Valentina Cortínez-O’Ryan
Investigadora Adjunta, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
e-mail: vcortinez@rimisp.org
El análisis de las inequidades de género desde un enfoque territorial muestra que las oportunidades de las mujeres de participar y beneficiarse del desarrollo varían entre los territorios y al interior de los países de América Latina. Esto se explica, en parte, en la configuración de sistemas de género que organizan la participación de hombres y mujeres en la dinámica territorial de manera diferenciada, lo que genera condiciones favorables o desfavorables para el ejercicio de las autonomías de las mujeres y la equidad de género. Este artículo discute de qué modo las dinámicas territoriales y sus especificidades inciden en la equidad entre los géneros, a la vez que la equidad de género impacta en las posibilidades del desarrollo territorial. Se identifican mecanismos transversales que perpetúan la exclusión de las mujeres especialmente del plano económico y político, y se concluye que para lograr un desarrollo territorial con equidad de género se debe actuar sobre las dinámicas territoriales específicas que perpetúan tal exclusión.
Género, territorio, dinámicas territoriales, América Latina, exclusión social.
The analysis of gender inequalities from a territorial approach shows that the opportunities for women to participate and to benefit from development vary amongst territories within Latin American countries. This can be partly explained by the fact that each territory establishes gender systems that organize the participation of men and women in the territorial dynamics, generating both favourable and adverse conditions for the exercise of women's autonomy and gender equality. This article discusses how territorial dynamics and their specificities affect gender equality, as well as gender equality impacts on the possibilities of territorial development. Cross-cutting mechanisms that perpetuate women exclusion especially in the economic and political spheres are identified. Drawing upon the findings, it is concluded that specific territorial dynamics that perpetuate exclusion should be addressed in order to achieve territorial development with gender equity.
Gender, territory, territorial dynamics, Latin America, social exclusión.
América Latina es una región que enfrenta profundos desafíos en materia de desigualdad. Entre ellos, la desigualdad territorial y las desigualdades de género siguen siendo deudas pendientes que exhiben aún amplias brechas. En efecto, el Informe Latinoamericano de Pobreza y Desigualdad (Rimisp, 2015) muestra de manera integrada la relación entre ambas, afirmando que independientemente de cuan favorables sean los promedios nacionales en los indicadores de autonomía económica de las mujeres, en todos los países estudiados existen localidades sub- nacionales muy alejadas de ese promedio donde persisten amplias brechas de género. Como características comunes, los territorios rezagados en equidad de género, en los distintos países, son más pequeños en términos de población y tienen menos niveles de urbanidad.
Pese a esto, poco se ha hablado en América Latina sobre la relación entre género y territorio. Los trabajos de la geografía del género y estudios feministas muestran la diversidad espacial que existe en torno a la construcción social del género, en los roles y relaciones asociados a hombres y mujeres; en los significados simbólicos asociados a lo femenino y lo masculino; y en las relaciones de subordinación y opresión entre hombres y mujeres en determinados territorios (Johnson, 2012; Little y Panelli, 2003; McDowell, 2000). Esto, sumado a la escases de producción académica en torno al cruce entre género y territorio, sugiere la necesidad de examinar las formas en que los procesos socioeconómicos, políticos y ambientales crean, reproducen y transforman no solo los lugares donde vivimos, sino también las relaciones sociales entre los hombres y mujeres que allí viven y, también, a su vez estudia cómo las relaciones de género tienen un impacto en dichos procesos y en sus manifestaciones en el espacio y en el entorno (Sabaté Martínez et al., 1995).
En esta línea, Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, llevó a cabo una serie de estudios de caso de dinámicas territoriales rurales con enfoque de género, y otros estudios sobre políticas públicas de desarrollo territorial para el empoderamiento de las mujeres rurales[1]. Subyace a estos estudios una noción del territorio como construcción social: “un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartidos por múltiples agentes públicos y privados” (Schejtman & Berdegué, 2004: 5). El territorio se construye en la dinámica de distintas dimensiones, como la estructura productiva (sector productivo predominante, existencia de recursos naturales, vínculos con mercados, entre otros); las instituciones, tanto formales (como las políticas y programas que allí se implementan) como informales (patrones culturales, comportamientos naturalizados, entre otros); y los actores (agentes y coaliciones) (Cliche, 2014). Bajo esta perspectiva, los estudios revisados indagan en el modo en que las dinámicas territoriales impactan sobre los sistemas de género, a la vez que los sistemas de género afectan las oportunidades de desarrollo de las localidades.
De manera transversal se observa que en los territorios estudiados se replican las desigualdades estructurales basadas en el género tanto en el plano económico como en el institucional y en la participación. Sin embargo, cada territorio genera mecanismos específicos a través de los cuales lleva a cabo la exclusión de las mujeres de los planos estratégicos del desarrollo territorial.
Este artículo muestra hallazgos de esta relación entre género y territorio, desglosados según los componentes de la dinámica territorial. En el primer apartado, se muestra cómo la estructura productiva de los territorios rurales está marcada por los estereotipos de género en torno al trabajo y la invisibilidad del trabajo de las mujeres, lo cual genera la exclusión de las mujeres del plano económico y limita su participación en los beneficios del desarrollo económico. En el segundo apartado, se aborda la participación y agencia de las mujeres en los territorios, dando cuenta que ellas en el espacio local, se relacionan con menos instituciones públicas y privadas, y participan menos de las organizaciones productivas, o se vinculan con aquellas desde el rol del cuidado doméstico. Esta menor participación se encuentra cruzada por desigualdades estructurales tales como la menor propiedad de activos, la invisibilidad del trabajo y la distribución desigual del trabajo reproductivo, que directa o indirectamente generan la exclusión de las mujeres de los espacios de decisión. Por el contrario, la creciente organización de las mujeres en el plano productivo ha operado como mecanismo de inclusión, y ha generado la diversificación de las economías locales y la puesta en valor de activos no tradicionales. El tercer apartado analiza críticamente las políticas de desarrollo rural en las cuales se observan claras limitaciones para abordar, de manera integrada, el enfoque de género y el enfoque territorial, razón por la cual sus resultados son débiles en cuanto a la superación de la pobreza rural y, en particular, de las mujeres rurales. Finalmente, el informe concluye que, para lograr un desarrollo territorial equitativo en términos de género, no basta con invertir en las mujeres si no se invierte en transformar las dinámicas específicas que perpetúan su subordinación, exclusión y discriminación. Esto implica dirigir acciones a intervenir los sistemas de género y las dinámicas territoriales específicas, y no solo dirigidas a las mujeres de forma individual.
En todos los territorios estudiados existen estereotipos de género en tormo al trabajo femenino muy arraigados discursivamente. Se basan generalmente en lecturas esencialistas, en las cuales hombres y mujeres tienen diferencias “naturales” que los vuelven adecuados o inadecuados para ciertas tareas (Paulson, 2013). Estos estereotipos inciden en las dinámicas territoriales, restringiendo la participación de las mujeres en las actividades económicas o reduciéndola a formas de trabajo precario. Además, estos estereotipos limitan el despliegue de actividades económicas potencialmente valiosas para el desarrollo territorial.
El desarrollo de grandes industrias extractivas en los territorios rurales estudiados ha profundizado los estereotipos de género en relación al trabajo, cristalizando la división del trabajo para “hombres” -considerado como trabajos de fuerza física, resistencia, o de mayor rango jerárquico y mejor remunerados- del trabajo “para mujeres” -asociado a trabajos temporales, con bajas remuneraciones, de menor rango jerárquico, vinculado a habilidades de manufactura fina o a la atención y cuidado de personas-. Se identifica que tales estereotipos y normas de género han sido aprovechados por las industrias para su expansión, justificando a través de ellos ciertas prácticas de contratación y escala salarial que les ofrecen ventajas comparativas. También han movilizado ciertos imaginarios de masculinidad para la inserción de nuevas tecnologías, especialmente en la agroindustria tecnificada.
Por ejemplo, estudios realizados en la Isla de Chiloé, en Chile (Macé, Bornschlegl y Paulson, 2010; Ramírez y Ruben, 2015) dan cuenta de cómo la industria del salmón ha colaborado en profundizar la segmentación del trabajo y ha tomado ventaja de tal división, generando nuevos imaginarios de femineidad y masculinidad. Antes de la llegada de la industria del salmón, en Chiloé las mujeres quedaban a cargo del hogar durante los largos períodos de migración de los hombres, realizando todo tipo de actividades necesarias para la sobrevivencia, muchas de ellas asociadas con las masculinidad como todo el trabajo agrícola (cortar leña, pasar el arado, sembrar y cosechar), además de aquellas labores asociadas tradicionalmente al género femenino (recolección de mariscos; mantención de la huerta y los animales; cocinar; educar a los hijos; hilar, tejer y hacer artesanías). Acostumbradas a vivir bajo sistemas donde no recibían remuneración monetaria por su trabajo, al incorporarse a la industria del salmón, aceptaron salarios menores a los de muchos hombres del lugar, y estaban adaptadas a las exigentes condiciones físicas del trabajo, lo cual facilitó la expansión de la industria. Si bien, históricamente las mujeres cruzaban las fronteras de las actividades por género, la industria del salmón estableció una rígida división del trabajo, asociando a las mujeres a las labores de manufactura fina, y a los hombres a los trabajos que requieren mayor riesgo o fuerza física. Junto con esto, los ámbitos de conocimiento entre hombres y mujeres se han ido diferenciando cada vez más, sobre todo aquellos relacionados con la tradición cultural.
Los estereotipos de género con relación al trabajo provocan que se asignen sistemáticamente las mismas tareas al mismo género, cimentando expectativas que son internalizadas y creencias sobre las habilidades de unos y otros que restringen las oportunidades en los territorios, especialmente para las mujeres (Paulson, 2013). De este modo, las industrias y actividades económicas que estabilizan ciertos estereotipos han ido en desmedro de la condición en que las mujeres se han incorporado al mercado de trabajo, con oportunidades restringidas a trabajos temporales, peor remunerados. Sin embargo, esta forma de división del trabajo no solo perjudica a las mujeres, sino también a los hombres a quienes se les ha asignado actividades que perjudican su salud y la acumulación de capital humano. El trabajo duro, en malas condiciones, es justificado bajo el estereotipo de que los hombres rurales son “naturalmente” duros y arriesgados. Junto con esto, el deber de los hombres de ser “productores”, ha llevado a que un mayor número de hombres abandonen la escuela y no lleguen a niveles de educación superior (Rimisp, 2015).
Otro factor que funciona como barrera contra la inclusión económica de las mujeres es la invisibilización de una parte del trabajo realizado por ellas. Los estudios de caso revisados develan la multiplicidad de actividades económicas que realizan las mujeres en los territorios, las cuales son clave para su desarrollo, pero no son contabilizadas por los indicadores económicos, no son reconocidas ni valoradas socialmente y menos aún remuneradas. Entre ellas se encuentran prácticamente la totalidad del trabajo doméstico y de cuidados, y otras actividades económicas bajo la figura de “ayuda al productor principal” por las cuales no reciben remuneración.
Por ejemplo, las transformaciones en la industria del calzado en Santa Catarina Mita generaron nuevos modos de producción, donde los hombres contratados trasladaron el trabajo desde los talleres a sus casas, incorporando a las mujeres y niños como “ayudantes”. Si bien, las mujeres pasaron a ser parte importante en el proceso de producción, la actividad económica al interior del hogar se representa discursivamente como ayuda, y los ingresos derivados del trabajo no se distribuyen en función de la carga de trabajo de cada uno. Además, no es considerado en el apoyo técnico financiero o de otro tipo que se canaliza hacia el sector. Si bien las mujeres valoran los mayores ingresos familiares que significa la extensión de labores a nivel familiar, no identifican un correspondiente incremento en su poder y capital socio- simbólico. Por el contrario, aquellas mujeres que trabajan contratadas en los talleres perciben que, además de generar un ingreso económico, el trabajo incrementa su independencia, respeto y bienestar personal. En este caso, el mayor capital económico está ligado a un aumento en el capital simbólico y social (Florian et al., 2011a).
La invisibilización de las actividades de las mujeres -y de otros actores del territorio- limita su participación en los beneficios económicos, sociales y simbólicos del trabajo. A su vez, genera un desbalance de género en las dinámicas territoriales, desencadenando el crecimiento de algunas dimensiones de la actividad territorial y algunos actores por sobre otros. Como bien señalan Florian et al. (2011a), bajo este escenario “los proyectos de desarrollo, el apoyo institucional, el mercado, los proveedores de crédito, tecnología y conocimiento tienden a dirigir activos clave a los actores más visibles y valorados, en este caso un grupo de hombres adultos, y a las actividades asociadas con ellos. La resultante distribución inequitativa de oportunidades y activos tiende a fortalecer ciertos grupos de actores, y a contribuir no intencionalmente al desempoderamiento, empobrecimiento y marginalización de otros actores y actividades” (5).
La mayoría de las veces la participación político-social en los territorios estudiados está segmentada por género, y las mujeres son invitadas a participar más activamente de todos aquellos ámbitos extensivos a lo doméstico. En esta línea, los casos revisados muestran que las mujeres, en el espacio local, se relacionan con menos instituciones y coaliciones, o se vinculan con aquellas desde su rol de cuidado doméstico, y están aisladas de los procesos de cambio institucional, a partir de lo cual les es difícil incidir con sus visiones en el desarrollo del territorio, abrir oportunidades y beneficiarse de aquello.
Por ejemplo, en las comunidades investigadas del Macizo de Peñas Blancas, en Nicaragua (Rodríguez, Gómez & Paulson, 2011), al consultar a hombres y mujeres por los actores o instituciones con los cuales se relacionan, los hombres señalan tener relaciones con actores que impulsan la diversificación de ingresos y la protección del territorio, mientras el diagrama de relaciones de las mujeres es más pobre y no menciona a ninguna de estas instituciones. Por su parte, las relaciones que mencionan las mujeres denotan mayor contacto con organizaciones destinadas a la superación de la pobreza extrema.
Esta menor participación se encuentra cruzada por desigualdades estructurales tales como la menor propiedad de activos, la invisibilidad del trabajo y la escisión entre el trabajo productivo y reproductivo, que directa o indirectamente generan la exclusión de las mujeres de los espacios de decisión.
Uno de los mecanismos a través de los cuales se excluye a las mujeres de las organizaciones que lideran el desarrollo territorial es delimitando la participación a los “productores formales”, definidos como los propietarios de la tierra y/o de tecnología. Estas prácticas van consolidando una visión sesgada del territorio, donde el protagonismo recae en un grupo particular -hombres propietarios de la tierra y otros activos- que promueven sus intereses y cierto tipo de actividades económicas.
Un ejemplo de esto se observa en el caso de los territorios de Cuzamá, Homún, Acanceh y Huhí, en México (Paredes, Vaisman, Méndez & Paulson, 2011), donde queda en evidencia cómo una política orientada a la participación ciudadana, si no considera el género, puede profundizar las inequidades entre hombres y mujeres. En este caso, a partir de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se propicia la creación de Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, encargados de asignar financiamientos provenientes de distintas fuentes estatales para el desarrollo de actividades productivas en el territorio. La ley buscaba la conformación de coaliciones heterogéneas y representativas. Sin embargo, las redes de solidaridad entre hombres y las prácticas de clientelismo a nivel municipal, produjeron que los espacios de representación y decisión fueran ocupados mayoritariamente por ellos, concluyendo en el menor apoyo financiero a iniciativas de desarrollo para mujeres.
Por otro lado, el trabajo doméstico y de cuidados constituye una barrera importante para la participación de las mujeres. En el caso de Cerrón Grande, en El Salvador (Florian et al., 2011b), si bien las mujeres realizan la mayoría de las actividades pesqueras, se observa una menor participación de aquellas en las cooperativas que permiten agregar valor a su trabajo. Al indagar en las razones de esta menor participación, las mujeres respondieron que existe una visión en el territorio que establece que la mujer descuidaría las obligaciones domésticas por cumplir con los requisitos presenciales que requiere ser miembro de una cooperativa.
Aunque en todos los territorios la presencia de las mujeres en las esferas de la familia, el hogar y la comunidad vecinal es fundamental, no sucede lo mismo en los asuntos que tienen que ver con el trabajo, la economía y las definiciones más estratégicas del desarrollo. La participación de las mujeres en las organizaciones locales es crucial para visibilizar su rol en las distintas esferas del desarrollo territorial e incidir con sus visiones en la construcción de territorios, instituciones y políticas más representativas e inclusivas.
Las persistentes brechas de desarrollo entre hombres y mujeres, especialmente de aquellos habitantes de sectores rurales, requiere de iniciativas que combinen el enfoque territorial para el desarrollo rural y el enfoque de género, con el fin de promover al mismo tiempo la superación de la pobreza rural y el mayor bienestar de las mujeres. Al indagar sobre programas que conjuguen ambos enfoques, se encontraron contadas experiencias que desde su diseño contemplaran de manera integrada ambas miradas. Por el contrario, en la gran mayoría de los países de la región se han desarrollado en paralelo iniciativas dirigidas a los sectores rurales pobres y a mujeres pobres (Cliché et al., 2015).
El enfoque territorial para el desarrollo rural implica mirar a los territorios rurales bajo una lógica relacional y amplia. En este sentido, los programas de desarrollo territorial rural “han de operar con un concepto ampliado de lo rural, que debe necesariamente incluir el o los núcleos urbanos con los que las áreas pobres tienen o podrían tener vínculos funcionales en aspectos tanto productivos como sociales” (Schejtman y Berdegué, 2004: 5). En la misma línea, un enfoque territorial del desarrollo rural requiere “terminar con la identidad desarrollo rural = desarrollo agropecuario; rescatar la importancia de los vínculos urbano-rurales y con mercados dinámicos; enfatizar la innovación tecnológica; y plantear la exigencia de reformas institucionales, descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales, concertación social, intersectorial y público-privada, y otros” (Schejtman & Berdegué, 2004: 5).
La revisión realizada da cuenta que las iniciativas de desarrollo rural en la región carecen de un enfoque territorial. En primer lugar, su foco se restringe a la superación de la pobreza de familias o individuos rurales, y no a la transformación productiva e institucional de un territorio. En la misma línea, olvida la dimensión relacional de los territorios rurales con aquellos urbanos o rur-urbanos, así como entre las personas que lo habitan. Finalmente, no logran salir de la asociación entre desarrollo rural y desarrollo agropecuario, entendiendo esta como la única vía a la superación de la pobreza rural.
Por otro lado, incorporar el enfoque de género en el desarrollo territorial rural implica analizar los sistemas de género territoriales, los cuales “organizan a los diferentes actores y grupos sociales de modo que ellos desarrollen y ejerzan distintos conocimientos, labores, prácticas, activos, responsabilidades, habilidades, redes y formas organizacionales en el territorio” (Paulson y Equipo Lund, 2011: 10). En otras palabras, requiere indagar en los mecanismos específicos a través de los cuales se perpetúa la exclusión de las mujeres de las distintas esferas del desarrollo territorial, identificando las brechas, barreras e inequidades que enfrentan para beneficiarse de los procesos de desarrollo, así como sus recursos y potencialidades invisibilizados.
Alejada de esta noción, en los territorios rurales se implementa una amplia gama de programas dirigidos a mujeres pobres que se encuentran dispersos en una escala micro local. Sus objetivos se han centrado en: i) facilitar el acceso a títulos de propiedad por parte de las mujeres (titulación o restitución); ii) reconocimiento cultural y de derechos principalmente de mujeres indígenas o afrodescendientes; iii) transferencias monetarias condicionadas y programas, donde la mujer es la administradora o gestora familiar. En el mejor de los casos, estas iniciativas coinciden en la misma sujeta, generándose efectos sinérgicos. Pero en la gran mayoría, estos programas se desarrollan de forma paralela, sin articularse con un objetivo común orientado a la equidad de género (Cliché et al., 2015).
Aquellas políticas de desarrollo rural con enfoque territorial que han incorporado de alguna manera la dimensión de género han sido de tipo reactivas. Es decir, en su diseño se consideraron a las mujeres como sujeto de intervención no diferenciado, pero en su implementación, el involucramiento mayoritario de las mujeres llevó a incorporar modificaciones respondiendo a las necesidades e intereses específicos de este grupo, abordando aspectos como autoestima, educación en derechos, liderazgo y desarrollo personal. En estos casos, se ha encontrado que el mayor empoderamiento de las mujeres se da como un resultado que no estaba explícito en los planes y programas, lo cual incide en que haya casos individuales de “éxito” pero sin alcanzar necesariamente un mejor posicionamiento colectivo de las mujeres rurales (Hernández-Asensio et al., 2013). También, han estado teñidas por los estereotipos del trabajo femenino, encasillando a las mujeres en roles tradicionales y promoviendo iniciativas de subsistencia que en pocas ocasiones han logrado escalar a emprendimientos de mayor envergadura en un territorio determinado (Rimisp, 2015).
El gran ausente en las políticas de desarrollo territorial con enfoque de género ha sido el empoderamiento político de las mujeres. La mayoría de los programas contemplan la educación en derechos y la asociatividad para el emprendimiento, pero ninguno considera la formación y articulación política de las mujeres para que incremente su representatividad territorial, lo que sin duda podría facilitar la inclusión de sus emprendimientos productivos en las cadenas de valor de los espacios locales.
El único caso estudiado que incorpora en los programas de desarrollo territorial el empoderamiento de las mujeres, más allá de sus derechos económicos, es el Programa Mujeres y Desarrollo Económico Local (MyDEL), en Guatemala, el cual busca posicionar a las mujeres en el espacio económico y en la gobernanza local. El programa instala al interior de las Agencias de Desarrollo Local (ADEL), los Centros de Servicios para la Empresarialidad de la Mujer (CESEM), un espacio especializado para atender a la población femenina, que contempla las características de riesgo social y etnicidad del grupo.
Una de las primeras acciones de este programa es visibilizar en los territorios el emprendimiento femenino y su patrón espacial a través del mapeo de iniciativas, mostrando la relevancia del trabajo femenino para el desarrollo económico local. A esto se suma la asistencia técnica “a la medida”, asistencia financiera y articulación de cadenas de valor. Finalmente, este programa pone el foco en la participación de las mujeres como grupo en la gobernanza local, promoviendo alianzas y articulación entre actores, formando a las mujeres y acompañándolas en las instancias de participación para la incidencia. Su ubicación en el nivel departamental, entre lo micro y lo macro, ha permitido mirar las iniciativas locales desde una óptica territorial y permear el enfoque de género en las estructuras macro.
Según plantea Cliché et al. (2015), las experiencias exitosas de políticas de desarrollo territorial con enfoque de género, a nivel local o nacional, comparten las siguientes características: consideran desde su diseño las desigualdades estructurales de género y la condición de riesgo social de las mujeres; encuentran organizaciones de mujeres activas, con capacidad propositiva y se articulan con ellas; ejercen una gestión pública abierta a la ciudadanía en términos de escuchar demandas, necesidades, ideas y propuestas; emergen de un claro interés de la sociedad civil que encuentran en las instituciones locales o de cooperación internacional la voluntad y los recursos para potenciarlo; tienen capacidad de adaptación, cambiando sus metodologías al constatar el involucramiento de las mujeres e incorporan estrategias para mejorar su posición relativa; promueven la asociatividad, valor agregado a los productos y encadenamiento productivo; y desarrollan estrategias para potenciar el empoderamiento personal y colectivo de las mujeres. La pregunta que queda entonces es cómo avanzar en materia de política de desarrollo territorial incorporando, desde la concepción de la idea de política, su diseño, implementación y formas de evaluación, consistencia con una perspectiva que promueva la equidad de género desde una óptica territorial, que no estigmatice ni sea meramente reactiva a las demandas específicas.
Al analizar las dinámicas territoriales desde un enfoque de género, queda en evidencia un sinnúmero de normas informales y prácticas que justifican la exclusión de las mujeres de los procesos de desarrollo y de los beneficios que de ellos derivan. Esto no solo incide en el bienestar individual y en el ejercicio de los derechos de las mujeres y otras personas excluidas, también repercute en las posibilidades de alcanzar un desarrollo territorial inclusivo y sostenible.
Gran parte de esta exclusión se basa sobre una visión rígida de las mujeres y sus capacidades, que no se condice con el rol que ellas efectivamente juegan en el desarrollo de los territorios. Tal como se refleja en los ejemplos de los casos revisados, las mujeres rurales siempre han trabajado, ya sea de manera remunerada o no remunerada, en labores productivas y reproductivas, cumpliendo un rol fundamental e irreemplazable para las economías locales. En las organizaciones locales vinculadas a ámbitos extensivos a lo doméstico, participan activa y mayoritariamente, movilizando oportunidades en temas tan diversos como la defensa de los recursos naturales o las necesidades educativas de sus hijos. Sin embargo, perviven estereotipos que las posicionan como víctimas, pobres, sin recursos y sin poder. Transformar estas miradas es el primer paso para lograr la incidencia de las mujeres en ámbitos clave del desarrollo territorial que aún permanecen cerrados para ellas.
Por otro lado, es necesario abrir espacios de participación e incidencia para las mujeres en aquellas instancias masculinizadas, donde la ausencia de aquellas genera un desbalance de género en la distribución de bienes simbólicos, políticos, sociales y económicos. En este sentido, no basta con crear nuevos espacios exclusivamente de mujeres, para que ellas logren empoderarse y generar iniciativas económicas autónomas. Aunque estos espacios son significativos en el proceso de empoderamiento de las mujeres en los territorios rurales, no debe perderse de vista que el objetivo último debiese ser eliminar todo tipo de exclusión y permitir la participación igualitaria de las mujeres en todas las dimensiones del desarrollo. Sin duda, la participación de las mujeres en las organizaciones locales es crucial para visibilizar su rol en las distintas esferas del desarrollo territorial e incidir con sus visiones en la construcción de territorios, instituciones y políticas más representativas e inclusivas.
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