DISCURSOS DE GOBIERNO Y TÁCTICAS DE RESISTENCIA DESDE LOS BARRIOS POPULARES (SALTA-ARGENTINA-2020): DERIVAS ANALÍTICAS DE LA PANDEMIA
Government discourses and resistance tactics from popular neighborhoods (Salta-Argentina-2020): analytical drifts of the pandemic
Gonzalo Juan José Fernández[1]
Recibido: 03/08/20
Aceptado: 29/12/20
Resumen
En el presente trabajo se pretende dar cuenta de algunos discursos de gobierno en la provincia de Salta (Argentina) y el mundo, respecto de las medidas políticas y sociales tomadas bajo la grilla de seguridad e inmunidad en tiempos de pandemia que se evidencian, a su vez, como disposiciones disciplinarias (ASPO y Distanciamiento Social) bajo el principio de “cuidado” comunitario. Nos interesa visibilizar algunas políticas públicas y sociales enfocadas en sectores populares, en el marco de la crisis socio-sanitaria y su tratamiento. En forma complementaria, se pretende referenciar, bajo la perspectiva de tácticas creativas de resistencias y de políticas comunitarias, los dispositivos y prácticas que los grupos de vecinas y vecinos -configurados como potencia plebeya- desandan frente a la pandemia global por Covid-19 en algunos barrios populares de Salta Capital. Como trasfondo, permanece latente la organización de un proceso por la reivindicación de derechos mucho mayor: la lucha de los Barrios Populares por la regularización de los territorios- espacios de vida y la tensión, la espera y la negociación con funcionarios por asegurar el acceso a políticas públicas.
Palabras clave: Políticas comunitarias, políticas públicas, tácticas cotidianas de resistencia, barrios populares, discursos de gobierno.
In this paper, it is intended to account for some government discourses in the province of Salta (Argentina) and the world regarding the political and social measures taken under the security and immunity grid in times of pandemic that are evidenced, in turn, as disciplinary provisions (ASPO and Social Distancing) under the principle of community “care”. We are interested in making visible some public and social policies focused on popular sectors in the framework of the socio-sanitary crisis, their treatment, and, in a complementary way, referring, from the perspective of creative resistance tactics and community policies to the devices, and practices that the neighbors, configured as plebeian power retrace in the face of the global pandemic covid-19 in some Popular Neighborhoods’ of Salta Capital.
As a background, the organization of a process for the claim of much greater rights remains latent: the struggle of the Popular Neighborhoods for the regularization of the territories - living spaces and the tension, the waiting and the negotiation with officials to ensure access to public policies.
Keywords: Community policies, Public Policies, Daily resistance tactics, Popular Neighborhoods, Government discourses.
Cómo citar:
Fernández, G. (2020). Discursos de gobierno y tácticas de resistencia desde los barrios populares (Salta-Argentina-2020): derivas analíticas de la pandemia. Intervención, 10(1), 62-76.
1. Introducción
Desde el día en que la presidencia de la nación anunció por conferencia de prensa oficial las llamadas medidas de cuarentena de “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”[2] (ASPO) y luego, las de “distanciamiento social”, directivas de emergencia sanitaria tomadas por la disrupción de la crisis global del COVID-19; inició un derrotero de acciones urgentes que encontró movilizada y consternada a toda la población en nuestro país. Estas medidas fueron acompañadas, progresivamente, por una serie de Políticas Públicas Sociales “de contención” destinadas a los sectores más vulnerables de la sociedad: los Barrios Populares[3] (villas y asentamientos). En el marco del proceso de cambio de gobierno nacional[4] se sumó el contrapeso insalvable de una crisis de salud inusitada. Este contingente andamiaje histórico hizo mella en todo el tejido social y las capas sociales en Argentina, desarticulando la economía a nivel general y algunas de las políticas destinadas a los sectores trabajadores y populares.
Como respuesta a la crisis que atravesó y atraviesa el acontecer de la vida cotidiana y la organización de las comunidades donde viven y sobreviven, crean y recrean su vida las poblaciones más pobres de entre los pobres de la provincia de Salta, algo singular fue sucediendo, nos referimos a los modos de reorganización que desarrollaron “hacia dentro” las comunidades de los Barrios Populares. Dichos modos de organización, comprendidos como tácticas creativas de acción social (De Certeau, 2000), encontraron asidero en diversos dispositivos, que operan continuamente como redes de apoyo y de contención. Remitimos a una serie de prácticas prefiguradas en la “astucia” (De Certeau, 2000) de vecinas y vecinos que reinventan y que sostienen su vida sobre la base de una potencia creativa de tejidos relacionales, vinculados al apoyo comunitario. Estas estrategias serán pensadas en el marco de esta investigación como Políticas comunitarias: prácticas que no podría decirse que son “innovadoras”, pero que persisten reconfiguradas en el tiempo y en la construcción de lazos comunitarios de los sectores populares y que deben ser consideradas como dato relevante, en el atravesamiento de la singularidad histórica-crítica que impacta al mundo entero y, que en instancias críticas y a escala micropolítica, se tornaron fundamentales.
Otra parte importante en el análisis de esta investigación se relaciona con la recepción de Políticas Públicas de emergencia[5] como traducción del uso “marginal” de derechos comprendidos como mínimos vitales[6] (por debajo de los mínimos de pobreza), destinados a la sobrevivencia de los sectores populares. Esto en el marco del diálogo constante, el reclamo y la exigencia a funcionarios públicos en pos del ejercicio de derechos fundamentales, para el resguardo y la afirmación de la vida.
Es preciso mencionar como proceso de relevancia que persiste en el tiempo, aquel que está y estuvo contenido en una serie de luchas desde los barrios de Salta, ligadas históricamente a la regularización de la tierra. Estos procesos evidenciaron el inicio volcánico de un decurso de movilización y organización colectiva inusitada a mediados de 2019, que encontró a los barrios populares de Salta mancomunados ante la exigencia de la regularización urbana de las tierras que habitan. Esto fue el puntapié de un diálogo político e institucional con distintos funcionarios y áreas de gobierno y, sería también, un precedente que marcaría la agenda pública de las exigencias de una serie de derechos vulnerados, e históricamente recurrentes, por parte de los sectores en condición de pobreza en Salta. Es importante el reconocimiento de esta procedencia en las luchas, para comprender a una escala mayor y contensiva al ordenamiento de las prácticas (tácticas) que acontecen y se pergeñan a nivel local-comunitario.
Con lo mencionado hasta aquí, anticipamos que el tratamiento de la temática planteada se realiza según los aportes de filósofos franco-italianos: Foucault (2011, 2012), Esposito (2009), Giorgio Agamben (2005), entre otros; y recursos provenientes de las Ciencias Sociales. Desde un enfoque cualitativo se instrumentaliza los recursos cuaderno de campo, documentos periodísticos y de orden programático estatal, con la intención de codificar los discursos[7] en clave analítica. Vale decir, que este acotado escrito es parte de una investigación mucho más amplia, que se desarrolla mediante un acompañamiento cercano a los barrios populares, con grupos de personas involucradas en dicho proceso y desde una perspectiva asociada a la Educación Popular y al Trabajo Social: la Investigación-Acción Participativa (I.A.P.) [8] (Holliday, 2013).
2. El antecedente de un proceso inusitado y plebeyo
En la aurora del 16 de julio del 2019 se organizó una marcha que concentraría a más de 11 barrios populares de Salta capital desplazándose con un silencio tumultuoso por las arterias principales de la capital salteña. Podía observarse a las vecinas que encabezaban la columna de más de 5 cuadras repletas de personas, que llevaban en sus manos un resumen de los artículos fundamentales de la Ley 27453[9], agitando pancartas y gritando a viva voz “queremos la regularización". A partir de aquel histórico día se “formalizaría”[10] un espacio contestatario, contensivo y Plebeyo (García Linera, 2015) de una composición heterogénea y con una forma de organización claramente heterárquica (Foucault, 2012) que aglutinaría las necesidades de dichos barrios en la vocería de sus referentes, delegadas y delegados, es decir, la mesa de barrios populares.
Esta mesa podría describirse como una asociación flexible, que articula la acción colectiva de múltiples actores individuales: vecinas y vecinos de villas y asentamientos, algunas y algunos con experiencia en militancia política, oras y otros que desarrollan una estrategia de gestión política comunitaria (gestión de recursos materiales y gestión cultural), profesionales (un abogado y un trabajador social), sindicatos (CTAA), el Defensor del Pueblo de la Nación (delegado de Salta) y miembros de la ONG internacional TECHO.
Las y los integrantes de la mesa de barrios populares se desenvuelven desde la periferia de los barrios marginados donde viven y sobreviven, desde allí se movilizan en colectivo, su iniciativa es la de la “presión” constante a las instituciones de gobierno y su devenir es el de una Potencia Plebeya. García Linera (2015) admite que lo plebeyo radica en su empardamiento con la forma Multitud (Hardt y Negri, 2012) en la posibilidad de articular acción colectiva con multiplicidad de individuos. Aquí se distancia de la forma sindicato (que busca afiliados) o el partido político. Por lo tanto, la forma multitud es plebeya: flexible, contiene múltiples asociaciones, incorpora individuos que no pertenecen a ninguna organización territorial, ni laboral, pero que se adscriben a la acción colectiva. Sus demandas son muy puntuales y específicas (ej.: conexión de servicio de agua, transporte, reconocimiento, etc.). Otra característica es su liderazgo contingente, no existe liderazgo predefinido, es decir, no existe una institución reificada, sino que varía de acuerdo a su accionar. Las acciones son diversas, desde la marcha, el piquete, el diálogo y la planificación con políticos profesionales, hasta la utilización de las redes sociales. “Lo plebeyo” es producto de las condiciones de las sociedades actuales: identidades fluidas y la fragmentación institucional (García Linera, 2015).
Los meses de la segunda mitad del 2019 demarcaron el período en el que las vecinas y los vecinos de la mesa de barrios populares se movilizaron: después de la primera marcha se conformaría un dispositivo de diálogo[11] directo con funcionarios de distintas áreas de gobierno encabezados por el IPV[12]. Pero en los primeros meses de 2020 la actividad de organización disminuiría por la disruptiva emergencia socio-sanitaria del COVID-19 y las disposiciones de distanciamiento social emitidas por el gobierno. La situación crítica de salud mellaría profundamente la condición de vida de las familias, y se vería reflejada en la creciente incertidumbre ante las nuevas necesidades y la imposibilidad por parte de la población de salir de sus casas en procura del sustento del hogar. Ante el acuciante cuadro epidemiológico, desde el gobierno nacional, se dispusieron algunas políticas públicas que se mixturaron con “el fundamento” de discursos securitarios “contradictorios”, en los que se evidencian ciertas disposiciones administrativas por parte del gobierno salteño similares a las tecnologías del Racismo de Estado (Foucault, 2014). Esto sumado a prácticas discursivas que dan cuenta del ejercicio de una administración gubernamental despótica, matizadas con fraseología que abarca el intento denodado por ligar en simetría cacofónica lo religioso, lo doméstico-familiar y el patriotismo (vinculado a determinados símbolos locales), todo ello atravesado por una grilla de discurso bélico (amigo-enemigo[13]) para crear una comunidad imaginada[14] y benevolentemente moralizada y moralizante.
3. Un discurso distópico que anuncia la “nueva normalidad” se replica en Salta: sobre las disposiciones gubernamentales de seguridad e inmunidad
La emergencia del COVID-19 trastocó el espectro de la vida biológica-social, la puso en entredicho e hizo tambalear el sentido común-cotidiano del “existenciario” y de la “normalidad” de hombres y mujeres en toda la esfera global. Es claro que frente aquello que no se puede anticipar y controlar la contingencia y lo desconocido, porque, arremete la incertidumbre de la inmovilidad paroxística. Emergen nuevos escenarios en las vidas en sociedad, el ensayo de prácticas sugerentemente atávicas, en las que se destacan discursos que circulan en distintos terrenos de la vida social, los que transitan, se replican y se ramifican por todos “los ganglios de la sociedad” (Esposito, 2009), generando efectos de realidad (efectos de verdad) en los ámbitos político gubernamental, el de la vida doméstica, la economía, la salud, entre otros. Estos discursos tienen distintas procedencias a lo largo de la historia de la humanidad; pero se articulan, actualizan y recepcionan de forma singular desde la realidad local en Salta, Argentina.
Dos de los discursos que atraviesan la vida cotidiana hoy, de forma insoslayable y que se relacionan particularmente con disposiciones gubernamentales promovidas por las administraciones de Estado en el mundo son el discurso securitario y el inmunitario. La seguridad se configura en uno de los dominios de clivaje en dispositivos que atraviesan transversalmente los trabajados sobre gubernamentalidad y biopolítica en Michel Foucault[15]: vivimos en sociedades de seguridad y de cálculo que se optimizan en pos de la productividad de la vida biológica de las poblaciones, mediadas por la grilla económica del mercado (Foucault 2012). El dispositivo de seguridad será característico de nuestra sociedad contemporánea e inscribirá toda conducta delictiva en un campo de acontecimientos probables y de esa manera, calculará costos en pos de reprimir o tolerar determinadas conductas (Foucault, 2012). Para referirnos a la noción de inmunidad remitiremos la obra del filósofo Italiano Roberto Esposito: Inmunitas. Protección y negación de la vida[16], quien desde una vertiente bio-médica[17] define la inmunidad como aquella condición de refractariedad del organismo ante el peligro de contraer una enfermedad contagiosa (Esposito, 2009). Interesa pensar en el pasaje bio-médico de la noción de inmunidad natural (condición pasiva) al de inmunidad adquirida (condición activa):
La idea de base que interviene en cierto punto es que una forma atenuada de infección puede proteger a una más virulenta del mismo tipo. De aquí la deducción –comprobada por la eficacia de las distintas vacunas- de que inocular cantidades no letales de virus estimula la formación de anticuerpos capaces de neutralizar por anticipado las consecuencias patogénicas (Esposito, 2009:17).
El paradigma inmunitario[18] será contrapuesto al comunitario, la relación que los liga está dado por la brecha que los vincula, respecto al contrato social, aquel que indica qué es lo que cada individuo puede (y debe) aportar de sí para la vida en sociedad: se trata de una donación y retribución del sujeto individual a la comunidad de la que depende y en la que subsiste, eso que Esposito (2009) denomina munus[19].
En tiempos de pandemia la brecha inmunitaria articula discursos atravesados por cierta cadencia bélica: una tensión subrepticia que recuerda lo peor de la historia de la humanidad las Guerras Mundiales. Se habla de una “economía de guerra”, de “un enemigo evasivo e invisible”, de “restricciones de alimentos”, de “auto-cuidado”, de “control” y de “seguridad en los territorios”. Así, sin prejuicios y casi como si cubriera con un velo hipertrofiado de tecnicismo y fundamento científico, emergen los discursos de guerra reconfigurados al ámbito político y social, en otras palabras, una grilla discursiva inconciliable: el amigo vs el enemigo (Schmitt, 2009, Agamben, 2003). El amigo, una comunidad “sana”, “responsable”, “organizada” en pos del resguardo inmunitario y bajo la tutela soberana y disciplinaria de los gobiernos; y por el otro, al potencial “enemigo”, el enfermo, el contagiado, el “indisciplinado”, aquel que sin mediar distinción alguna se lo liga directamente con el “mal supremo” que trae la enfermedad y la muerte, aquel al que se debe desterrar.
Surgen reminiscencias de discursos de guerra[20] que se incardinan y alinean en simultáneo con prácticas disciplinarias “regulares”, es decir, normalizadas (Foucault, 2012) en los circuitos de la administración pública y en disposiciones securitarias en todo el mundo. Un “paradigma inaugural” de guerra se replica en las conferencias de prensa en los mandatarios del mundo a distintas escalas y jurisdicciones de gobierno, ello se pudo evidenciar en una de ellas llevada a cabo por el presidente francés Emanuel Macron, señaló: “Estamos en guerra. En guerra sanitaria, cierto. No luchamos contra otro ejército ni contra otra nación, pero el enemigo está ahí y avanza (…)”[21], Donald Trump dijo en tono eufemísticamente optimista (ya que luego la situación epidemiológica de Estados Unidos lo desacreditaría por completo): (…) “Ahora estamos manteniendo la separación, nos estamos deshaciendo de la plaga (…) es una plaga en nuestro país como nunca nadie ha visto, pero estamos ganando la batalla, ganando la guerra”[22]. A fines de febrero EUA era el país más afectado por coronavirus en el mundo registrando 20.608 decesos y 530.006 contagios. Las palabras de los presidentes del mundo calarían profundo replicándose como un eco redundante y con efectos simbólicos significativos en los referentes de gobierno a nivel regional y local. Alberto Fernández mencionaría, en la conferencia del 30 de marzo la decisión de prolongar la cuarentena hasta entrada Semana Santa:
(…) “el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuse hace diez días, vamos a prolongarlo hasta el día que termine la semana santa, es un largo camino que vamos a enfrentar –como siempre les digo- esta es una guerra contra un ejército invisible, que nos ataca en lugares en donde –a veces- no esperamos, pero estoy seguro que esto tiene mucho sentido y estoy seguro que si lo seguimos cumpliendo sus resultados van a ser muy favorables” (Casa Rosada. Presidencia, presidente Fernández, 30 de marzo).
A nivel local, el gobernador de Salta Gustavo Sáenz[23] dispondría una serie de medidas, con fundamento en un dispositivo (COE[24]) creado por resolución (R. S/C 100009407), para atender la situación epidemiológica del COVID-19 en la capital provincial. Este dispositivo, a su vez, crearía la Central de Operaciones de Control y Seguimiento[25], y bajo un diagrama y una grilla discursiva disciplinaria (Foucault, 2012) dispondrían una serie de medidas que irían desde el control exhaustivo en los medios públicos de tránsito, el de los comercios, la prohibición de la práctica de deportes grupales, la restricción de reuniones familiares, el control de las fronteras, el cierre parcial de la entrada de extranjeros a la provincia, el uso obligatorio de tapabocas, entre otras disposiciones y restricciones que establecían multas de hasta 20.000 pesos a los infractores. Medidas basadas en la excepcionalidad jurídica[26] (Agamben, 2005) como fundamento de una retícula disciplinaria altamente efectiva, pero sin mayor razonabilidad en el reconocimiento de condiciones particulares de vida de los grupos, en ocasiones sumamente contradictorias, incoherentes y rígidas.
En última instancia, la puesta en escena de la rigurosidad dispuesta por la cuadrícula de seguridad provincial en las calles parecía no atinar en una modalidad que optimizara los recursos humanos de sus estrictos operativos de control, obviando, en ocasiones, situaciones de desatención mediocres que exponían a riesgo a grupos poblacionales en determinados sectores de la capital salteña. En el programa radiofónico “Sin Filtro” de “Radio Salta”, emitido el día 22 de julio, uno de los locutores que integran su equipo, replicó a la Ministro de Salud de la provincia al aire vía telefónica : (…) “en un pasaje de esta charla, usted dice que se está trabajando para cuidarnos y hace instantes nada más, mencionó que es la actitud nuestra la que tiene que hacer que nosotros nos cuidemos, en esta ambigüedad de cosas, están dadas las condiciones para que los culpables sean la gente, la propia sociedad”[27]. El 13 de julio el diario local El Tribuno informaba que el COE determinaría un “operativo cerrojo” en 10 barrios, ya que se habían constatado dos casos positivos de coronavirus, pero no había mayor información de su posible contagio[28]. En dicho operativo se extremaba el control del ingreso y egreso de vecinos de los barrios, quienes debían acreditar que vivieran allí. En estas y en otras acciones se cristalizaba la presencia estratégica del gobierno en el control, pero no en la asistencia a las comunidades en sus umbrales de vida en tiempos de crisis y antes de ella.
Lateralidad: el enemigo asecha, el enemigo es invisible, y en el devenir de la posibilidad de enfermar, el cuerpo individual del sujeto en comunidad, del ciudadano salteño (y el de toda la humanidad), somete sus prácticas de vida a una cuadrícula disciplinaria altamente invasiva que lo gobierna, que suspende el derecho consagrado y su propia libertad en pos de una moral-jurídica y política que proclama un “dejar hacer” bajo el postulado crítico de “salvaguarda universal”. Se trata de un evidente ejercicio de poder performativo[29] (Butler, 2002) que modula a los sujetos individuales en comunidad, los “obliga a hacer”, los coacciona a obedecer y que, sin mediar mayor argumento, ejecuta el “brazo duro”, pero paternal del soberano incuestionable y pretende con ello sujecionar a gran parte de la población, anticipando como horizonte valorativo el principio y el discurso de una “práctica de cuidado comunitario y ciudadano” de captura claramente liberal en tiempos de neoliberalismo.
El/la indócil, la y el díscolo, la y el que no acata la norma es enemigo raso y el blanco sobre el que debe caer la pena, la represión, la disciplina: “¿estamos volviendo a los tiempos de la disciplina del poder soberano?”[30], se preguntan algunos filósofos políticos. Desde Salta también nos preguntamos: ¿qué sucede con aquellas poblaciones que viven y vivían por debajo de los mínimos vitales antes de la pandemia y que paleaban sus necesidades en el día a día “con changas”[31], con “trabajo en negro” y a destajos, y que de esa manera subsisten en sus espacios de vida? Hacemos referencia a aquellas personas que habitan los barrios populares (las villas y los asentamientos) y que ahora se encuentran frente a un “monstruo sistémico” que, por medio de las “providentes y benignas” disposiciones de cuidado y seguridad comunitarias de gobierno (políticas públicas gubernamentales) ponen en evidencia sus condiciones de “perpetuos” out-sider sistémicos, o más bien de emergentes biopolíticos, estrangulados por una grilla económica desacelerada que pone en entredicho (junto a toda la población mundial) la reproducción de sus vidas. Entonces, ¿cómo codifica el gobierno (en el caso salteño) a estas poblaciones y qué medidas tomó y toma al respecto en el transcurso de esta crisis?
4. Políticas públicas y políticas comunitarias desde los barrios populares
En el marco de la emergencia socio sanitaria la presidencia de la nación dispuso el llamado Ingreso Familiar de Emergencia[32] (IFE) destinado a trabajadores informales y monotributistas jerarquizados en las primeras categorías de la ANSES[33]: Se trata de una compensación económica de diez mil pesos[34] para palear la coyuntura. Esta medida económica comprendida dentro de las coordenadas de las Políticas Sociales Públicas (focalizadas) fue pensada y dirigida a la población “en gris”, a aquellos que de igual forma y mediando las compensaciones subsidiarias del gobierno nacional sobreviven a un prolongado “invierno” desde su “trinchera” en contextos de crisis. Cuando nos referimos a políticas públicas y sociales, lo hacemos comprendiéndolas como:
(…) un conjunto de artes de gobierno siguiendo a Foucault (activas o por omisión) y un campo de lucha cultural y político donde se construyen y resignifican jerarquías (sociales, económicas, étnicas) naturalizándolas, por medio de un proceso clasificatorio a veces marcadamente estigmatizante -debido a las diversas pruebas de carencia de medios de subsistencia- y otras construyendo sujetos por medio de derechos. Su objetivo es diverso y contextual, desde lograr cierta inclusión social a neutralizar o controlar poblaciones u organizaciones de base que son percibidas como amenaza constituyéndolas, a veces como sujetos de derecho, en ciudadanos de segunda o en socios que participan, como reza la palabra inglesa “stakeholder” en los documentos de las AMD” (Álvarez Leguizamón, 2015:68-69).
A su vez, interpretamos a las políticas públicas sociales como Paulizzi las codifica desde Shore (Shore, 2010, en Paulizzi, 2020), es decir, a partir de sus efectos (lo que producen), en cuanto a las relaciones que configuran y los sistemas de pensamiento en las que están inmersas.
Desde el momento en que se ejecutó el IFE surgieron controversias, como, por ejemplo, la coordinación de los cobros. En Salta fueron expuestos casos de corrupción por parte de funcionarios políticos de 32 municipios, que se endilgaron cobrar el monto económico que fuera pensado para los sectores debajo de la línea de la pobreza[35]. El caso es significativo cuando se trata de sumar variables desde un punto de vista multidimensional de las condiciones de pobreza en la provincia, como remarcó el titular del CES[36] Lucas Dapena en entrevista con diario El Tribuno, anticipó que dos de cada diez salteños no alcanzarán nunca la movilidad social ascendente: "En Salta nacen pobres y mueren pobres, víctimas de la pobreza estructural, sin servicios públicos esenciales, sin educación, sin posibilidad de progreso"[37], un argumento válido en la configuración de la producción de pobreza persistente (Álvarez Leguizamón, 2015), asimismo, otras de las tantas formas de violencia institucional determinada por estas “discretas” formas de corrupción política y clientelar de los gobiernos de turno hacia las poblaciones más pobres de entre los pobres en Salta.
Otra de las políticas que atraviesan la condición de emergencia socio-habitacional de los barrios populares que se ubican en el AMSA[38], y que suscitó interés desde un primer momento por parte de éstos, fue el lanzamiento del Plan provincial “Mi lote”: el gobernador anunció que 10 mil a 12mil lotes serían entregados en un lapso que se extenderá hasta 2023. Respecto a las ubicaciones sociales de los lotes, los funcionarios indicaron que un 60% del total de las entregas previstas estarán en el interior y el 40% restante en el área metropolitana de Salta[39]. El manejo “publicitario” del plan, estuvo atravesado por un descrédito permanente hacia los sectores populares en lucha, ya que ante la reciente toma de terrenos en la zona sur de Salta capital[40] el gobierno arremetía criminalizando las luchas por la regularización de las tierras que llevan adelante los sectores populares, desconociendo subrepticiamente el problema histórico socio-habitacional y la pobreza estructural que pervive en la provincia en su totalidad.
El día 17 de junio y posteriormente el 8 de julio de 2020, parte del grupo de referentes delegadas de la mesa de barrios populares se reunió con funcionarios de gobierno provincial: titular de Tierra y Bienes, el coordinador general de Desarrollo Social, y funcionarios del área técnica de Regularización Dominial. En dichos encuentros se realizaron una serie de pedidos que anticipaban el encuadre de la mesa de barrios populares respecto del plan “mi lote”, ante la referencia del trabajo llevado a cabo un año antes en el IPV (mesa de trabajo) con otros organismos de la provincia. Ante la Urgencia del COVID-19 se propuso al funcionario de Desarrollo Social rever el circuito de asistencia a los merenderos y comedores, ya que mucha de la mercadería que admitían proveer no llegaba a su destino y, en tiempos de crisis, las y los vecinos de los barrios no admitirían errores de ese calibre.
Lateralidad: hacia dentro de los barrios la situación es más “densa” y pesarosa, pues se debe hacer frente no solo a la crisis, sino al desasosiego de estar “bloqueado” y “controlado” en el paso; encerrado a las puertas del “laburo”[41] de la “changa” que sustenta la vida en la comunidad, y además un virus que (te) mata por no contar con las condiciones estructurales para realizar una cuarentena, sin agua, sin luz, entre otros servicios esenciales. Si antes de la pandemia el circuito de acción gubernamental elegía en su racionalidad “dejar morir discretamente” a las poblaciones en condición de extrema pobreza bajo el sustento y compensación de los mínimos vitales; en tiempos de pandemia, el cuadro es caótico.
Merece unas líneas recordar que antes de la pandemia, el flamante mandato del gobernador Sáenz había “estrenado” su gabinete trastocado por “noticias de ayer”, que perpetuaban el silencio de los funcionarios ante un grito desgarrado en lengua india: en enero y febrero ya se contabilizaban más de 25 muertes de niños por desnutrición en las comunidades wichis[42] en la capital provincial: la sinfonía tanatopolítica es la de un denso silencio que recorre los bordes sistémicos y se extiende directamente, desde los barrios más pobres de la Argentina, hasta los caminos de tierra donde inicia la necrópolis cultural-india del norte de Salta.
5. Políticas comunitarias para el salvataje
En una micro-encuesta llevada a cabo por la organización TECHO a los habitantes de 18[43] barrios populares en comedores y merenderos de Salta capital (con un total de 25 respuestas)[44], algunos de los datos más significativos en relación a dichos dispositivos de contención (que trabajan, en su mayoría, de lunes a viernes y a pesar de las limitaciones de la pandemia) fueron que: el 72% corresponde a la tipología de merenderos y 28% a comedores con un promedio de 5 años de antigüedad. En la misma proporción, se logró determinar que 72% se encuentra actualmente abierto, y 28% cerrados. De aquellos que están abiertos, el 83% está destinado tanto adultos como niños y, únicamente el 17% atiende a niños. En total se contiene a más de 1731 personas, de ellos, 1412 son niños y 319 son adultos.
Algunas vecinas agregaron a estos últimos datos, que antes los comedores y merenderos que permanecen abiertos atendían solo a niños/as. Ahora acompañan a familias completas, gente de la calle, a veces atienden a más de 100 personas. En ocasiones abren solo una vez por semana en la medida en que consiguen donaciones. Mencionan, además, que la demanda acrecentó: “nos quedamos cortos con los recursos ya que son muy pocos”. Sumado a los datos aquí desagregados, es necesario destacar que la forma de financiamiento u obtención de insumos en su mayoría proviene de donaciones particulares, en menor proporción del gobierno nacional y también de partidos políticos.
Coincidimos en decir, considerando lo que experimentan las poblaciones más pobres que habitan los barrios populares de Salta respecto a las restricciones que produce la pandemia, que uno de los circuitos de “salvataje” más importante durante esta crisis son las prácticas comunitarias y dispositivos como comedores, merenderos, centros comunitarios y vecinales, roperos comunitarios, entre otros. Sabemos, por nuestra experiencia, que lo que ahí se produce es “algo más” que la entrega “filantrópica” de alimentos, ya que estos espacios operan como nodos profundos de contención social en situaciones de vida extrema como las que se observaban antes de la pandemia y que se profundizaron y visibilizaron a partir de ella.
Comprendemos que la gama de prácticas que se encuadran dentro de lo que llamamos políticas comunitarias[45]: abarcan diversas estrategias inmediatas y/o directas como gestiones por recursos (sobre todo materiales), organización de la comunidad: asambleas, elecciones de delegados barriales y voceros representantes, distribución de comisiones de trabajo para la limpieza del medio, organización para el montaje de tendido eléctrico, enripiado y a la provisión de servicios por medios formales y no formales. Estas tácticas abarcan también la organización vecinal para la seguridad (ante la presencia de daños perpetrados por personas que viven en la propia comunidad, y ante el surgimiento de situaciones que atenten desde fuera de los territorios, ej.: intentos de desalojos). Entre otras acciones micropolíticas que se desarrollan en el medio comunitario podrían mencionarse el uso de actas y centralización de documentación de relevancia para la comunidad (notas dirigidas a ministerios, secretarías y demás administraciones de gobierno en sus distintas escalas: municipal, provincial, nacional).
Las llamadas políticas comunitarias que involucran a su vez dispositivos como merenderos y comedores y otros espacios comunitarios, se pergeñan tácticas creativas de resistencia: prácticas significativas que dan cuenta de un amplio abanico de resistencias en la organización de política comunitaria: “astucias” (De Certeau, 2000), comprendidas como tácticas[46] dispersas, heterogéneas y creativas, articuladas con base en los detalles de lo cotidiano, que se reinventan en la vida cotidiana, en las maneras en las que los individuos desarrollan su “hacer diario”. Estas son prácticas que se evidencian en poblaciones y grupos en condición de pobreza, en villas y asentamientos de nuestro país, pero que también se replican singularmente en los abarrotados suelos de las callampas, las favelas, los bohíos, los caracoles y los barrios populares de Nuestra América.
6. Conclusiones
La pandemia hizo mella en los cuerpos y en las subjetividades las personas en todo el mundo, existe y generó un daño desproporcionado e irreparable hasta ahora. Al momento en el que se concluye este artículo[47] se enumeran centenares de muertes por COVID-19: a nivel mundial el número de infectados asciende a 18.267.375, en Argentina 201.919 y en Salta de 252 casos[48].
Muchos reputados filósofos y pensadores han aproximado sus pronósticos de “la nueva era” post- pandemia[49]. Lo cierto es que hasta ahora lo que ocurre, en el fugaz tiempo virtual en el que se suceden las reflexiones y opiniones de académicos y periodistas sensacionalistas (salvando las distancias), es disímil respecto a un tiempo existencial, lento y extremadamente pesaroso que transcurre en los suelos de los más pobres del mundo, en Latinoamérica y singularmente en los barrios populares de Salta.
Las medidas de control y circulación restrictivas dispuestas por el gobierno salteño (COE) se articulan diferencialmente de forma disciplinaria, focalizadas en las poblaciones de barrios populares de la provincia. A la menguada provisión de recursos e ingresos familiares con las que subsisten los grupos de estos sectores, se suma una serie de limitaciones, debido al control indiscriminado de los llamados “operativos cerrojos”, entre otras medidas. Estas claúsulas para “el resguardo” poblacional, más que establecer medidas preventivas de salud, acrecientan, de forma continua, la inercia provocada por la desaceleración económica global, en el país y la provincia. Entre otros aspectos, profundizan la desigualdad en forma desmesurada y la exposición a la muerte (Foucault, 2012) de los sectores más pobres.
En ese marco constrictivo, las poblaciones menos favorecidas por dichas racionalidades de gobierno se ven restringidas incluso del cobro de políticas focales (IFE) de “salvataje” propuestas por el gobierno nacional, ya que se repiten los casos en que, por problemas “del sistema”[50], estas personas no pudieron acceder a dicho beneficio social.
Como contracara de los modos disciplinarios de gobierno con fundamentos discursivos en base a “políticas de cuidado” social, las tácticas cotidianas de resistencias (De Certau, 2000) se traducen en dispositivos y prácticas que se desarrollan creativamente desde los espacios de las comunidades barriales más pobres. Desde las trincheras de los territorios segregados de la ciudad, el devenir de la potencia plebeya de los barrios populares y los “muchos mundos” que la componen, amalgaman sus tejidos de redes de apoyo y de ayuda mutua, como modos contensivos para paliar la situación económica extrema como producto de la pandemia.
En Salta los barrios populares continúan en pie de lucha por la regularización de la tierra que habitan. A la sobrevivencia que se pergeñaba antes de la pandemia, ante las condiciones precarias de vida, se suma el nuevo arte de sobrevivir al virus: una cuarentena (en algunos casos) a “cielo abierto” y en “tierra de nadie”, territorios hiperdegradados (villas y asentamientos) en los que las poblaciones que allí habitan transitan el “confinamiento” por coronavirus y de las que pocos hablan. Nos referimos a grupos poblacionales que sobreviven en condiciones de pobreza absoluta y, que en algunos aspectos se escinden profundamente al benigno propósito del “auto cuidado” más elemental como mandato disciplinario de gobierno y cuidado comunitario: cuando lo elemental de la supervivencia y el Derecho Humano (el agua, el techo y el alimento) está fuera del alcance de los y las que articulan creativamente tácticas para resistir a la inclemencia social acentuada por el virus; pero que aun así, se afirman en sus propias potencias, aquellos y aquellas que no cesan de luchar por mejorar cualitativamente sus propias vidas desde el trabajo en y por su comunidad.
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[1] Licenciado en Trabajo Social (UNJu), Maestrando en Derechos Humanos (UNSa), Doctorando en Ciencias Sociales (UBA), Diplomado en Filosofía Descolonial de la Liberación (UNJu- 2da y 3ra Cohorte). Becario Doctoral CONICET (ICSOH). Sus tópicos de investigación: Pobreza, Políticas Sociales, Teoría Política y Filosofía. Miembro de grupo de investigación “Gubernamentalidad, poder pastoral y crítica”, “Poder y minorías: prácticas de resistencia, lógicas de diferenciación y autogobierno” (UNSa) y, “Sistematización de las Intervenciones Sociales Supervisadas y Pedagogías Criticas: debates teóricos e implicancias prácticas en torno a la construcción de proyectos políticos pedagógicos institucionales en y desde la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) período 2015-2021”. (UNMDP): gonzaloferna8@gmail.com
[2] Las medidas de Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio fueron anunciadas por la Presidencia de la Nación mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia: N.º 297/2020 y comenzaron a regir el 20 de marzo de 2020. Dichas medidas rigieron para cada provincia del país y el gran Buenos Aires, en supervisión del gobierno nacional. A partir del 4 de junio se anunció desde la presidencia que 18 provincias (sobre 24) levantarían la cuarentena en sus territorios y pasarían a un régimen de «distanciamiento social» con una serie de protocolos sanitarios. Ver: Argentina. Presidencia- Boletín oficial de la Argentina (2020) Legislación y avisos oficiales. Recuperado de: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
[3] Según informa la tipología establecida por el RENABAP: “se considera Barrio Popular a los barrios vulnerables en los que viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del acceso al suelo, ni acceso regular a dos, o más de los servicios básicos” (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal). Ver: RENABAP (2020) argentina.gob.ar. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/noticias/barrios-populares
[4] Transición de gobierno presidencial de Mauricio Macri (Partido “Juntos por el cambio”) al del actual presidente Alberto Fernández (Partido “Frente de todos”)
[5] En referencia al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
[6] Mínimo de pobreza extendido (Linge de pauvreté minimale élargie) “Esta expresión ha sido desarrollada en la universidad de Otawa, Canadá (Genné, 1992), basada en el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas (PNUD, 1992). Consiste en la estimación del gasto mínimo de alimentos sumada al gasto básico en artículos no comestibles y al gasto gubernamental en la satisfacción de las necesidades” (Necesidades Básicas) (Spiker, Leguizamón y Gordon, 2009, p.203).
[7] Nos interesan las prácticas discursivas y no discursivas o extra-discursivas (Foucault, 2018).
[8] La investigación acción participativa, nos recuerda Holliday (2013): es “un enfoque investigativo de origen principalmente latinoamericano que busca la plena participación de las personas de los sectores populares en el análisis de su propia realidad, con el objeto de promover la transformacion social a favor de esas personas: oprimidas, discriminadas, marginadas, explotadas” (p.148).
[9] Ley de Integración socio-urbana (2020) argentina.gob.ar. Recuperado de:https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27453-315739
[10] En diálogo con algunas integrantes de la mesa de barrios populares, nos aclararon que el espacio de la mesa cuenta ya con 4 años de conformación, aun así, analíticamente, consideramos que hay un antes y un después del día de la marcha del 16 de julio.
[11] La Mesa de Trabajo, surge como una singular instancia de diálogo que conglomera a funcionarios de distintas áreas de gobierno de la provincia de Salta (Recursos Hídricos, Regularización Dominial, Instituto Provincial de la Vivienda, autoridades municipales de Salta capital, San Lorenzo). También acompañan empresas privadas como Aguas del Norte, EDESA y otros prestadores de Servicios Públicos. Integran la mesa también, las y los vecinos de barrios populares, el Defensor del Pueblo de la Nación (delegado en Salta) y otros profesionales, a estos últimos se los designó como ‘Aliados/Colaboradores’.
[12] Instituto Provincial de la Vivienda.
[13] En relación a la grilla de análisis político de Schmitt (2009). Teología Política. Madrid: Trotta.
[14] Ver: Anderson (1993). Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica.
[15] Ver: Foucault, (2011). Seguridad, Territorio, Población. Curso en el Collègue de France: 1977- 1978. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica/ Foucault, (2012) Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collègue1978-1979: Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
[16] Esposito (2009). Immunitas. Protección y negación de la vida. Buenos Aires: Amorrortu.
17 Ibid.
[18] Es necesario aclarar que en este trabajo se recupera el concepto inmunidad para reflejar ciertas prácticas y discursos en torno al análisis de la actual emergencia socio sanitario global. Comprendemos que dicha noción se encuentra simétricamente opuesta a la categoría y dispositivo biopolítico a la que adherimos como operador epistémico y grilla de lectura política.
[19] En latín el munus era el tributo que alguien debía pagar por vivir o formar parte de la comunidad. La comunidad es cum (con) munus (deber, ley, obligación, pero también ofrenda (…) El sustantivo inmunitas es un vocablo privativo que deriva de negar el munus. En el derecho romano, la inmunitas era una dispensa o un privilegio que exoneraba a alguien de los deberes comunitarios. Aquel que había sido exonerado era inmune. Mientras que aquel que estaba disminuido era aquel al que se le había retirado todos los privilegios de la vida en comunidad (Preciado, P, B, 2020, en Amadeo,P. 2020:165).
[20] “La lectura, incluso orientada solo al plano léxico, de los manuales de inmunología más difundidos lo pone ampliamente de manifiesto. El sistema inmunitario se describe allí como un verdadero dispositivo militar defensivo y ofensivo contra todo lo que no es reconocido como “propio” y que, por tanto, debe ser rechazado y destruido. Lo que más impresiona es el modo como se subordina una función biológica a una visión general de la realidad dominada por la exigencia violentamente defensiva ante todo aquello que resulte extraño. Sea cual fuere la génesis ideológica a la que ese estereotipo responde, lo que sale a la luz es su tonalidad objetivamente nihilista: la relación entre el yo y lo otro –entre lo inmune y lo común- se presenta en términos de una destrucción que, finalmente, tiende a involucrar a ambos términos de la confrontación” (Esposito, 2009:29).
[21] Mencionó explícitamente el día 16 de marzo: “Estamos en guerra. En guerra sanitaria, cierto. No luchamos contra otro ejército ni contra otra nación, pero el enemigo está ahí y avanza y esto requiere de una movilización general y todas las acciones del gobierno deben estar encaminadas a la lucha contra la epidemia, de día y de noche y nada debe desviarnos de ese objetivo”. Ver: El Mundo (2020) Emanuel Macron, sobre el coronavirus: “Estamos en guerra”. El Mundo. Recuperado de:
https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/16/5e6fea0121efa0302a8b45e7.html
[22] Infobae (2020) “Donald Trump habló del coronavirus en su mensaje de pascuas: Es una plaga como nunca se ha visto, pero estamos ganando”, Infobae. Recuperado de:https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/04/12/donald-trump-hablo-del-coronavirus-en-su-mensaje-de-pascuas-es-una-plaga-como-nunca-se-ha-visto-pero-estamos-ganando/
[23] Actual gobernador de Salta por el partido “identidad salteña”.
[24] Comité Operativo de Emergencia, inicia funciones el 22 de Marzo bajo disposición R. S/C 100009407: “que debido a la situación existente vinculada al COVID-19 (coronavirus), declarada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia, el 13-03-2020 se declaró el estado de emergencia socio-sanitaria en todo el territorio provincial (…) como consecuencia de dicha declaración se creó el Comité Operativo de Emergencia (COE) integrado por todos los representantes de todos los ministerios y presididos por la Ministra de Salud de la provincia el cual, tiene por finalidad, atender la problemática vinculada a la prevención, asistencia y control sanitario y todas las acciones que resulten pertinentes a los fines de cumplimentar los objetivos propuestos”. Ver: Boletín Oficial de Salta (2020) boletinoficialsalta.gob.ar. Recuperado de: http://boletinoficialsalta.gob.ar/NewDetalleAvisosAdministrativos.php?orden_pub=100078894
[25] La Central de Operaciones de Control y Seguimiento (COCS) está integrada por el Ejército Argentino (EA), Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Ministro de Seguridad, Emergencias Medica (S.A.M.E.C), Empresas de Servicios Públicos, Aviación Civil de Salta. La resolución que lo crea admite en su artículo 1: “Créase la Central de Operaciones Control y Seguimiento Covid-19 (COCS Covid-19) el cual tendrá la función de centralizar las distintas unidades de mando y comando de las operaciones de emergencia referente al Covid-19; coordinando las acciones con el sistema público y privado de salud, ya sea dentro del primer, segundo y tercer nivel de atención provincial o interprovincial, Ministerio de Salud Pública, organismos nacionales, provinciales, municipales y otros”. Ibídem: Boletín Oficial de Salta (2020).
[26] Ver: Agamben (2005) Estado de excepción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
[27] Cita tomada de la entrevista realizada el 22 de julio por el equipo de Radio Salta 96.9 FM. Programa Sin Filtro, a la Ministro de Salud de la provincia de Salta Dra. Josefina Medrano.
[28] El Tribuno (13/07/2020) Coronavirus por dos casos sin explicación estudian 10 barrios capitalinos. El Tribuno. Recuperado de: https://www.eltribuno.com/salta/nota/2020-7-12-21-34-0-coronavirus-realizaran-rastrillajes-casa-por-casa-en-casi-diez-barrios-de-salta
[29] Menciona Butler (2002:316) (…) “la performatividad debe entenderse, no como acto singular y deliberado, sino, antes bien, como la práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra (…) la performatividad es una esfera en la que el poder actúa como discurso”
[30]Ver: Han (2020), en Amadeo (2020). En “Crónicas y meditaciones”, Berardi (2020) conjeturará respecto de los abusos de poder cometidos por parte de la fuerza de policía contra las poblaciones en tiempos de pandemia, sobre todo en la represión hacia los y las jóvenes. Al respecto se preguntará: “¿No estamos presenciando un nuevo estilo de un poder policial integrado por tecnologías de control inexorables?” (2020:89).
[31] Forma nativa del trabajo a destajos y en negro.
[32] ANSES. Ingreso Familiar de Emergencia (2020) anses.gob.ar. Recuperado de: https://www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia
[33] Administración Nacional de Seguridad Social.
[34] En fecha 3 de agosto de 2020, el valor del dólar en Argentina era de 76,20, según el precio de pizarra del Banco de la Nación Argentina.
[35] Al menos 20 ediles están en la mira por haber cobrado el IFE y otros 54 se encuentran registrados para cobrarlo. La imputación que les cabría es de “defraudación a la administración pública o intento de fraude”
[36] Consejo Económico Social.
[37] El Tribuno (27/07/2020). Dos de cada diez salteños nacen y mueren pobres. El Tribuno. Recuperado de: https://www.eltribuno.com/salta/nota/2020-7-27-0-0-0-dos-de-cada-diez-saltenos-nacen-y-mueren-pobres
[38] Área Metropolitana de Salta.
[39] El Tribuno (24/06/2020) A partir del 1 de agosto y de manera virtual comenzarán las inscripciones para el plan “Mi lote”. El Tribuno. Recuperado de: https://www.eltribuno.com/salta/nota/2020-6-24-11-32-0-a-partir-del-1-de-agosto-y-de-manera-virtual-comenzaran-las-inscripciones-para-el-plan-mi-lote
[40] Ver: https://www.pagina12.com.ar/268263-desalojo-y-represion-sin-orden-judicial-en-la-toma-de-barrio
[41] Palabra en lunfardo que alude al trabajo.
[42] Rodríguez (09/04/2020). La justicia de Salta investiga la muerte de 25 niños wichis en enero y febrero. Clarín. Recuperado de: https://www.clarin.com/sociedad/justicia-salta-investiga-muerte-25-ninos-wichis-enero-febrero_0_BfSKzxsNN.html
[43] Divino niño 2, El Paraíso, Fraternidad, Juan Manuel de Rosas, Floresta, Norte Grande, Ampliación 20 de junio, Progreso, Los Sauces, Primero de Mayo, Barrio Unión, La Ciénaga Loteo Nuevo, Los Piletones, Las Colinas, Solís Pizarro, La Ciénaga, La Cerámica, San Justo ver: Techo Salta (2020) Relevamiento de Comedores y merenderos en Barrios Populares de Salta capital y San Lorenzo. Informe interno realizado por la ONG TECHO-SALTA en el mes de mayo. Contacto: carlos.duran@techo.org
[44] 25 respuestas de referentes de comedores y/o merenderos.
[45] Es necesario destacar que este tipo de nociones son elaboradas al calor de las experiencias suscitadas en los diversos acompañamientos comunitarios en los que tuvo oportunidad de participar el Trabajador Social e investigador que escribe, en estrecha relación con las y los actores que habitan las villas y asentamientos, hoy denominados ‘barrios populares’.
[46] El filósofo francés De Certeau (2000) desarrolla lo que comprende por táctica, en un sentido heurístico y rizomático (…) “llamo táctica a un cálculo que no puede contar con un lugar propio, ni por tanto con una frontera que distinga al otro con una frontera visible. La táctica no tiene más lugar que el del otro. Se insinúa fragmentariamente, sin tomarlo en su totalidad, sin poder mantenerlo a distancia. No dispone de una base donde capitalizar sus ventajas, preparar sus expansiones y asegurar una independencia de relación con las circunstancias (…) Lo que gana no lo conserva. Necesita constantemente jugar con los acontecimientos para hacer de ellos ocasiones” (2000:50).
[47] El presente artículo fue concluido el 3 de agosto de 2020.
[48] El Tribuno (03/08/2020) El Tribuno. Recuperado de: https://www.eltribuno.com/salta
[49] Nos referimos a filósofos como Slavoj Zizek, Byung Chul Han, Giorgio Agamben, “Bifo” Berardi, Allan Badiou, entre otros y otras, que en los primeros meses de 2020 (febrero y marzo) escribieron breves, pero contundentes artículos en torno a la pandemia del COVID-19. Estos trabajos fueron compilados en una “bitácora” por Pablo Amadeo. Ver: Amadeo (2020).
[50] Nos referimos a los procedimientos administrativos y virtuales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).