José Manuel León Pinochet1
https://orcid.org/0000-0002-4671-3925
Recibido: 10 de septiembre 2022
Aceptado: 12 de noviembre 2022
Este ensayo analiza el proceso constituyente que actualmente se vive en Chile a partir de una relectura del tradicional texto de Alberto Edwards, La fronda aristocrática. Se considera al proyecto de refundación promovido por la dictadura como una segunda fronda aristocrática, en la que la élite chilena —los patricios en el texto de Edwards— logran instaurar un modelo político que les permite controlar el destino del país de manera semejante a la llamada ‘República Parlamentaria’. Así, la llegada de Arturo Alessandri y su Constitución de 1925 inició un período en que el Ejecutivo logró mantener a raya a los ‘patricios’ y que duró hasta 1973, cuando nuevamente las élites son capaces de inducir un proceso que instaura un modelo político que es instrumental a sus intereses. La crisis del modelo actual es leída en esta misma clave, revelando semejanzas muy interesantes que permiten reinterpretar el giro de la actividad política nacional.
Palabras clave:
Constitución, Dictadura, Fronda, Conservadurismo, Política
This essay analyzes the constituent process that Chile is currently undergoing from a rereading of the traditional text by Alberto Edwards, La fronda aristocrática. The refoundation project promoted by the dictatorship is considered as a second aristocratic frond, in which the Chilean elite —the patricians in Edwards's text— manage to establish a political model that allows them to control the destiny of the country in a similar way to the so-called ‘Parlamentary republic’. Thus, the arrival of Arturo Alessandri and his 1925 Constitution began a period in which the Executive succeeded in keeping the ‘patricians’ at bay and lasted until 1973, when the elites were once again capable of inducing a political process that established a political model. Which is instrumental to their interests. The crisis of the current model is interpreted in this same key, revealing very interesting similarities that allow reinterpreting the turn of national politics.
Key words:
Constitution, Dictatorship, Fronde, Conservatism, Politics
Pinochet, J. (2022). La dictadura de Pinochet como fronda: una resignificación de la crisis institucional chilena. Intervención, 12(2), 91-102.
El plebiscito del 4 de septiembre del 2022 (Servicio Electoral, 2022) y, especialmente, la diferencia entre ambas opciones que alcanzó más de tres millones de votos a favor de la opción Rechazo o más de veinte puntos porcentuales, permitieron que sectores políticos más tradicionales, especialmente vinculados a la Derecha, tales como la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), el Partido Republicano (REP) y así como diversos personeros provenientes de partidos políticos que habían formado parte de la Concertación e independientesadquirieran preeminencia en un proceso que se había caracterizado por el rechazo a dichos sectores.
¿Qué llevó a este resultado? ¿qué consecuencias tendrá para el desarrollo político, social y económico para quienes habitan su territorio? Esas son algunas de las preguntas que se pueden formular, y cuyas respuestas no son sencillas. Lo cierto, es que la victoria del Rechazo ese domingo 4 de septiembre produjo un cambio importante en el escenario político nacional, más allá de si este perdure en el tiempo.
En la tarde-noche del 4 de septiembre fue inevitable no pensar en se había vivido una derrota histórica. Ponderando con el paso de los días, hizo más sentido que ese adjetivo tenía soterradamente mucho más significado que ser un recurso literario para calificar el hito. En la búsqueda de intentar comprender lo ocurrido, fue imposible no recordar La fronda aristocrática en Chile escrita en 1928, por Alberto Edwards, que elucubró respecto de lo ocurrido precisamente en otra crisis institucional chilena, ocurrida hace casi cien años.
La fronda aristocrática es un texto que consiste en una compilación de columnas publicadas en El Mercurio por el autor en 1927 y que se convertirían en un libro al año siguiente. La tesis propuesta radica en una lectura particular del desarrollo histórico chileno. Para Edwards (2022), había ciertas cuestiones del proceso político que él observaba que debían comprenderse de forma más profunda. La primera de ellas es que el motor del desarrollo político chileno fue una aristocracia formada durante la Colonia que se plegó a la Independencia como una manera de defender sus privilegios que le habían sido afectados por la mala gestión de la Junta de Cádiz, que los veía como súbditos de España y no de la corona. Por lo mismo, también se opuso a la figura de O’Higgins, que tuvo la osadía de eliminar los títulos nobiliarios (Edwards, 2022).
Pero la ausencia de orden político motivó a esta élite a apoyar una figura externa a ella, y que además tenía una opinión muy particular de ella, pero que era el único que demostraba las capacidades para trazar los planos del Estado Chileno.
En este estado portaliano, con mucha más fuerza hacia 1860, se logran reestablecer ciertas costumbres cortesanas a las que estaban acostumbrados, pero encontrándose con la oposición de la figura presidencial lo que inicia un conflicto de diferentes niveles y que culminaría en 1891, cuando finalmente la aristocracia chilena se impone (Edwards, 2022).
En la interpretación de Edwards (2022), la derrota de la élite en 1920 se produce en parte debido a la cada vez mayor influencia de la clase media chilena que comenzó a exigir cada vez más participación. Su punto más alto, fue con la llegada de Alessandri, que representó la masificación de la actividad política y por ende una nueva revolución.
Pero Edwards (2022) no logra desarrollar más profundamente esta aseveración puesto que, al momento de publicar el texto, la instalación de las nuevas formas republicanas aún no había culminado: faltaban cuatro años.
Lo más interesante de la propuesta analítica de Edwards (2022), es que permite entender la dinámica de la lógica política en un contexto más nacional antes que uno marcadamente centrado en el contexto de la Guerra Fría, aunque no intenta eliminarlo. De hecho, la Reforma Agraria fue impulsada inicialmente por Estados Unidos con el objetivo de evitar la repetición de la Revolución Cubana, y representó un golpe profundo a la cosmovisión de la aristocracia chilena: el fundo.
El proceso de Reforma Agraria, aunque tuvo distintas intensidades entre los diferentes gobiernos que lo aplicaron, fueron los que movilizaron al espíritu frondista de 1891. Es posible que vieran la aceptación de un gobierno autoritario, al igual que en el caso de Portales, como la condición pararecuperar su influencia perdida.
Este trabajo de análisis bibliográfico tiene como intención plantear una interpretación histórica másamplia que sólo intentar comprender y entender lo ocurrido en la crisis política. Para ello se propone continuar la interpretación de que la Guerra Civil de 1891 fue la primera fronda aristocrática chilena, cuando las élites —o el patriciado, en palabras de Edwards (2022)— logró imponerse a las tendencias controladoras del Estado chileno y logró ponerlo bajo su mando.
Esto implica entender la historia de Chile en términos de ciclos. Así, se propone que el tercer ciclo —siendo los dos primeros los abordados por Edwards (2022)— se inicia con la llegada de Arturo Alessandri en 1920 —formalizado con una nueva Constitución en 1925— caracterizado por ser un período en que el Ejecutivo logra colocar al Estado por sobre las élites chilenas, y que duraría hasta el 11 de septiembre de 1973, con el golpe de Estado. La última etapa —1973 hasta hoy— corresponde a una segunda fronda, a la respuesta de las élites por retomar el control del Estado y ponerlo en sintonía con sus propios intereses. Así, el proceso constituyente en que estamos insertos se entendería como la respuesta a la fronda realizada en 1973 y materializada en la Constitución de 1980.
En ese sentido, lo que se plantea es que el Golpe de Estado corresponde a la respuesta aristocrática a la transformación de 1920, que se refleja en el proceso constitucional actual, que persiste aun cuando se haya rechazado el texto constitucional propuesto por la Convención Constitucional.
Hay una enorme cantidad de investigaciones (Angell,1993; Collier y Sater, 1996; Roberts,1998; Salazar y Pinto, 1999; Vial, 2001) que han demostrado el rol que tuvieron diversas agencias de Estados Unidos previo al Golpe Militar de 1973, así como el apoyo que le brindaron posteriormente. El financiamiento a los paros de camioneros, el apoyo a grupos extremistas que atentaron contra la infraestructura vital chilena, el trabajo previo de formación de los agentes militares que serían partede los aparatos de represión del régimen dictatorial fueron algunos de los mecanismos en los que se concretó esta intervención.
Sin embargo, esa misma literatura parece entregar —en ocasiones— un excesivo rol al intervencionismo como elemento o causa para explicar y entender el proceso político que culminó en el Golpe de 1973, puesto que ya existían condiciones políticas y sociales favorables para que cualquiera de los interventores finalmente tuviese éxito. Este es un problema relevante, ya que desde la Doctrina de Seguridad del Estado “se articula un argumento legitimatorio del régimen autoritario; aunque en apariencias se revistiera la acción de los militares como motivada por un nacionalismo que las hacía asumir un papel restaurador” (Monsálvez- Aravena, 2012, p.112). Sin negar que este haya tenido un rol preponderante y significativo, conlleva el problema de asumir que los actores políticos chilenos fueron simplemente marionetas de las grandes potencias, lo que es tan inverosímilcomo rechazar la idea que dicha influencia haya existido. Por otro lado, tampoco es que el desarrollo político chileno haya transcurrido de forma completamente autónoma de lo que ocurría en el resto del mundo. Los problemas de Chile eran los mismos que experimentaban los demás países del continente.
Este artículo es una invitación a revisar el proceso refundacional de la dictadura de Pinochet a partir de la misma línea planteada a principios del siglo XX por Alberto Edwards, en el sentido de interpretar la historia chilena sobre la base del conflicto permanente entre el Poder Ejecutivo y las élites chilenas.
Para Alberto Edwards, la idea de fronda como una interpretación del desarrollo histórico chileno, se construye sobre la idea que para el caso chileno este movimiento insurreccional había sido capaz de romper con la Monarquía española y con el cesarismo2 en 1823, pero que, al ser incapaz de restaurar el orden, se vio obligada a apoyar a Portales y restablecer el poder absoluto que precisamente había rechazado (Edwards, 2022).
Al momento en que escribió Edwards, aún se estaba en medio de una crisis institucional que había llevado al reemplazo de la Constitución de 1833 por la de 1925. Aunque ambos cuerpos legales eran eminentemente presidencialistas, la Guerra Civil de 1891 había inaugurado un régimen parlamentario. Este régimen representaba, en la visión de Edwards (2022), la victoria de la fronda frente a un cambio en las lógicas en las que se había operado entre 1860 y 1891, puesto que según en ese período “el éxito político no consistía en vencer al gobierno, sino en ‘ganar su voluntad’, como en las monarquías absolutas” (Edwards, 2022, p. 81).
Según la visión de Edwards (2022), la situación política chilena entre 1891 y 1918 sería esencialmente de inmovilismo, donde “las elecciones sucedían a las elecciones, sin que cambiase sino en insignificantes detalles, el poder relativo de las antiguas agrupaciones oligárquicas”(Edwards, 2022, p. 187).
Los pactos políticos —o pandillas, según Edwards (2022)— variaban tanto, que se carecía del vocabulario suficiente para nominarlas a todas, aunque las más estables y conocidas fueron la Alianza Liberal y la Coalición. Pero la crítica no iba sólo a esta dispersión, sino que, a la inexistencia de diferencias reales y claras entre ellas, ya que los miembros de la Alianza Liberal se definían por no incorporar a los miembros del Partido Conservador, mientras que la Coalición era la que los consideraba (Edwards, 2022).
La cuestión social, aunque había comenzado a aparecer hacia fines del siglo anterior, había quedado pospuesta —o invisibilizada si se prefiere— producto de la Guerra del Pacífico y a la Guerra civil de 1891, pero no permanecería oculta por mucho tiempo, puesto que se harían cada vez más evidentes las condiciones de explotación de los obreros: la matanza de Valparaíso en 1903, la huelga de la carne en 1904, y la infame Matanza de Santa María de Iquique en 1907. Los partidos políticos tradicionales se irán interesando paulatinamente en los problemas de los trabajadores una vez que se van percatando de la fuerza electoral que pueden obtener. (Faúndez, 1992)
Con la elección de Arturo Alessandri Palma como presidente de la República, comienza una transformación del sistema político chileno que perdurará hasta el golpe de 1973, aunque no ocurrió de la noche a la mañana, se fue instalando de forma paulatina. De hecho, aunque el texto constitucional que reemplazó a la Constitución de 1833 fue publicado en 1925, tardó siete años paraaplicarse plenamente, debido a la seguidilla de golpes y gobiernos de facto que se produjeron en esos períodos. (Angell,1993; Collier y Sater, 1996; Faúndez, 1992; Roberts,1998; Salazar y Pinto, 1999; Vial, 2001)
Parte importante de esta inestabilidad se debía a la aparición de nuevos grupos políticos y sociales, especialmente vinculados al mundo obrero urbano y campesino como a sectores medios que comenzaron a vincularse mucho más con ciertos partidos políticos más propios del siglo XX, ya que a diferencia de los anteriores poseían un corpus teórico e ideológico mucho más profundo y desarrollado, lo que también dio una mayor certidumbre acerca de los compromisos que un determinado candidato podía tener en cuanto a sus convicciones. Los límites eran más claros, lo que a su vez también sirvió para de a poco incentivar la disputa desde la diferencia y una competencia de fuerzas que tendería más hacia lo centrípeto. (Faúndez, 1992)
En 1924 se produjo un golpe militar motivado en parte por el aplazamiento de norma que buscaba mejorar los sueldos de los oficiales, y que podría haber sido aceptada por los militares de no haber sido porque al mismo tiempo, se aprobaba por primera vez la idea de una dieta parlamentaria. Esta junta, sumada a sus demandas sectoriales, también instala exigencias de carácter social como temas sindicales, derecho a huelga y reglamentación del contrato de trabajo, entre otros temas (Moreno, 1986).
El período de 1924 hasta 1932 fue profundamente caótico. Mientras la situación provocada por el primer Comité Militar de 1924 se solucionó relativamente hacia 1927 cuando Carlos Ibáñez del Campo finalmente se convierte en presidente de la República, llegó la crisis económica de 1929, que afectó principalmente a la base económica del país. El salitre, de ser la principal fuente de ingresos del país, con una industria de 96 oficinas salitreras y más de 60 mil trabajadores en 1925, se redujoa once oficinas y a menos de nueve mil trabajadores en 1932 (Collier y Sater, 1996).
Volvió la inestabilidad al país, y en 1932 se proclamó la República Socialista —que duró doce días— seguido por un gobierno dirigido por Carlos Dávila —que dura cien días— y finalmente es reelecto nuevamente Arturo Alessandri Palma como presidente de Chile. (Collier y Sater, 1996)
La crisis de los 30 puso un fin definitivo al sistema político anterior y obligó a los partidos políticos a reordenarse en torno a las nuevas problemáticas y en respuesta a nuevos partidos que tendrán mayor sintonía con una parte importante de la población, como el Partido Comunista, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana.
Quizás el partido político más afectado en este proceso fue el Conservador (PCon), que tradicionalmente había estado asociado a la Iglesia Católica, pero, con la separación de la Iglesia y Estado en 1925, fue perdiendo su esencia. Además, fue adhiriendo a ideas conservadoras provenientes de Europa —Francia principalmente— olvidando que la esencia del conservadurismo europeo es monarquista (Faúndez, 1992; Pereira, 1994).
La entrada de los nuevos partidos derivó en el estrechamiento de la colaboración entre los partidos que dominaron en el ciclo anterior. Al hacerse evidente que las diferencias que los habían separado previamente ya no eran relevantes, finalmente deciden conformar un partido común, el Partido Nacional. Sin embargo, un número importante de militantes del Partido Conservador decidieron irse a la Democracia Cristiana.
De esta forma, la élite chilena que había dominado la política entre 1860 y 1920 mediante un sistema político cada vez más parlamentario, gracias a la paulatina disminución de las atribuciones y prerrogativas del Presidente (Jocelyn-Holt, 2014), fue reemplazado lentamente por un sistema presidencialista mucho más fuerte, con partidos ideológicamente identificables —como el Socialista, la Democracia Cristiana, el Comunista— y el nuevo partido Nacional —heredero del ciclo anterior— se intentará acomodar a este nuevo sistema.
El nuevo ciclo político de 1920-1973 permitió que los sectores medios y populares adquirieran cada vez más relevancia en el proceso político, tanto porque los nuevos partidos que surgen se fundamentan en su representación, como también por la paulatina, pero constante expansión de la base electoral. (Faúndez, 1992)
La pérdida de la influencia política de las élites tradicionales —organizadas aún en torno al Partido Conservador y al Partido Liberal— fue relevante para facilitar la transición desde partidos irreconciliables hacia la fusión en un solo partido, ya que luego de que la nueva Constitución de 1925 estableció la separación entre Estado e Iglesia Católica, el clivaje político decimonónico, que había marcado la historia del siglo XIX chileno hoy ya era irrelevante (Aylwin y Krebs, 2008; Gazmuri, 1999; Krebs et al., 1981).
Esto facilitó que las propuestas de la élite se concentraran más en sus intereses económicos y, consecuentemente, dieron forma al carácter reaccionario de este sector. Esta postura, más bien defensiva frente a las propuestas que provinieron de los nuevos partidos, tendrá múltiples expresiones.
Una de ellas, es que paulatinamente las élites desarrollarán una suerte de antipartidismo, puesto que percibían a los partidos como promotores de problemas sociales. Esta fue una actitud que los militares chilenos y posteriormente con los Chicago Boys (Angell, 1993) van a compartir.
Para Angell (1993), este sentimiento antipartidos explica que escogieran a Jorge Alessandri como candidato presidencial. Éste se definía como independiente y tecnócrata, ya que estaba convencido que se podía llevar adelante un gobierno sin política, lo que más bien hacía referencia a posturas defendidas por cualquier organización que estuviera a la izquierda del Partido Nacional.
La transformación de la economía chilena en este período, que se conoce como el período de la industrialización para la substitución de las importaciones (ISI), tenía varios objetivos políticos que podrían haber estado en consonancia con los intereses económicos de la élite, pero como implicaban reformas que tocaban aspectos fundamentales de la propia identidad de la chilenidad que tenía la élite, se opuso permanentemente a su implementación de forma completa.
Lo que mejor refleja ese espíritu de oposición, se puede observar claramente en las negociaciones que se llevaron adelante en 1939 para poder crear la Corporación de Fomento y la Producción (CORFO), ya que el precio exigido por la oposición a Pedro Aguirre Cerda fue el de impedir la creación de sindicatos agrícolas bajo la legislación laboral vigente de la época, ya que ésta no reflejaba adecuadamente las especificidades de la labor agrícola. La respuesta fue la emisión de la Orden Ministerial N° 34 del 28 de marzo de 1939 del Ministerio del Trabajo, que dispuso que se suspendiesen las tramitaciones de este tipo de sindicatos (Affonso, Gómez, Klein y Ramírez, 1970). La suspensión se mantuvo hasta el 29 de julio de 1947, cuando es promulgada la Ley 8.811 que regula específicamente este punto, y que estaría vigente hasta 1967. (Ministerio del Trabajo. Subsecretaría del trabajo, 1947)
Junto a la oposición a la modificación de las relaciones laborales en el campo chileno, la derecha —especialmente la élite— se opuso vehementemente al proceso de Reforma Agraria. Aunque el plan original fue impuesto desde Estados Unidos como una manera de evitar la realización de una nueva revolución al estilo cubano en el resto de los países latinoamericanos, para los latifundistas la modernización de las relaciones tradicionales era algo que trastocaba precisamente la tradición. Por ende, aunque la reforma trajese una mayor eficiencia, aumentara la productividad de los campos y trajera más riqueza para sus dueños, resultaba inaceptable.
Ese ambiente, de profundas transformaciones modernizadoras de la sociedad chilena impulsadas desde el Estado, fue el que, al igual que con Balmaceda, logró despertar nuevamente al espíritu frondista chileno, por lo que recurrieron a la Armada —nuevamente— para organizar las acciones que culminarían finalmente en el golpe de 1973
Los militares chilenos, en este período tenían una mirada muy despectiva de la civilidad y por supuesto de la actividad política. Pero eso era esencialmente porque desde el mundo civil se menospreciaba a los militares. Angell (1993) señala en este aspecto que “lo sorprendente, por ejemplo, no es cuanto se ha gastado en los militares desde 1973, sino cuán poco se gastaba antes en ellos” (p. 95).
Pero las élites tradicionales ya no tenían la misma fuerza política para mantener enrielados a los militares. Un grupo nuevo, aunque igualmente proveniente de la élite, se presentó con un programa transformador igual o más profundo que el de la Unidad Popular: los Chicago Boys.
Los Chicago Boys corresponde al apodo que recibieron un grupo de estudiantes de economía que participaron de un programa de intercambio con la Universidad de Chicago entre los años 1956 y 1961, y que mayoritariamente se incorporaron a la plana docente de la Universidad Católica. Este grupo se hizo responsable de llevar adelante la transformación de la economía chilena que pretendía la dictadura.
Los Chicago Boys compartían con los militares algunas características: ambos grupos despreciaban profundamente a los partidos políticos y la política en general (Délano y Traslaviña, 1989). Para ellos, sus propuestas no sólo eran las correctas desde el punto de vista de la economía, sino que también se aplicaban a otros ámbitos de la vida social. En ese sentido, el neoliberalismo que se pretendía implantar en Chile era más un modelo ideológico antes que un modelo de desarrollo económico.
Por supuesto, no fue la primera vez que se intentaba realizar una profunda transformación del modelo económico chileno. La misión Klein-Saks en la segunda mitad de los años cincuenta intentó reformas importantes, pero fracasó. Rolf Lüders —uno de los Chicago Boys—, explicando las diferencias, reconoce lo evidente, que, en otras condiciones políticas y sociales, sus reformas hubiesen fracasado igual que la Misión Klein-Saks (Lüders, 2012).
La Constitución de 1980 ha sido fundamental para sostener y mantener este modelo económico hasta hoy. La dictadura ligó su éxito a la economía, al punto que incluso en la crisis de 1982, se decidió mantener el sistema con pequeñas reformas antes que cambiarlo, porque ello habría significado reconocer que se habían equivocado.
El apoyo de la élite hacia este nuevo modelo, a pesar de que modificaba la estructura tradicionalcomo lo habría hecho el Gobierno de la Unidad Popular, existió por la misma razón por la que se apoyó a Portales: para la élite era más necesario el orden social. Pero, le resultaba atractiva la idea que el Estado se convirtiera en un instrumento al servicio de los grupos económicos.
La Constitución de 1980 fue el instrumento con el que se pretendió mantener el orden económico y social establecido en Dictadura. Junto al establecimiento de un modelo de desarrollo subsidiario, se implantó un conjunto de medidas destinadas a evitar que, en un futuro, se pudiese reformar esto de manera fácil.
Junto con establecer que ciertos artículos requerían para su reforma o eliminación de quórums altísimos, se implementó un sistema electoral especialmente diseñado al efecto (Ministerio del Interior, 1989) y que buscaba entregar estabilidad política puesto que, bajo esas reglas, el resultado final de las elecciones parlamentarias era bastante predecible. De hecho, incluso en un momento era tal la seguridad que, para lograr que se aceptaran candidatos para completar la lista —que se sabía de antemano perderían— se creó un sistema de compensación para ellos (Navia y Sternberg, 2017).
Demás está recordar que el sistema “redistribuyó los distritos electorales para favorecer más la representación de los territorios donde fue mayor el voto en favor del general Pinochet en el plebiscito de 1988” (Baño, 1990, p. 73), lo que aseguró que “con menos del 35% de los votos, obtiene el 40% de los diputados y el 42% de los senadores” (Baño, 1990, 73–74).
El sistema no sólo forzaba a la formación de alianzas, sino que también castigaba a las agrupaciones con menor votación y a los independientes, por lo que era muy difícil para candidatos que compitieran fuera de las listas principales, lo que cristalizó un Congreso dominado por dos grandes fuerzas políticas, con muy poca ventaja una sobre la otra, por lo que la negociación —o política de los acuerdos— se convirtió en la generalidad en este Legislativo postdictadura. No sólo afectó a la denominada izquierda extraparlamentaria —término que se utilizaba para referirse a todos los partidos y movimientos de izquierda que no formaban parte de la Concertación—, sino que también a agrupaciones políticas de centro —como fue el caso de la Unión de Centro Centro (UCC)— que en los primeros años lograban obtener cerca de un 5% de la votación a nivel nacional, pero eran incapaces de sacar un parlamentario debido a la magnitud de los distritos y a la fórmula electoral de asignación de escaños (Fuentes, 1993).
Este sistema es bastante sui generis, puesto que es un sistema de elección por lista y a la vez personal. Es decir, se marca la preferencia por una persona, mientras que la fórmula de elección se aplica primero a la lista y luego al candidato. De ahí que se produjera en más de una ocasión que el candidato con mayor votación individual, muchas veces no fuera electo.
Este diseño, lo que buscaba era forzar una situación electoral muy semejante a la Cámara de los Comunes británico, sobre el supuesto de que era estable debido a que era un sistema bipartidario.Pero Chile nunca ha pertenecido a esa tradición. De hecho, todo lo contrario, tal como lo reveló el clásico estudio de Giovanni Sartori (1976), quien lo levantó como ejemplo de un sistema que, hasta 1973, se caracterizaba por ser muy atomizado y altamente disperso.
Pero esta idea de un Congreso bipartidario —aunque en estricto sentido continuaba siendo multipartidario, pero agrupado en dos grandes coaliciones— resultaba muy cómoda para la aristocracia chilena, puesto que era el ambiente adecuado para la política cortesana a la que desde la independencia había intentado recuperar.
Si a eso se añade que desde la caída del muro de Berlín en 1989 y el posterior derrumbe de la Unión Soviética, se produjo una profunda crisis en las izquierdas del mundo que en términos ideológicos las dejó sin un modelo y sin sustento ideológico, se implantó la idea que el capitalismo había vencido como modelo de desarrollo y que sólo la discusión podría darse en cuanto a qué profundidad se adaptaría ese sistema. Ese era el sentido de la tesis de Fukuyama en su texto El fin de la Historia y el último hombre (Fukuyama, 1992).
Todo esto no vino sino a reforzar el mantra, repetido hasta el cansancio por la dictadura y sus partidarios, de que la ideología era uno de los grandes males del siglo XX, y que era posible llegar al desarrollo económico y social si es que se abandonaba la ideología, que era el discurso de la Derecha desde Jorge Alessandri en adelante. Pero no fueron los únicos. Como respuesta al nefasto artículo 8 de la Constitución de 1980 —que prohibía a los partidos Socialista y Comunista, entre otros— se constituyeron dos organizaciones políticas instrumentales que simplemente buscaban eludir esta prohibición para los candidatos de estos partidos: el Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS) (Arrate, 2003).
De estos, sólo el segundo se autodisolvió en marzo de 1990, mientras que el PPD comenzó una discusión respecto del camino a seguir, y que finalmente fue el de continuar existiendo. Esta decisión, llevó a una situación inédita, apareciendo la figura de la doble militancia de socialistas y pepedeístas, lo que se resolvió finalmente en 1992, cuando se separan definitivamente los padrones entre ambos colectivos (Arrate, 2003; Bitar, 1993; El Mercurio, 1993).
El sólo hecho de fundar un partido político de las características mencionadas, y que se definiera como de centro izquierda, es indicativo tanto del espíritu de la época como también que las lógicas de la aristocracia chilena, las prácticas cortesanas y no las políticas, que eran las dominantes en el sistema político.
Era un lugar común hacia la época decir que la Constitución del 80 había entregado estabilidad al país y al sistema político. Esta característica, que era evaluada por muchos como su mejor cualidad, es también su mayor debilidad, ya que no es capaz de adaptarse fácilmente a los cambios sociales.
Así, por ejemplo, se consideraba un Congreso que era definido mediante un sistema electoral —conocido comúnmente como binominal según la Ley N° 18.825 (Ministerio del Interior,1989) — que subvencionaba a la Derecha y que consideraba la existencia de Senadores designados a partir del Decreto Ley N° 3.464, (Ministerio del Interior,1980) —que duraron hasta comenzar a ser designados por la Concertación— resultaba fundamental en la estrategia diseñada para mantener el control político, y por ende evitar que se instalaran reformas que amenazaran su hegemonía económica.
La composición establecida en el artículo 45 de la propuesta constitucional de 1980, establecía que además de los veintiséis —dos por cada una de las trece regiones—senadores electos por votación popular, también se integrarían senadores: los ex Presidentes, Ex Ministros de la Corte Suprema, Ex Contralor, Ex Comandantes en Jefe de las tres Ramas de las Fuerzas Armadas, el Ex Director General de Carabineros, un Ex Rector de una Universidad Estatal y un Ex Ministro de Estado (Ministerio del Interior, 1980). En definitiva, una vez reestablecido el Congreso, Augusto Pinochet estaba en condiciones de mantenerse en el poder y controlar el Senado, ya que este artículo le permitía contar con el 25% de los votos.
Los artículos 62, 117 y 118 de la propuesta original del Decreto Ley N° 3.464, (Ministerio del Interior, 1980), establecían un texto constitucional aún más estricto, ya que no sólo establecían altos quorumpara permitir cambios, sino que, cuando las reformas abordaran las atribuciones del Presidente de la República, prerrogativas del Congreso o a los parlamentarios, además de los capítulos I, VII, X y XI requerían del concurso del Presidente de la República. Lo que hizo la reforma de 1989 con la Ley N° 18.825, (Ministerio del Interior,1989)— fue eliminar ese requisito previo, aunque mantuvo los guarismos del quorum.
Esta prolijidad en establecer impedimentos a posibles reformas se puede interpretar como evidencia del profundo temor de sectores más conservadores —que llegaron al poder junto a los militares— a perder influencia y evitar que los intereses de la élite fuesen tocados.
Hubo en todo caso, un número importante de reformas acumuladas desde 1989 en adelante, siendo la de Ricardo Lagos la más simbólica, no sólo porque eliminó la figura de los Senadores Designados a través del Decreto N° 100, (Ministerio Secretaría general de la presidencia, 2005) sino que también, por ser un decreto que permitió refundir y renumerar el articulado de la Constitución de 1980, eliminando la firma de Augusto Pinochet, José Toribio Merino, entre otros.
Previamente, en febrero de ese año, se publicó el texto El sueño chileno de Eugenio Tironi (2005), uno de los más influyentes personajes en ese momento. Son de especial interés los capítulos del 7 al 9, puesto que allí aborda los que a su juicio eran los avances y los problemas que aún estaban pendientes de resolver. Ya reconoce la influencia de una serie de estudios realizados por el PNUD (1998) en que se identifican una serie de problemáticas nuevas que no habían sido prioridad durante los años noventa.
Desde el 2005 en adelante, las dinámicas políticas van a cambiar, no sólo porque la influencia directa de la dictadura parece haberse diluido completamente en el sistema —y por tanto parece cada vez ser menos importante públicamente— sino también porque comienzan a tener cada vez más voz una generación nacida en democracia.
Desde el año 2006 se resquebraja el diseño institucional que permitía la política cortesana y cada vez se ha hecho menos tolerable que se mantengan sus prácticas y se exige con más vehemencia que las decisiones sean legitimadas por la ciudadanía. La pérdida de poder de la élite/aristocracia chilena es evidente hoy, y aunque todavía quedan resabios, no es el mismo del de la última década del siglo XX.
Las reformas electorales del 2012 —sufragio voluntario— y 2014 —fin al binominal— Ley N° 20.568 y Ley N° 20.725, respectivamente, fueron las que en la práctica rompieron con el equilibrio de fuerzas instaurado desde 1989. Nuevos actores se incorporaron al sistema y se hizo evidente que los incentivos estaban más en atomizarse, lo que derivó en una mayor incertidumbre del sistema y algo de ingobernabilidad puesto que, antes que enfrentar las demandas de la ciudadanía, se optó pormantener una política dirigida hacia los nichos —como el voto era voluntario, había que asegurar a los propios, antes de convencer a un gran número de electores.
Se llegó así al estallido social de 2019, cuando la estructura institucional mostró que aún persistían elementos autoritarios, ya que la respuesta del sistema fue una represión que no había sido vivida desde la dictadura, y que llevó al acuerdo de 15 de noviembre de 2019 (Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, 2019), dando inicio a una etapa intermedia entre la promulgación de un nuevo texto constitucional, luego del fracaso de la propuesta de la Convención del 4 de septiembre de 2022.
El golpe de estado de 1973 no fue sólo en contra de la administración legítima de Salvador Allende, sino que fue el fin del ciclo político inaugurado en 1920, con la llegada de Arturo Alessandri Palma. Del mismo modo, el Estallido Social puso fin al segundo ciclo de la ‘fronda aristocrática’ chilena.
Esta segunda fronda, aunque concentrada mucho en lo económico, también se refirió a la recuperación de la identidad nacional tradicional que había sido contaminada por la propaganda marxista internacional, por lo que era necesario restaurarla. La Constitución de 1980 fue diseñada para impedir grandes cambios en el modelo político y social, independiente de quien fuese el presidente de la República, que tenía dos grandes columnas: los quórums ultramayoritarios y un sistema electoral que permitía que la Derecha obtuviese más parlamentarios de los que le hubiesen correspondido en un sistema proporcional.
Del mismo modo en que el contexto internacional es muy fácilmente incorporado en el análisis para entender el golpe de 1973, ocurre lo mismo al intentar comprender cómo persistió tanto el modelo de desarrollo instaurado por la dictadura luego del retorno a la democracia, pero esta vez se supravalora el elemento doméstico.
La coincidencia entre la derrota electoral de la dictadura y la desaparición de los socialismos realesse analiza poco para comprender que cada vez más se ausentara el debate ideológico de la política chilena. Es cierto que aún no se había eliminado la influencia de la dictadura —Pinochet siguió por varios años como comandante en jefe del Ejército y luego como Senador, hasta su detención en Londres en 2001— pero los proyectos de izquierda estaban pasando por una crisis enorme, y por tanto el espíritu de la época era que el capitalismo había vencido.
Fue necesario que pasaran algunos años para que la izquierda comenzara a reagruparse en torno al progresismo, que refería a ideas del feminismo, derechos de las minorías sexuales, ecología y defensa del medio ambiente. En el intertanto, los partidos chilenos de izquierda y centro izquierda —especialmente los de Gobierno— debieron concentrarse primero en gobernar y demostrar que eran capaces de llevar adelante una gestión de gobierno exitoso, como una manera de sacarse el estigma del fracaso económico del gobierno de la UP.
La aparición de personajes como Joaquín Lavín, adalides del cosismo, de lo no-ideológico, fueron fundamentales en dar la oportunidad a que la derecha finalmente lograra llegar a ocupar la Moneda de manera democrática, aunque el electo fue Sebastián Piñera en vez de Lavín.
La lógica de lo no ideológico, de la negación de la política, fue también muy relevante para entender el fracaso de la Derecha en gestionar la mayor crisis política en los últimos cincuenta años. De ahí que cuando el 15 de noviembre, la derecha chilena, aceptó el plebiscito de octubre de 2020 como un modo de descomprimir la presión que estaba recibiendo desde las calles, es que se entiende que el ciclo político inaugurado en 1973 realmente llegó a su fin.
Es cierto que el resultado del plebiscito de salida el 4 de septiembre de 2022, fue significativamente en contra de la Propuesta de Nueva Constitución, pero el principal objetivo político ya está cumplido, puesto que gran parte de los partidos de derecha y gran parte de la élite reconocen que es necesario continuar con el proceso constituyente. Y lo hacen en la misma lógica con que se apoyó a Diego Portales en el siglo XIX, ya que se reconoce la necesidad de orden social, incluso al punto de ser capaz de renunciar a ciertos grados de control e influencia, lo que no significa que no intentará recuperarlo más adelante.
Así, resulta plausible pensar que la segunda fronda aristocrática vivida en nuestro país está en vías de desaparecer y transformarse en un nuevo ciclo en el que habrá nuevos actores y nuevas reglas. Esa es la crisis institucional que vivimos.
Esta mirada, ayuda un poco a entender el proceso general y darle algo de sentido a lo que vivimos, pero en ningún caso nos permite prever exactamente qué es lo que pasará, más allá de constatar que van a cambiar. Por eso las preguntas de hoy son y seguirán siendo: ¿Será un futuro mejor? Y ¿cuánto nos costará llegar allá?, ambas las que deberán ser evaluadas en términos humanos, sociales, políticos y económicos.
1 Magister en Ciencia Política Universidad de Chile, Licenciado en Historia Universidad Católica de Chile. Profesor Asociado Periodismo Universidad Santo Tomás. E-Mail: jmleonp76@gmail.com
2 Básicamente, se hace referencia a la presión ejercida sobre Bernardo O’Higgins para que renunciara al cargo de director Supremo.
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