disminuir las brechas de poder y construir mayor intercambio intergeneracional.
Por supuesto que sí. Estamos entrenado nuestra nueva ley de Garantías y derechos de la niñez y se necesita ir armonizándola con otros cuerpos legales recientemente promulgados o en debate. Es necesario profundizar en la operacionalización del interés superior del niño porque es lo que conecta todos los principios y derechos de niños, niñas y adolescentes, y tienen que ser entendidos de manera integral. La integralidad nos impulsa a avanzar hacia una mirada más sistémica de las problemáticas de articulación interministerial, hoy se están haciendo esfuerzos a través de comités interministeriales. Un sistema de garantías integral de derechos de la niñez y adolescencia es un conjunto de políticas y normas, no solo una ley y, para que esto ocurra, tendrán que darse varios pasos desde distintos espacios, organismos y con distintas responsabilidades, desde la sociedad civil, la academia, etc., todos contribuyendo a la conformación de ese sistema, para dejar atrás la historia de fragmentación de las políticas dirigidas a la niñez y adolescencia, así como la focalización exclusiva hacia niños, niñas y adolescentes que han vivido vulneraciones de sus derechos. Esto nos demanda ampliar la mirada y fortalecer la prevención, promoción y la protección integral.
Ser sujeto significa tener una voz, ser escuchado, que las personas adultas aprendamos a conocer sus necesidades, que se promueva temprana y progresivamente su ciudadanía, que los niños y niñas se organicen entre ellos, etc. Respecto de la nueva ley, así como conocen la Convención de Derechos de los Niños, los niños y niñas deben conocer que ahora en su país hay una ley nacional que garantiza sus derechos. El otro día vi un nuevo spot del Servicio Mejor Niñez donde los niños en calidad de presidentes anuncian que tienen una ley y me pareció un muy buen material que debería circular en muchos espacios.
Algo que creo que sería muy útil, es que el nuevo Servicio tenga versiones amigables de la ley para distribuir entre los niños y niñas. Hay países como Escocia e Irlanda que tienen mecanismos sistemáticos de participación y también diseñan recursos informativos amigables para los niños y niñas. Las leyes son realizadas obviamente por adultos y escritas en lenguajes inaccesibles muchas veces, es necesario acercar estos elementos para informar a los niños, como primer paso para su participación más activa y significativa. Me encantaría que en los espacios escolares la nueva ley sea conocida por los niños de forma adaptada y amigable. Es clave que el Ministerio de Educación se sume también en la información y formación que los niños, niñas y adolescentes requieren para participar del cumplimiento de sus derechos.
Este tema ha sido ampliamente debatido desde hace años. Los profesionales trabajan en modelos tremendamente jerárquicos y vigilantes, polidemandados institucionalmente y respondiendo a determinados indicadores de desempeño, en condiciones precarias, lo cual ha sido analizado por muchos autores e investigadores. Estos contextos no propician la reflexividad, el cuidado de los equipos ni tampoco la potencial participación más activa de los niños y sus familias en los procesos. Las condiciones estructurales actuales de trabajo de los profesionales en el campo de la protección hacen mucho más difícil la participación, porque se requiere disponibilidad emocional y relacional de parte de la persona adulta que trabaja en la intervención y recursos de diversa índole para escuchar las voces de los niños y mantenerse sensibles a sus necesidades. Cambiar estas condiciones es algo fundamental para los profesionales, los niños y sus familias. Este sigue siendo un gran obstáculo para poder ver y escuchar a los niños usuarios de los programas y es algo que tiene que cambiar con urgencia.
Modificar las condiciones de trabajo tendrá un impacto en el bienestar integral de profesionales y usuarios y también en la participación de los niños, niñas y adolescentes atendidos en el sistema de protección especializada.
Es complejo y desafiante aplicar los enfoques transversales de trabajo (derechos, género, interculturalidad, entre otros) en el quehacer de las instituciones cuando los profesionales están precarizados o quemados. En este sentido, es crítico que el análisis de las prácticas y supervisiones que se realizan a los equipos profesionales y técnicos incluyan la operacionalización de todos los enfoques transversales, por supuesto, incluyendo un enfoque participativo. Y por supuesto, el cuidado de los equipos.
Desde mi punto de vista, una apropiada supervisión debería prestar atención a la aplicación de cada enfoque, según sea el caso. Esto ayudaría a las y los profesionales a superar la mirada solo técnica frente a los casos, exploraría sus actitudes y disposiciones, sus creencias, etc. todo lo cual les permite mirar y reflexionar sobre cómo sus prácticas operacionalizan estos enfoques. Los profesionales tienen creencias, expectativas, motivaciones, opiniones, aprehensiones, temores, ilusiones, etc. No son personas que meramente aplican orientaciones técnicas. Todo se entrecruza en las intervenciones.
En el caso de las residencias, las ETDs o los tutores de referencia, deben contar con apoyos técnicos, emocionales y relacionales que les permitan entonces mirarse y ver realmente a los niños, niñas y adolescentes que tienen bajo su cuidado. Pero si sigue el círculo de precariedad y rotación profesional, se discontinúan y fragmentan las intervenciones y resulta un desafío enorme ver a cada niño, niña o adolescente y promover su participación.
Chile se encuentra “al debe” en la reparación integral (social, terapéutica, económica), de las personas que cuando niños, niñas o adolescentes fueron o han sido vulnerados cuando se encontraban institucionalizados. Las víctimas de este tipo de vulneraciones son mencionadas siempre a nivel mediático como víctimas, pero quedan altamente estigmatizadas, en lugar de ser reparadas, en el sentido de su reconocimiento, del perdón y la justicia. Por ejemplo, en Escocia, tienen un comité conformado por personas que fueron víctimas de vulneración de derechos bajo cuidado del Estado y participan de las diversas acciones e iniciativas que toma el gobierno escocés para la reparación. El CELCIS, un prestigioso centro especializado en Escocia forma parte de la International Historical Abuse Inquiry Network y lleva más de una década de experiencia trabajando junto a sobrevivientes de vulneraciones de derechos y violencia de una variedad de organizaciones que en el pasado o actualmente brindan cuidados alternativos, con el objeto de avanzar hacia el reconocimiento y la rendición de cuentas con relación al tema.
Sin ir más lejos, en el Día de Debate General: ´Derechos del niño y cuidados alternativos´, que se realizó este año, el Comité de los Derechos del Niño señaló que era clave que los Estados se comprometan a que los niños, niñas y adolescentes en cuidados alternativos puedan expresar sus opiniones sobre lo que constituye un cuidado de calidad y abogar por cambios legislativos y sistémicos. También reforzó que los Estados deben reconocer los daños realizados en contra de los niños, niñas y adolescentes en cuidados alternativos y explorar las medidas que se pueden tomar para garantizar la prevención, la intervención y el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y una reparación adecuada.
En nuestro país son numerosos los informes que denuncian esta situación, pero aún son mínimas las iniciativas de reparación. El reconocimiento y la reparación integral de estas violencias son fundamentales para impulsar cambios de fondo en el sistema de cuidados alternativo chileno.
Somos un país estructuralmente jerárquico y paternalista, con una larga tradición de autoritarismo que nos cuesta desarmar en múltiples espacios. Construir una sociedad más democrática es algo que se hace de muchas formas y en diversos niveles. Construir relaciones más horizontales o no autoritarias no implica el riesgo del desorden o caos, muy por el contrario. Esta amenaza siempre se cierne sobre nosotros.
Esta tensión se produjo también en diversos artículos debatidos antes de la promulgación de nuestra Ley de Garantías y protección integral de la Niñez. Las relaciones entre niños, jóvenes y adultos se realizan a diario, se vuelven más democráticas y participativas, cuando nos sentimos parte de algo a lo que somos convocados, eso es justamente lo que significa la palabra participar, tomar parte en algo y “compartir” el poder, cada uno con su rol o responsabilidad.
El mundo de los niños en Chile se ha construido siempre en lugar apartado del mundo adulto. Es algo que como cultura tenemos que desarmar, mezclarnos más generacionalmente y reconocer las capacidades y posibilidades de los niños, niñas y adolescentes.
1 Magíster Interdisciplinario en Intervención Social, especialización en Justicia. Terapeuta Familiar, Instituto de Psiquiatría y Psicología de Santiago. Asistente Social, Universidad Tecnológica Metropolitana. Académica-investigadora y directora del Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Alberto Hurtado. E-mail: kgarcia@uahurtado.cl. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4973-7877