Felipe Quiroz Arriagada1
https://orcid.org/0000-0001-8937-409X
Recibido: 30 de octubre 2022
Aceptado: 20 de diciembre 2022
El Estallido Social ocurrido el 18 de octubre de 2019 en Chile, develó un cuestionamiento al modelo de sociedad neoliberal impuesta desde la dictadura militar en el país. Para muchos, representó una oportunidad de recuperación de la cultura democrática fracturada el 11 de septiembre de 1973 por el golpe de Estado encabezado por el dictador Augusto Pinochet. Pero el actual momento histórico, nacido del estallido y proyectado mediante el proceso constituyente en curso, junto al proceso democrático logrado por la sociedad chilena con el Gobierno de la Unidad Popular liderada por el presidente Salvador Allende, representan momentos de antítesis y, en muy pocos sentidos, de similitud. En este ensayo se analizan, mediante revisión documental, las diferencias y posibles puntos de conexión entre ambos periodos históricos.
Palabras clave:
Estallido Social, Proceso Constituyente,Tradición Democrática, Unidad Popular.
The Chilean protests of October 18, 2019, in Chile revealed a questioning of the model of neoliberal society imposed by the military dictatorship in the country. For many, it represented an opportunity to recover the democratic culture fractured on September 11, 1973, by the coup led by Augusto Pinochet. The current historical moment, born out of the explosion and projected through the constitutional process underway, alongside with the democratic process achieved by Chilean society with the Government of the Unidad Popular led by President Salvador Allende, represent moments of antithesis and, in very few senses, similarity. This essay analyzes, through a documentary review, the differences and possible connection points between both historical periods.
Key words:
Chilean protests, Constitutional process, Democratic tradition, Popular Unity.
Quiroz, F. (2022). De raíces, frutos y semillas: comparación histórica entre la unidad popular y el actual proceso constituyente. Intervención, 12(2), 75-90.
En los días inmediatamente posteriores al Estallido Social ocurrido en Chile, el 18 de octubre de 2019, se expresaba en el espacio público, ahora tomado por la ciudadanía -o sea, reivindicado como público- lo que Walter Benjamín (Casas, 2020) denominara como ‘tiempo ahora’, o, el tipo de tiempo característico de la revolución. Parecida sensación que experimentamos quienes vivimos en Chile después de la experiencia de un terremoto, tal evento histórico representó una extraña pausa en el tiempo cronológico, viéndose interrumpido su constante devenir mediante una grieta profunda y luminosa, que rasgó el tejido de una partidocracia instalada (Quiroz, 2021), y que ahora nos dejaba mirar más allá de ese superficial velo; por lo menos esa imagen nos proyectó, a muchos, el suceso. Para no pocos que reflexionábamos, debatíamos y escribíamos en el calor de aquel febril último trimestre del 2019, aquello que nos parecía irrumpir detrás de aquel engaño de décadas de neoliberalismo era, ni más ni menos, que aquel Chile profundo anterior al golpe militar de 1973. En efecto, en las calles irrumpían, irrefrenables, las voces de Víctor Jara, Violeta Parra, y del propio Salvador Allende, cuyas últimas palabras, en ese instante de nuestra historia, tomaban un sentido de actualidad conmovedora; se abrían las grandes alamedas, ante el paso de una ciudadanía libre, que marchaba para construir una sociedad mejor. Ocurría, entonces, la sensación de que resurgía lo que, en realidad, nunca se había ido. Reaparecía lo que en esencia éramos y somos, como país. Esa era la ilusión que alimentaba lo que percibíamos como el despertar de Chile.
Sin embargo, el tiempo ahora, pasa, y como no es parte del tiempo cronológico, sino, más bien, su antítesis, una vez retornado el imperio de Cronos, parecía que nunca hubiéramos vivido el Kairós. No faltan motivos para comprender aquello, ya que, tal vez, la percepción subjetiva del evento social vivido no correspondiera, de acuerdo con el estudio historiográfico, a un fenómeno preciso, siquiera a una relación auténtica.
A través de la revisión documental y contraste de fuentes de ambos periodos, se analizarán sus semejanzas y diferencias epocales, sus vínculos, posibilidades y dificultades de conexión histórica, para, con ello, vislumbrar las verdaderas características que se perfilan para un nuevo contrato social de la sociedad chilena del siglo XXI, la cual se sostiene, hoy, sobre un alarmante vacío de poder, y, tal vez, de sentido. Sin embargo, como señalara el Zaratustra (Nietzsche, 2022), ¿Qué cosa distinta somos, como humanidad, que una cuerda tendida en el vacío? Por tenues que sean las luces emanadas por una temprana aurora, prometen más que las del bello ocaso.
Lo ocurrido con el golpe de Estado de 1973 representa una fractura profunda que aún nos afecta como sociedad. Hasta ese hito histórico el país se había encaminado, lenta pero decididamente, hacia la conformación de una cultura democrática en la cual los sectores desposeídos junto con los estratos medios comenzaban a participar de una manera más decidida en la toma de decisiones respecto de los destinos de la patria, mediante la representación de partidos políticos de fundamento popular y republicano. Este proceso se afianza desde 1925 hasta 1973, pero comienza antes, en los albores del siglo XX.
1.1. Los inicios de la organización popular
Como se ha señalado, fue el vínculo entre los estratos medios y los populares lo que configuró los cimientos del proyecto democrático en Chile (Zapata, 2015). De este vínculo entre la naciente izquierda y el centro laicista, se irá conformando mucho más que un conjunto de futuras alianzas electorales, sino un horizonte político, que madurará con las décadas. Sobre ello se señala:
Estos factores horadaron el muro de contención que la oligarquía había construido alrededor de la política. Así, desde diversos frentes arreciaron las críticas, y se hacía cada vez más evidente el agotamiento del sistema político. Surgieron, de esta manera, dos elementos de identidad de la izquierda chilena, que serán constantes en su accionar político y matriz doctrinaria, a decir: su vocación democratizadora y el socialismo como una estrategia de modernización. (Rivera, 2008, p.56)
Esta expansión de la representatividad política de los sectores populares y medios no se logra de inmediato, y mucho menos de manera simple. Por el contrario, durante cada una de las administraciones que precedieron al gobierno de la Unidad Popular aplastaron violentamente a los movimientos obreros. En los comienzos del siglo, las causas de la cuestión social referían” por una parte, del deterioro de las condiciones de sobrevivencia de la clase popular, y por la otra, de la emergencia de la protesta social obrera encaminada a modificar esa situación de deterioro”. (Garcés, 2004, pp.17-18).
Al margen de la violenta represión del Estado, la presencia de estos sectores en la naciente democracia participativa resulta inevitable. El país se va encaminando, entonces, década tras década, hacia la instalación de una cultura democrática que demostraba mayor avance cívico que la mayoría de los demás países de la región. (Zapata, 2015). En esta etapa previa a la conformación de los partidos de izquierda y centro izquierda en el país resulta fundamental el aporte de las agrupaciones obreras mediante sindicatos, muchos de ellos de inspiración ideológica anarquista (Zapata, 2015).
En la medida que el siglo fue configurándose, fueron estas características ideológicas las que dieron nacimiento a los primeros partidos políticos de izquierda, entre ellos el Partido Socialista. Respecto de las influencias que inspiraron su nacimiento se señala:
La más importante fue la Nueva Acción Pública (NAP), de gran arrastre popular. Fundada en 1931 por un grupo de dirigentes sindicales, profesionales e intelectuales, liderados por Eugenio Matte y Carlos Alberto Martínez, apuntaba a lograr un socialismo respetuoso de la realidad socioeconómica e histórica de Chile. Una segunda organización fue la Acción Revolucionaria Socialista (ARS), surgida en el seno de la Asociación de Profesores, agrupaba a profesionales y “obreros ilustrados”, con figuras como Eugenio González, Oscar Schnake y Augusto Pinto, representaba la organización de mayor desarrollo ideológico. Su matriz doctrinaria era el anarcosindicalismo, que se expresaba en un profundo rechazo al militarismo, el fascismo, la oligarquía, el imperialismo y el comunismo, planteando como estrategia política la planificación económica desde las áreas productivas. (Rivera, 2008. p.60).
En este variado crisol de inspiraciones y posturas, uno de los posibles factores comunes existentes entre ellos es la conformación de una forma local de utopía mediante la cual se pretendía lograr una forma de socialismo que respetara las libertades y los principios básicos de la democracia participativa. Esta vía democrática pretendía garantizar las libertades individuales, así como también los derechos básicos y necesarios que funcionaran como los pilares de una sociedad más justa.
1.2. De la constitución de 1925 al Estado Docente
Estas características de los sectores de izquierda que se comenzaban a articular partidistamente, también se expresan en la organización constituyente de 1925, de la cual, al margen de quedar cercada a través de las operaciones políticas del statu quo instalado y representado por el gobierno de Alessandri Palma, lograron perfilar principios orientadores de lo que sería, en pocas décadas, los gobiernos de centro e izquierda en Chile(Garcés, 2004).
A poco más de una década de este hito histórico, comienza el proceso de industrialización y democratización de la sociedad chilena con los gobiernos radicales, cuyo primer periodo fue encabezado por el Frente Popular, el primero de estas características y elegido democráticamente en el mundo, compuesto por los partidos Radical, Socialista y Comunista. Respecto de este periodo se señala:
Los importantes avances que significó el triunfo del Frente Popular en materia de democratización se proyectaron en aspiraciones de bienestar. No se trató solamente de la transferencia directa de bienes a la población con más carencias, sino de expandir las conquistas democráticas a logros concretos en los campos de la educación, salud, vivienda, entre otros ámbitos del desarrollo humano. (Rivera, 2008. p.69).
Por cierto, el periodo liderado por los gobiernos radicales, principalmente el primero de estos, el del presidente Pedro Aguirre Cerda, representa un momento importante de expansión de la cultura democrática en el país. Sin embargo, como ocurre con todo proceso político, no estuvo exento de dificultades, y muchos de los objetivos planteados, tanto económicos como sociales, se vieron realizados sólo en parte. Al mismo tiempo, los gobiernos radicales reflejaron también, en la tensión entre sus partidos, las problemáticas mundiales de una época en plena guerra fría. Pero, al margen de ello, ideas como la deEstado Docente, así como de Estado de Bienestar serían fundamentales para el desarrollo democrático del país, así como fueron la antesala innegable de lo que, posteriormente, se articularía como el proyecto de la Unidad Popular.
Sin embargo, estas ideas principales de lo que comprendemos por los gobiernos radicales no se aplican, con verdadera exactitud, al segundo y, mucho menos, al tercero. En efecto, el gobierno de González Videla generó una fractura en y entre los partidos de izquierda, como ocurrió con las filas del Partido Socialista, por ejemplo, el cual se dividió entre quienes fueron disidentes de la denominada Ley maldita, mediante la cual se dejaba en la ilegalidad al Partido Comunista e implicó la persecución de varios de sus referentes y otros grupos que se mantuvieron en la coalición de gobierno. Esta división resultó la primera gran fractura para el socialismo en Chile, de la cual, al configurarse nuevamente, tendría a Salvador Allende como principal líder en las próximas décadas.(Rivera, 2008.)
Por cierto, no fue el único liderazgo surgido desde la nueva articulación de fuerzas posteriores a los gobiernos radicales, y que, en conjunto con el desarrollo del proyecto político de la vía chilena al socialismo, irían perfilando el futuro triunfo en las urnas de la Unidad Popular, como fue la influencia de Clotario Blest (legendario militante cristiano y anarco-sindicalista) en la fundación de la CUT en 1953(Garcés, 2004).
De esta manera, junto con el proceso de industrialización de la sociedad chilena en este periodo, la organización de los trabajadores se irá fortaleciendo considerablemente, lo que implicará una articulación de actores que reunirá a representantes del Estado junto con voces de la sociedad civil(Zapata, 2015). Al mismo tiempo, la época se caracteriza cada vez más por la necesidad transversal de avanzar en dos asuntos de fundamental importancia para el proyecto de sociedad, tanto en lo social como en lo económico: la necesidad de superación del latifundio, mediante una reforma agraria, y la nacionalización del cobre. Respecto de lo primero, los avances del sector urbano de trabajadores no correspondían con la organización posible para los trabajadores rurales, aún sometidos a una cultura colonial de vínculo entre el trabajo, la tierra y su propiedad. Respecto de los factores que explican esta situación, se señala:
De acuerdo con algunas interpretaciones, a cambio de la prohibición de organizar sindicatos en el campo, el Partido Conservador que representaba a los dueños de la tierra se abstuvo de bloquear sistemáticamente los proyectos y las políticas de los gobiernos de Frente Popular que controlaron el poder del Estado entre 1938 y 1952. Esto pareció reflejar la existencia de un pacto tácito entre la derecha, el centro y la izquierda en cuanto a prohibir la organización de sindicatos campesinos, los que la derecha contrapuso a sus derechos políticos, que habían sido otorgados desde 1874 y que la habían beneficiado en su estrategia electoral, tal como lo vimos anteriormente. (Zapata, 2015. p.134).
Lo señalado es de primer nivel de importancia para comprender la posterior radicalización de las fuerzas democráticas del país hacia la izquierda y, en efecto, hacia una vía chilena, democrática, al socialismo. Sí bien es innegable la importancia de los gobiernos radicales respecto del aumento de los beneficios sociales a las poblaciones desposeídas, así como a los procesos de industrialización y democratización de todo el país, también es cierto que el acuerdo tácito entre los partidos de centro e izquierda, posicionados por décadas en el poder ejecutivo del Estado, y el eterno conservadurismo de la derecha respecto de no integrar en los progresos sociales a los sectores del campesinado, terminó, inevitablemente, por tensionar las posturas con el paso del tiempo, ya que la renovación del sector agrícola resultaba esencial no solamente para la reivindicación social de los trabajadores del campo sino, también, para el desarrollo y modernización de gran parte de la economía del país.
Sobre ello, se declara:
La alianza de partidos de centro y de izquierda, así como la unificación sindical, se desenvolvieron en estos años en un contexto de mayor apertura del sistema político, así como de una progresiva democratización social y cultural. Los años del Frente Popular (1938-1947) han sido objeto de variados estudios y tomas de posición entre los analistas y más recientemente también entre los historiadores chilenos. Fue en estos años que se validó esa representación de "país democrático", a pesar de los límites de "los procesos de democratización". Hubo entonces más de un punto de quiebre entre lo social y lo político. El más importante, en lo social, fue la postergación de la demanda por sindicalización campesina a cambio de la industrialización (el gobierno radical con el acuerdo de la izquierda postergó la promulgación de una ley de sindicalización y favoreció la búsqueda de acuerdos con la derecha para crear la CORFO).(Garcés, 2004, p.21).
Finalmente, que las condiciones del trabajador obrero, por tanto, urbano, dependieran del estancamiento permanente del sector agrícola, tarde o temprano se transformaría en una deuda que la súper estructura política debía enfrentar, y, en efecto, la enfrentó, con profundas consecuencias. Una de ellas, los gobiernos reformistas y revolucionarios, de Frei y Allende.
1.3. Del Reformismo a la revolución
En efecto, ambas demandas, la reforma agraria y la nacionalización del cobre, tomarán definitiva forma a la articulación de fuerzas políticas de la última etapa del proceso democrático iniciado a comienzos de siglo XX por los movimientos sociales, políticos y estructurales, concluidos abruptamente con el golpe cívico militar de 1973. En efecto, posterior al gobierno de Jorge AlessandriRodríguez, mediante el cual se pretendió dar un giro privatizador a la economía, el fracaso de esta propuesta deja a la derecha sin proyecto alguno que ofrecer en las elecciones de 1964, apoyando, por tanto, la candidatura del candidato de centro, el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, y su proyecto reformista de Revolución en libertad, que, de alguna manera, resultaba una alternativa menos peligrosa para la élite que la vía chilena al socialismo, lideraba por Allende y los partidos y movimientos de izquierda. Es en el gobierno demócrata cristiano en el que se avanza en la reforma agraria. Respecto del cobre, se inicia la llamada chilenización del cobre, la cual, por los sectores de izquierda es vista como un peligroso gatopardismo. Ante ello, la izquierda asumirá con más fuerza una postura revolucionaria y no reformista, separándose del centro político, sin por esto abandonar la vía democrática (Rivera, 2008).
Para las elecciones de 1970, el proyecto de la Democracia Cristiana no volverá a aglutinar a la derecha, y por la izquierda se generará una coalición de fuerzas que reunirá nuevamente a los Partidos Socialista, Radical y Comunista, junto con movimientos sociales que se desprendieron de la Democracia Cristiana, como la izquierda cristiana y el MAPU, con lo cual se aseguraba cierto voto de centro izquierda que, al terminar debilitando las opciones de la Democracia Cristiana, posibilitan, en parte, la llegada de Allende a la moneda. Pero, más bien, el arribo de la Unidad Popular se explica debido a que representó una opción que apuntaba de forma más directa a las principales demandas sociales y, podemos afirmar, históricas, que los sectores populares y medios de la sociedad chilena venían desarrollando en el trayecto de la mayor parte del siglo XX y que toman más fuerza desde 1925 en adelante. Respecto de ello se señala:
Con el triunfo de Allende y su acceso a la presidencia de la República en noviembre de 1970 se abrieron las compuertas de procesos que, hasta ese momento, se habían desenvuelto en forma soterrada. Se profundizó lo que había sido el régimen democrático definido en la Constitución de 1925. Las decisiones del gobierno de Allende guardaban estrecha relación con las que habían sido las demandas históricas del pueblo chileno, expresadas políticamente a través de sus partidos. Tres de esas demandas, la nacionalización del cobre, la conclusión de la reforma agraria y la creación de las áreas de propiedad social y mixta de la economía, fueron de gran importancia. (Zapata, 2015, p.138).
Lo cual se complementa con:
Con el triunfo de la Unidad Popular en 1970, los movimientos sociales alcanzaron un protagonismo histórico y logros nunca antes vistos: la CUT se transformó en interlocutor válido y directo del gobierno; los pobladores, con el apoyo del Estado, construyeron más viviendas que en toda su historia, mientras que los campesinos ingresaron definitivamente a las luchas democráticas. (Garcés, 2004. p.26).
Junto con lo señalado, la definitiva recuperación de los frutos de nuestras materias primas, como lo fue la nacionalización de cobre, apoyado transversalmente por todas las fuerzas del congreso, representa, tal vez, el hito más importante para nuestra economía en los últimos cien años de historia, siendo el cobre, hasta hoy, el verdadero Sueldo de Chile. Sobre ello, se señala: “Mal que bien, el gobierno del presidente Allende realizó una transformación revolucionaria de la economía chilena al recuperar la riqueza cuprífera para el patrimonio nacional”. (Zapata, 2015, p.139). Cuando en los posteriores tiempos de desarrollo económico, en los gobiernos de la concertación, se apunta al modelo neoliberal y su extrema apertura a los intereses transnacionales, se obvia de forma tan liviana como obscena que el verdadero factor de crecimiento económico en el país en la última década del siglo XX y las primeras de siglo XXI se debe, principalmente, a tener soberanía sobre las riquezas del cobre, y que esto se logró en el gobierno de la Unidad Popular, y no en la insípida postmodernidad de la postdictadura en Chile.
Resulta muy pretencioso intentar describir en pocas páginas la implicancia histórica, cultural, intelectual y política que significó el auge y rápida caída de la Unidad Popular como proyecto político de instalación de una vía democrática al socialismo en Chile. Por cierto, su terrible final no sólo se debió a las innegables presiones externas, tanto del extranjero como provenientes de la oposición de la época, sino, también, de fracturas internas entre fracciones de la izquierda más alineadas con el gobierno y las temporalidades necesarias para una transformación revolucionaria, pero regida estrictamente por los principios democráticos y sectores que pretendían, literalmente, avanzar sin tranzar. Paradojalmente, fue dentro del propio partido de Salvador Allende, el partido Socialista de Chile, donde se generó una actitud crítica respecto del gobierno y su falta de decisión para apurar el proceso revolucionario. Otras fuerzas de izquierda, inspiradas por la revolución cubana, muyinfluyente en Latinoamérica en ese periodo, como el Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, por ejemplo, proponían como única posibilidad de éxito de una revolución popular la vía insurreccional, por sobre la democrática. Por cierto, que estas divisiones en los objetivos de la izquierda y centro de alguna manera resultan factores que no se pueden dejar de lado cuando intentamos explicar los problemas que de alguna manera afectaron al gobierno popular. (Zapata,2015).
Sin embargo, los factores determinantes para el golpe de Estado no pueden reducirse a aspectosinternos, siendo evidente que las expectativas generadas en la población eran producto de los avances reales y concretos que en el trayecto de todo un siglo los sectores populares y medios habían alcanzado, mediante la movilización política, social, sindical, obrera, intelectual, cultural, partidista y, por, sobre todo, democrática. La intervención descarada en la política nacional de potencias extranjeras, como los EE.UU., de lo cual hay más que suficiente documentación validada por el propio país de Norteamérica, así como el sabotaje económico que en complicidad con la potencia extranjera fomentó y organizó la oligarquía local, los grupos terroristas de ultra derecha que cometieron atentados mediante los cuales fueron asesinados desde altos mandos del ejército como figuras políticas, l a falta de determinación y compromiso democrático de sectores medios como la democracia cristiana para con la defensa de la institucionalidad política del país, y, por supuesto, la decisión de altos mandos de diferentes ramas de las fuerzas armadas de poner fin a la tradición no beligerante del poder militar supeditado al poder civil en Chile, logran explicar los motivos de fondo que generaron el quiebre institucional en el país, y del cual no podremos recuperarnos del todo, debido, no sólo a lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973, sino, también, a lo padecido por amplios sectores de la sociedad chilena, con 17 años de dictadura militar en la cual se violaron sistemáticamente los Derechos Humanos de miles de personas disidentes al gobierno, reemplazando la cultura democrática del país por un modelo de culto al consumo, entre otros múltiples efectos de los cuales el país no logra superar aún, y que tal vez no lo logre superar del todo, algún día. Innegablemente, se trata de una tragedia de toda la tradición democrática de un país, y no sólo de un sector (Rivera, 2008).
Posterior a esto la democracia en Chile vivirá un sueño profundo, entre los cuales 17 años serían de pesadilla y los otros 30, posiblemente, de somnolencia. De lo cual, aparentemente, se abría despertado, el 18 de octubre de 2019. Eso, tal vez, en la superficie. Hoy, a cierta distancia de lo ocurrido, podemos, sin embargo, contemplar la diferencia entre las raíces de un árbol, y la fragilidad de sus hojas sueltas al viento. Fragilidad que, sin embargo, pueden llegar a ser nueva semilla, que posibilite el advenimiento del milagro.
Al correr el segundo gobierno del presidente de derecha Sebastián Piñera, durante el año 2019, existe un malestar generalizado en la población, pero subterráneo; un sonido silente parecía recorrer el espacio público, en aquellos días. Tal malestar podía tener múltiples explicaciones, que, en efecto,apuntaban a problemas anteriores a esa administración, teniendo relación, más bien, al modelo de sociedad impuesto en el país, el cual entraba en crisis en la forma de sobre endeudamiento. Sin embargo, el gobierno de turno parecía hacer todo lo posible para aumentar la tensión en la opinión pública. Personeros del ejecutivo, de diferentes carteras, realizaban declaraciones a lo menos irresponsables y provocadoras para con una ciudadanía golpeada en lo más cotidiano y básico, desde las horas de espera en los consultorios hasta el precio de productos de alimentación básicos y el transporte público. En efecto, esto último será la chispa que encenderá un incendio que no se había visto aún en nuestra historia republicana.
Estudiantes secundarios realizan una evasión masiva del metro de Santiago, debido al aumento de treinta pesos en el transporte público. Por supuesto, no es posible comprender un fenómeno de tal magnitud, de alrededor de 3.000.000 de personas movilizadas en todo el país, sólo por un aumento como ese. Sin caer en caricaturas ni en la lamentable reducción intelectual que ocurre cuando se analiza la política únicamente desde el Eslogan y la demagogia, dos frases utilizadas por los estudiantes de esas movilizaciones sintetizan de manera efectiva el motivo profundo del fenómeno: no son treinta pesos, son treinta años, y evadir, no pagar, es otra forma de luchar. Respecto de lo primero, refiere a la posible causa: los treinta años posteriores a la dictadura militar de Pinochet, en los cuales no se transformaron suficientemente aspectos esenciales del modelo neoliberal impuesto desde la dictadura, relativo a la privatización de derechos que debieran garantizarse por el Estado, en una sociedad verdaderamente democrática, relativos a la Salud, la Educación, las Pensiones, Seguridad Social, Laboral, Vivienda, entre otros. Respecto a lo segundo apunta al efecto: una estrategia de desobediencia civil.
Las consecuencias desde el poder fáctico no se hicieron esperar: Estado de Excepción y posterior Toque de Queda, el primero realizado por causas políticas desde la post dictadura. Tal medida sólo logró generar un nivel de indignación masiva en la ciudadanía, la cual se volcó con aún mayor decisión y masividad a las calles, lo cual se corona en la masiva movilización ocurrida en todo el país a fines de octubre de ese mismo año 2019.
Posterior a ello, el statu quo asume una postura más aguda; la realización de un Pacto por la Paz, un mes después, mediante un acuerdo de las fuerzas del congreso para ofrecer una salida de la crisis; abrir elecciones para un posible cambio de constitución política de la república. Sí bien es cierto que la Constitución actual resulta el instrumento fundamental de mantenimiento del modelo, también es cierto que dicho pacto produjo un resultado, hasta hoy, casi idéntico a lo que tradicionalmente realiza la estructura política partidista en Chile para sobrevivir en épocas de convulsión social. En efecto, es muy similar lo que ocurre en el actual momento constituyente con lo ocurrido en 1925. En otras palabras, existe el evidente peligro de que la transformación del modelo sea manipulada y, mediante ello, adormecida y dominada, finalmente, mediante el histórico gatopardismo, como modus operandi favorito de nuestra élite política criolla. Hoy, el proceso constituyente, desde el activo Estallido Social de 2019, no da luces de materializarse en una nueva carta constituyente, ya que, en menos de tres años, demasiadas cosas han pasado, y muchas más han dejado de pasar.
2.1. Movimientos sociales previos al Estallido
Un Estallido no es una Revolución. Esta última siempre implica planificación. Una revuelta, por el contrario, es un evento masivo de protesta contra el régimen establecido, pero no nace desde una estrategia planificada de insurrección.
Sin embargo, esto no implica, en ningún caso, que sea un evento de generación espontánea, que no responda a causas precisas. El estallido social de 2019 deviene de un conjunto de protestas sociales previas que se dieron entre periodos relativamente cíclicos desde los años de la transición hasta la fecha de eclosión social que, podríamos denominar, definitiva. En la mayoría de estos eventos previos destacan los movimientos estudiantes, tanto secundarios como universitarios. (Jiménez-Yáñez, 2020).
Un punto de inicio significativo de estas movilizaciones sociales lo representa la denominada Revolución Pingüina de 2006, como se le llamó a las agrupaciones de estudiantes escolares que complicaron el primer año de gobierno de Michelle Bachelet. (Donoso, 2014).
El movimiento pasó de temas puntuales hacia otros estructurales del sistema educativo instalado en el país. En efecto, por primera vez se cuestionó uno de los cimientos del modelo, y de como éste se expresaba en el ámbito educativo; la abolición de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, LOCE (Donoso, 2014). Finalmente, se logra, en el desarrollo del gobierno de Bachelet (su primer mandato), derogar la LOCE y reemplazarla por la Ley General de Educación, LGE. Al margen de no responder de manera completa ni significativa a los petitorios estructurales de los estudiantes, se marcaba un precedente que ayudaría a próximos movimientos a avanzar de manera más profunda.
En efecto, el siguiente movimiento de estas características fue el de los estudiantes universitarios, movilizados en 2011. Al igual que el movimiento escolar de 2006, el de 2011 pudo generar movilización de las fuerzas políticas solo en función de contar con importante respaldo de la ciudadanía a varios de sus petitorios fundamentales. Respecto de ello se señala lo siguiente:
El énfasis en el nivel de endeudamiento de los estudiantes tenía sentido en amplios sectores estudiantiles y sus familias. Tal como se ha señalado, Chile tiene uno de los sistemas de educación superior más caros y las familias pagan el mayor costo de esos estudios. En este sentido, del mismo modo que las preocupaciones de los pingüinos tenían credibilidad empírica al momento del amplio descontento existente en los niveles primarios y secundarios, así el marco de acción colectiva del Movimiento Estudiantil del 2011 logró expresar el descontento existente con el modelo de educación terciaria (Donoso, 2014, p. 37).
El tema del lucro en la educación pasó a ser tema clave del debate político de las siguientes décadas, y, junto a ello, el movimiento universitario logra instalar a nuevas figuras al espectro político partidista, así como la articulación de nuevas coaliciones de partidos que resultaran relevantes en el Chile de los próximos años, primero en el Parlamento para, en la actualidad, a menos de diez años de estas movilizaciones estudiantiles, llegar al ejecutivo.
Entre medio de eso, múltiples movilizaciones de agrupaciones distintas a las estudiantiles, pero que apuntaban también a aspectos sociales golpeados por el modelo aparecen como habituales en el escenario público de la última década (Jiménez-Yáñez, 2020). De alguna manera, todo ello constituyó una señal que, paradojalmente, pocas inteligencias vislumbraron de manera lucida, ni desde la política ni desde la academia, respecto de lo que podría ocurrir en el contexto del segundo mandato del presidente Sebastián Piñera, iniciado el año 2018. El estallido social del año siguiente resulta el último de una serie de hitos que manifestaban grietas cada vez más profundas de descontento de una parte también cada vez más importante de personas para con las promesas del modelo neoliberal.
2.2. Los días del Tiempo Ahora
Las movilizaciones de estudiantes secundarios en diferentes estaciones del metro de Santiago ya habían iniciado algunos días antes del 18 de octubre de 2019. Sin embargo, fue ese día cuando, para el statu quo el asunto se sale de control. Alrededor del mediodía, no sólo la evasión comienza a ser extraordinariamente masiva, sino que comienzan a suceder expresiones inusitadas de violencia, algunas, hasta hoy, en efecto, inexplicables. Con el correr de la tarde se incendian estaciones completas del metro de Santiago, así como un edificio, y la situación en las calles se transforma en caótica. Comienza lo que históricamente denominamos Estallido Social.
El ejecutivo, como ya se ha señalado, reaccionó con Estado de Excepción y Toque de queda, lo que sólo aumento las movilizaciones, las cuales se vuelven históricamente masivas en el evento denominado “La marcha más grande de Chile” (Somma y Donoso, 2022, p.155).
Es difícil explicar lo ocurrido en esos días de protestas, con toque de queda incluido, para quien no lo viviera. Para la población chilena, el toque de queda es un recuerdo absolutamente traumático, yaque remonta, de manera inmediata, a los peores años de la dictadura. Por ello, la acción decidida de 3.000.000 de personas, aproximadamente, en todo el país, representa un fenómeno de significación política absolutamente extraordinario. De alguna manera, significó una acción colectiva de desobediencia civil, mediante la cual se declaraba, con la acción más que con las palabras, que de ninguna manera se permitiría en Chile lo ocurrido en dictadura. Con ello, por tanto, la conexión entre ambos periodos históricos se hacía explícita y, para la izquierda, se abría la posibilidad de recuperar la esencia de su proyecto histórico. Aquello implicaba, para este sector, una recuperación cultural de la patria perdida, del Chile auténticamente democrático.
Por otra parte, ocurrían variados casos de exceso en la utilización de la fuerza de las policías, hasta violaciones a los Derechos Humanos, con personas mutiladas, en su mayoría, con trauma ocular por la acción de carabineros, y algunas de ellas con pérdida total de la visión. Ocurría entonces que el tiempo histórico de los últimos cincuenta años se concentraba en un intenso presente. La historia, siempre erudita, se nos manifestaba en su esencia real, como vivida, construida, creada, padecida, encarnada, fluyendo por nuestras venas. Los medios de comunicación reflejaban, en su desesperación, lo profunda de la crisis para el statu quo, intentando resucitar celebridades del pasado, criminalizar la protesta, o hacer del fenómeno un espectáculo mediático, superficial, que había dejado de tener credibilidad alguna. Ocurría en el espacio público todo lo que la televisión y los medios oficiales de comunicación no podían ser, porque intentaron no serlo por décadas.
Por otra parte, en esos primeros días de estallido, fueron pocas las figuras de la política contingente que se atrevieron a visitar el espacio público. Los que así lo hicieron, no pocos sufrieron una resistencia moderadamente violenta. De esa manera, la desobediencia civil era también, y en buena medida, fundamentalmente, contra los partidos políticos quienes establecieron un régimen de absoluta distancia para con la ciudadanía. Lo que se experimentaba en las calles de Chile en aquel momento único de nuestra historia republicana fue la sensación, más desde la emoción que desde el intelecto, de una toma de posición de la política contingente por la soberanía popular. Representaba, entonces, la irrupción del auténtico soberano de la forma de vida democrática: la ciudadanía.
El tiempo ahora de Benjamín se expresaba en Chile, en el país cuna del neoliberalismo, para asombro de todo el mundo.
2.3. El acuerdo por la Paz y el Plebiscito de Entrada
Tal estado de la cuestión obligó a las fuerzas políticas concentradas en el congreso a enfrentar la crisis mediante lo que llamaron salida institucional al problema. Se crea, entonces, el 15 de noviembre, el denominado Acuerdo por la Paz. Respecto de ello se señala:
Lo que sigue es, después de varias semanas de discusión parlamentaria, implantar el Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución y llevar a cabo el Plebiscito Nacional Constituyente, el cual estaba programado inicialmente para el 26 de abril pero que, por la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, fue postergado para el 25 de octubre de este año. En éste, el pueblo chileno tendrá la posibilidad de decidir en las urnas la aprobación o el rechazo de una nueva Constitución y, en caso de ser aprobada, votar por quien o quienes serán los encargados de redactarla (Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional). (Jiménez-Yáñez, 2020, p.956)
Si bien esto entrega una perspectiva democrática clara a la ciudadanía, no elimina las protestas, en un modo significativo. La llegada de marzo 2020 era para el gobierno una difícil prueba, de la cual jamás sabremos como hubiera superado de no llegar, justo en esa fecha, la pandemia del COVID 19 a Chile. Fue este el factor que verdaderamente logró controlar y debilitar al movimiento social que, explícitamente, desde octubre del año anterior pedía en las calles, literalmente, la renuncia del presidente de la república, quien llegaba a tener apenas un 6% de aprobación.
Sin embargo, con los meses y los estragos de la pandemia, por supuesto, el proceso constituyente se logra ir perfilando como una solución viable. Las protestas dejaron como resultado no solo el despertar de la acción política en la ciudadanía, sino, también, situaciones injustificables de violencia contra pequeños emprendimientos del sector del comercio, de pequeños propietarios que no eran, en modo alguno, representantes de la oligarquía. La pandemia, al margen del toque de queda decretado en todo el territorio, generó el aumento de la delincuencia, la cual sólo aumentó cuando la sociedad salía de a poco de las cuarentenas obligatorias.
Todo ello permitió, junto con la larga tradición de los sectores medios y populares del pueblo de Chile de confiar los procesos de transformaciones a las posibilidades que sólo permite la democracia, que el proceso constituyente adquiriese legitimidad, por lo menos en un comienzo.
En efecto, el plebiscito de entrada manifestó una abrumadora mayoría para la opción Apruebo, lo cual legitimaba la posibilidad de cambiar la constitución nacida en dictadura por otra nacida desde un proceso democrático. Prácticamente igual de abrumadora fue la mayoría de los votos que eligió una convención constituyente plenamente elegida por la ciudadanía que una mixta, compuesta en su mitad por representantes del Congreso. Por tanto, en forma y fondo, la sociedad chilena se inclinaba por la transformación completa de sus principios fundamentales (Somma y Donoso, 2022).
De la absoluta velocidad del presente activo de aquellas primeras semanas de estallido social, es cierto que la intensidad se atenuó paulatinamente, por los motivos señalados con anterioridad. Sin embargo, comparado con el ritmo de la temporalidad habitual de la política contingente de los últimos treinta años de la historia de Chile, los eventos se seguían sucediendo de forma vertiginosa, para nuestra percepción anonadada. Pero, aunque no se sospechara, ya no lo hacían de forma precipitada. Por el contrario, avanzaban rápido en función de dónde venían, pero no hacia donde iban. Con el triunfo de las fuerzas progresistas e independientes en la convención constitucional, comenzó, paradojalmente, el ocaso del sector, y el renacimiento de las fuerzas conservadoras.
2.4. La Convención Constituyente y el Fracaso en el Plebiscito de Salida
En las elecciones del 15 y 16 de mayo de 2021 las fuerzas de izquierda junto con las de centro Izquierda lograron una amplia mayoría del nuevo poder constituyente, en desmedro de la Derecha que no conseguía los dos tercios necesarios para vetar a las iniciativas de izquierda. Dentro de los límites acordados para el proceso la convención se conformó paritariamente, única en el mundo que respondía a este estándar. Una vez electos los convencionales, la convención estuvo presidida por una mujer Mapuche, Elisa Loncón. Todo indicaba un proceso inédito en la historia del país. Respecto de esta etapa del proceso constituyente se señala:
En mayo de 2021 se realizaron las elecciones de los convencionales constituyentes. Fueron electas varias personas con militancia en partidos tradicionales y con experiencia en cargos parlamentarios o en el poder ejecutivo. Sin embargo, la mayoría de los convencionales provenía de sectores variados de la sociedad civil organizada y los círculos activistas regionales. Muchos de ellos nucleados en un principio en la Lista del Pueblo, agrupación que finalmente se desintegró. En consecuencia, la Convención Constitucional convirtió en un microcosmos donde se discutieron y ensayaron ideas innovadoras que no habían tenido un espacio de discusión en la política institucional desde la transición. (Somma y Donoso, 2022. p.157).
Posterior a ello, devienen los problemas. La derecha, completamente anulada en la convención, tenía muy pocas posibilidades de volverse influyente en el destino de esta. La única oportunidad que tenía fue la que efectivamente aprovechó, esto es, la cantidad inverosímil de errores comunicacionales que los sectores de la izquierda, tanto partidista como independiente, cometieron durante gran parte de todo el proceso. En efecto, así como la cantidad de errores del mismo tipo cometidos por el gobierno de Piñera justo antes del estallido social devinieron en desastre, la de los convencionales de izquierda cometidos en el proceso constituyente devinieron en lo mismo para su sector. Y con ello, se devela el centro del verdadero problema de la actual democracia nacional; el vacío de poder y de sentido; la completa falta de proyecto político, herencia directa de cuarenta años de modelo neoliberal que se fundamenta en el fomento sistemático de una cultura que diluye la reflexión política, que la transforma, en el mejor de los casos, en eslogan ingenioso, y en el peor en demagogia vacía. Y este fenómeno es transversal.
Respecto del fondo más que de la forma, en ello también encontramos motivos para el fracaso. El texto constitucional propuesto giraba en torno a cuatro ejes fundamentales para el debate del siglo XXI; interculturalidad, perspectiva de género, ecologismo y justicia social. Sin embargo, tales centros fueron abordados desde categorías alejadas de la realidad fáctica. Por ejemplo, la plurinacionalidad fue un concepto que no logró entusiasmar a una sociedad en la cual la población indígena no es mayoritaria. En efecto, ni siquiera logró ser popular entre las mismas comunidades de pueblos originarios. Lo mismo pareciera que ocurrió con los otros ejes de la propuesta entregada; sin dejar de ser fundamentales para el actual paradigma contemporáneo, la manera de interpretarlos fue desde la desconexión con la realidad social. Y esto ocurre por no tener, las fuerzas políticas, raícesen las comunidades, en completa oposición a lo ocurrido con los movimientos sociales del siglo XX. Hoy existe una absoluta falta de conexión entre la clase política con los sectores que aseguran representar. Y esto es tan peligroso como nefasto, ya que, en el mejor de los casos indica una ingenuidad de principiante, y en el peor, la más añeja formula de despotismo ilustrado, de la petulante tendencia de pensar por los pobres, mediante una posición intelectual que se asume capaz de comprender los problemas que no se tienen incluso mejor que las personas que sí los tienen. Y es que el verdadero peso de la noche portaliana habita en lo más profundo de su paradigma como clase dirigente. Ahí habita y se manifiesta aún y siempre la idea elitista de creer, muy en el fondo, que el pueblo de Chile no es capaz más que de una versión protegida de democracia, y que son ellos, precisamente, quienes pueden protegernos de la libertad.
En el plebiscito de salida al proceso constituyente, el resultado, esta vez con voto obligatorio, resultó apabullante, a favor del Rechazo. La lectura previa, concentrada sólo en las mayorías obtenidas con voto voluntario, sin considerar los porcentajes relativos al padrón electoral completo, también resulta algo necesario de efectuar hoy para encarar con autocritica, desde el sector de izquierda, la derrota. Ya que, aunque se llenen calles completas en todo Chile, es necesario considerar que ante millones de personas movilizadas también hay millones que no lo hacen, y que tal vez sean más, y que, finalmente, también votan, con voto obligatorio.
Finalmente, no sabemos si el rechazo a la propuesta constitucional implica una negativa general a los ejes ideológicos principales del texto, o si es parcial y alguna parte de los mismos principios aún se puedan rescatar. Por lo menos, electoralmente, lo que tenemos claro es que las grandes mayoríashan señalado, casi con la misma fuerza, que quieren cambiar la constitución de Pinochet por una nueva, pero que no quieren que esa nueva constitución sea la que presentó la convención constitucional conformada entre los años 2021 y 2022. Nada de ello significa que el momento constitucional termina. En efecto, significa lo contrario, lo cual pueda implicar un proceso de necesaria madurez de la izquierda en Chile, lo cual es todo lo contrario a su muerte.
La configuración del entramado social que se estableció luego de la constitución de 1925 tuvo características cívicas muy diferentes a las que identifican a la actual sociedad chilena. Como se ha señalado, en el periodo previo al golpe militar de 1973 los sectores populares y medios lograron ingresar en la súper estructura institucional, y pudieron establecer, desde su participación en el Estado, la perspectiva de una Sociedad de Bienestar. Respecto de ello se señala:
No obstante, la principal fuente de legitimación de la Constitución de 1925 está en el throughput, es decir, en la inclusión real de la población –o en la posibilidad cierta de inclusión– en procedimientos institucionales de distinto tipo que concretizan garantías constitucionales (ver Tabla 3), y en la supervisión de ellos por medio de instituciones como la Contraloría General de la República. Por primera vez clases medias y populares disponen de mecanismos institucionalizados y diferenciados a los cuales dirigir sus crecientes expectativas de inclusión y participan de ellos, o se orientan a ellos (Mascareño, 1925. p. 23)
Por el contrario, el modelo de sociedad surgido desde la Constitución de 1980 en adelante representa otras finalidades, valores, y, por cierto, otro perfil ciudadano. Este nuevo modelo, lejos de superarse en los años de la transición se fue consolidando, al margen de que a este mismo sistema ingresaran, paulatinamente, figuras políticas que, aparentemente, representaban alternativas anti-neoliberales. Uno a uno, tales referentes lo que han hecho es adaptarse al sistema, en vez de transformarlo.
El tipo de sociedad actual se ha afianzado, principalmente, en la creación de una forma de convivencia dominada por la oferta de servicios de consumo, y la demanda de estos mismos como obsesiva respuesta. Esto implica que la sociedad chilena no se moviliza hoy sólo en función de necesidades ciudadanas de participación política, más que por el cumplimiento de servicios de consumo. De esa manera, si bien ambas constituciones, la de 1925 y la de 1980, prometen un modelo de sociedad específico, estas promesas generan un perfil ciudadano radicalmente diferente, en contextos epocales de modernidades también radicalmente distintas.
Respecto de la primera promesa, se señala:
A mi juicio, más que la Constitución de 1833 y más que la de 1980 hoy, la Constitución de 1925 y la estatalidad que crea fueron sometidas, desde el inicio, a una presión extrema: la de transformar a Chile en sociedad moderna en regla: urbanizada, con clases sociales en disputa, industrializada, con medios de comunicación de masas, con partidos de ideologías diferentes y con procedimientos democráticos para resolver problemas de inclusión y controversias políticas (Mascareño, 1925. p. 24).
Respecto de la segunda promesa, se distingue de la primera, por:
En la situación actual, se trata de los límites de la Constitución de 1980 en cuanto a la supervisión del funcionamiento de agentes privados a los cuales, no única pero sí mayoritariamente, se han transferido funciones sociales (por ejemplo, Art. 19, 9º sobre salud, 10º sobre educación, 11º sobre libertad de enseñanza, 12º sobre libertad de opinión y 18º sobre seguridad social) (Mascareño, 1925, p. 24).
Este desmedro de la función predominante del Estado en cuanto a garantizar los derechos sociales, logra, por tanto, una versión privatizada del contrato social. Ocurre, entonces, el hecho de que la sociedad que provocó la crisis de la cual la constitución de 1925 fue respuesta se movilizó tanto por necesidades como por valores diametralmente opuestos a las necesidades y valores que movilizaron el actual proceso constituyente. Es, de alguna manera, necesario de considerar, a la luz de los resultados del fallido proyecto constituyente actual, si acaso es Estado de Bienestar lo que se demanda desde el Estallido Social hasta la fecha, y no el cumplimiento de las promesas del actual modelo.
Respecto de ello, se señala:
El núcleo de la Constitución de 1925 está puesto en esa idea de bienestar. Las exigencias de implementación de ese compromiso de valor son ciertamente distintas a las del siglo XX. Antes se trataba de transitar de la sociedad tradicional a la sociedad moderna; hoy se trata del manejo de las inseguridades de la modernidad y de la distribución de sus beneficios. (Mascareño, A.1925. p. 27)
Lo cual se complementa con:
En efecto, la generación que se movilizó masivamente en esos meses es la generación con mayores niveles de educación en la historia de Chile y con mayor acceso al consumo, producto, en muchos casos de familias que habían pasado a constituir nuevos segmentos de clase media, que se había hecho cargo de las promesas del esfuerzo personal y la meritocracia como mecanismo de movilidad social, pero que veían frustradas esas expectativas que el discurso de las elites les había ofrecido (Araya, 2022, p.94).
De esta manera, el perfil ciudadano actual, formado en el contexto de una democracia protegida(Araya, 2022), señalada también como una democracia de baja intensidad (Araya, 2022), busca finalidades y logros, aparentemente, distintos a los del Estado de Bienestar. Pero, sobre la causa de ello, su raíz se encuentra en, precisamente, la debilidad de este tipo de democracia participativa. Los partidos políticos del pacto post- dictadura tienen cada vez menos raíces en las comunidades. La consecuencia directa de ello es, innegablemente, una ciudadanía débilmente representada y, por tanto, una crisis en su soberanía, lo cual impacta en lo más profundo del espíritu de la institucionalidad democrática de la nación. Respecto de esto se indica:
Como se señaló, en la medida que la política se elitizó, la clase política perdió presencia organizacional en las bases y en organizaciones como federaciones de estudiantes y sindicatos; los consensos le quitaron polaridad a la política, pero también el sentido de la competencia programática. Los electores terminaron por ser clientes ocasionales, los candidatos en oferentes de “cosas” y las campañas se transformaron en una competenciapor recursos financieros. Este tipo de estructura de competencia terminó en los escándalos de financiamiento ilegal de la política entre el 2014 y el 2015. Fue la época en que perdimos la inocencia (Araya, 2022, p.100).
De esta manera, el Estallido Social refleja el reclamo colectivo por parte de la ciudadanía, respecto de su legítimo rol de soberana. Sin embargo, lo que evidencia el fracaso del proceso constituyente es que esa demanda ciudadana, al no encontrar posibilidades de ingresar o configurar una nueva superestructura partidista, no logra transformar la sociedad ni resolver las complejidades de la modernidad actual. Sobre esto se declara:
Pero, aunque los partidos hagan mal sus tareas, los movimientos sociales por su propia naturaleza no pueden reemplazar a los partidos en sus tareas básicas (agregación y articulación de intereses). Los movimientos sociales emergidos del octubrismo, y que llegaron a tener un rol significativo en la elección de Constituyentes, evidencian otro problema adicional: están demasiado fragmentados como para construir alternativas políticas que recojan consensos amplios (Araya, 2022, p.101).
El desafío, entonces, podría radicar en que se establezca, al fin, un puente comunicador entre las necesidades y finalidades ciudadanas y los partidos políticos que las representan. Por cierto, mientras más demore en establecerse este vínculo, que debiera ser inalienable en una democracia representativa, es más posible que este se termine de forzar mediante un proceso radical, en vez de moderado.
Los dos periodos políticos analizados e interpretados mediante este trabajo hermenéutico representan dos realidades sociales radicalmente opuestas, pero conectadas por el misterioso hilo conductor que existe entre toda antítesis.
La Unidad Popular fue el fruto maduro del esfuerzo realizado por las organizaciones obreras y por las capas medias para que el país avanzara hacia mayores y mejores niveles de distribución de las riquezas, de participación política democrática, así como para la modernización de su industria y la definitiva toma de control de su soberanía como Estado auténticamente moderno, representativo de la voluntad popular. Su abrupto final fue la caída de todo ese esfuerzo, equivalente a la demolición de un edificio. Símbolo aterrador de aquello fue el bombardeo a la Moneda; encarnación de como una idea es azotada de fatalidad.
El actual proceso constituyente, por el contrario, representa un nuevo comienzo, y por tanto, que da pasos en falso, se confunde, tropieza, como cual ser vivo que aprende a caminar. Es un proceso ni siquiera joven; habita recién en su primera infancia. Su velocidad inicial, su absoluta contingencia representa la intensidad del parto; sus dolores fueron las victimas caídas, las personas cegadas por la represión; sus alegrías, los de una nueva luz nacida al mundo. Este nuevo ser, aún no aprende a caminar. Pero ¿por ello se le condenará? Muy por el contrario, debemos ser capaces de comprender el fenómeno, y elaborar estrategias para el desarrollo de su madurez histórica. Chile requiere de un nuevo proyecto de país, y así como un ser humano crece por necesidad de la vida, y no por propio deseo individual, el proceso constituyente en Chile deberá crecer, madurar y entregar frutos, no por necesidad de un determinado sector, sino porque así lo obliga la época.
Los sectores representados por el progresismo actual en Chile deberán ser capaces de dar sustento teórico a un nuevo proyecto de sociedad, cosa que aún no hacen con claridad, y, al mismo tiempo, este sustento deberá tener raíces en la sociedad civil real, y no en miradas alejadas de la realidad fáctica, ya que tales proyectos son como plantas sin raíz, o sea, no son más que hojas secas sueltas al viento. Pero así como hoy estas hojas flotan por el aire confundido de nuestro proceso social reciente, también hay semillas que han caído, por efecto gravitatorio del mal llamado fracaso electoral, en un terreno fértil para la elaboración de principios filosóficos indispensables para un nuevo pacto social que responda a las necesidades de esta época, así como a los estándareshumanos más elementales en los que se sustenta, hoy y siempre, el sueño de toda república auténtica, que es el único habitar posible para los seres humanos libres (Quiroz, 2017).
Sí algo se desprende de manera apodíctica respecto del contraste de fuentes documentales realizada de ambos periodos, el previo a la dictadura y el posterior a la misma, es que en el primero se estableció un puente comunicador fluido entre las organizaciones sociales y la súper estructura de partidos de izquierda y centro (Garcés, 2004), mediante los cuales las demandas de los sectores postergados fueron logrando, paulatinamente, mayor cumplimiento y un horizonte posible de realización y proyección (Rivera, 2008), tanto a nivel social, como político e incluso económico (Zapata, 2015). Por el contrario, el factor decisivo de la actual crisis radica en la profunda desconexión existente entre los partidos políticos y la ciudadanía. En efecto, resulta evidente como todos los movimientos sociales del actual periodo post dictadura se articulan, organizan y ejecutan al margen de la acción partidista (Jiménez-Yáñez, 2020). Sólo en el momento más intenso del estallido social esta responde, obligada por las circunstancias. Sin embargo, lo ocurrido en esta primera convención constitucional sólo devela con aún mayor claridad el abismo existente entre la evidente demanda ciudadana por mejores condiciones de vida (Somma y Donoso, 2022) y la incapacidad de la clase política por traducir la misma en un proyecto factible, creíble y viable. Para que podamos avanzar hacia un verdadero pacto social se hace indispensable ir más allá de pactos partidistas (Quiroz, 2021). Y no es a la ciudadanía a la que corresponde ahora romper con la inercia de nuestra actual política, ya que ha entregado luces más que claras respecto de lo que exige del momento histórico, sino que es de los partidos la misión urgente de reaccionar y conectarse, de una vez por todas, con las raíces de las comunidades, y desde esas necesidades levantar sus categoríasteóricas fundamentales y sus estrategias de acciones operativas. Esta es la manera de derribar el muro existente entre la ciudadanía y la actual política. Esta es la manera de establecer el puente que nos conecte, nuevamente, en una vía chilena hacia una sociedad más justa.
1 Magíster en Psicología Educacional. Magíster en Educación, mención Currículum e Innovaciones Pedagógicas. Profesor de Filosofía. Licenciado en Educación. Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Carrera de Psicología, Universidad Autónoma de Chile. E-Mail: felipe.quiroz@uautonoma.cl
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