1. Introducción

El pasado mes de agosto de 2020 en un contexto muy particular como país -previo a la realización del plebiscito sobre el cambio constitucional-, y como sociedad en general a nivel mundial - a causa de la pandemia por Covid-19-, entrevistamos a la actual Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz García.

La Defensoría de la Niñez nace en junio de 2018 en tanto organismo autónomo del Estado, es decir, no cuenta con la supervigilancia de otros organismos, lo cual le brinda independencia en el ejercicio de sus funciones. Que Chile contase con un organismo de esta índole es relevante en términos de garantizar los derechos de la niñez en adecuación a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en concordancia a los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Al respecto, en esta entrevista se problematizan diversas cuestiones sobre la operacionalización del organismo, los límites que se han ido presentando en su implementación, los desafíos que implica la defensa de los derechos de los niñas y niños y adolescentes en un contexto atravesado por importantes denuncias sobre situaciones vividas por estos últimos en organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores, entre otras, que han marcado la agenda nacional en los últimos años. A continuación, se presenta una visión crítica y reflexiva tanto del rol del Estado como de la nueva institucionalidad, Defensoría de la Niñez, por parte de su principal representante.

2. Diálogo

Fabiola Miranda: La primera pregunta va en relación a cuál es tu balance del trabajo en la Defensoría de la Niñez ya a dos años de haber asumido el cargo, desde el 2018, y considerando también el pequeño gran desafío, aparte de ser mujer, de ser la primera Defensora, que es la cual inaugura justamente el cargo, la piedra de la gestación de la institución.

Patricia Muñoz: Bueno, ha sido un proceso desafiante porque lo que descubrí al momento de asumir es que la creación de una institución por la vía de la ley no asegura el soporte orgánico o institucional para poder instalar una institucionalidad. Yo siempre lo grafico en el ejemplo que doy de que yo partí trabajando en un café, a una cuadra de La Moneda, con mi computador. Eso era la Defensoría de la Niñez. Porque, a pesar de que yo fui nombrada o designada el 18 de abril del 2018, yo asumí el cargo el 1° de junio del 2018 pero, entre ese período de tiempo, desde la administración del Estado no hubo ninguna gestión o trabajo que favoreciera de alguna manera la implementación de la institucionalidad. Me estoy refiriendo a cosas tan elementales como crear el rut, como permitir entonces que llegara el presupuesto, como generar espacios de contratación, todo lo cual quedaba sujeto a mi llegada y a, con mi llegada, poder empezar a generar eso, lo que implicaba además la contratación de personas, pero la contratación de personas que no se podía hacer porque la institución no existía con rut y con todo eso, entonces, es bien complejo desde ese punto de vista y yo creo que, parte de lo que hemos analizado, tiene que ver con el desafío de que en Chile no solo se creen instituciones con la legalidad sino que también esa ley contemple exigencias para los órganos de la administración del Estado de cómo dar soporte y permitir que la generación de una nueva institución sea lo suficientemente rápida y eficiente desde el punto de vista administrativo. En ese sentido, ha sido desafiante porque obviamente yo no pensé que iba a ser así, que no iba a haber nada, en el fondo, que íbamos a tener que estar pidiendo por favor que nos dieran alguna oficina o nos prestaran alguna oficina en algún momento para poder trabajar porque era vergonzoso e insostenible trabajar en un café, francamente, y desde ese punto de vista, hay falencias.

Luego, viene todo lo que implica la implementación, que además es algo que sigue estando en curso porque se va haciendo en paralelo, y porque además acá nosotros nunca hemos tenido, como institución, la excusa de, “Es que estamos implementando, entonces, en realidad no hacemos la pega”, muy por el contrario, y eso también genera estrés, estrés en el sentido de la recarga que involucra estar, por una parte, gestionando lo que involucra la implementación y, en paralelo, tratando de responder a aquellas obligaciones que la ley te impone.

Evidentemente, el desafío es algo que resulta a todas luces importante por el impacto que tiene la labor de una institución como esta y, en ese sentido, ciertamente nosotros las brechas mayores las vemos en que se crea una institución con una cantidad y una multiplicidad de funciones pero no se concibe, desde la creación, la necesidad de contar con recursos humanos y presupuestarios suficientes para desarrollar esta tarea con un enfoque territorial que permita que esté instalada en todas las regiones del país. De hecho, con bastante pelea hemos logrado tener cinco regiones, más la sede nacional, a la fecha, pero seguimos insistiendo en la necesidad imperiosa de que la Defensoría tenga una sede en cada región del país, que es lo que pretende asegurar la igualdad ante la ley a todos los niños, niñas y adolescentes de Chile, que tienen derecho a tener un vínculo directo con esta institución que nació por, para y con ellos y ellas.

En ese sentido, no hay una comprensión muy clara de parte del Estado desde esta perspectiva y, en honor a la verdad, yo interpreto que cuando se genera esta ley, se genera como para cumplir con el estándar de que el Comité de los Derechos del Niño insistía persistentemente en la creación de la Defensoría de la Niñez, pero nadie mucho tenía la fe o la idea de que esta fuera una institución que pudiera hacer un trabajo que fuera relevante e incidente en el quehacer público. Y cuando yo postulé, porque es algo que me caracteriza profesionalmente, yo la pega me la tomo en serio y, si trabajo, trato de hacerlo lo mejor posible y esta institución no es la excepción, muy por el contrario, creo que habiendo sido, además, la primera, me parece que es bueno generar un estándar que permita tener claridad de qué es lo que uno debiera al menos exigirle a una institución autónoma de derechos humanos, entonces, lo que no somos es una institución que hace como que trabaja pero en realidad no trabaja, muy por el contrario. Pero eso tiene impactos, obviamente, en los equipos porque efectivamente somos pocas personas para las exigencias que impone además un Estado donde los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes no son claramente respetados, entonces, estamos permanentemente recibiendo peticiones de intervención en las áreas más diversas de lo que tiene que ver con el desarrollo vital de niñas, niños y adolescentes, que uno, ya a 30 años de la ratificación de la Convención, esperaría que estuvieran medianamente resueltos pero todavía estando en el año 2020, donde todavía hay niños que no tienen acceso al agua, por citar algún ejemplo, que no tienen acceso a educación, en fin. Entonces, estamos en un nivel bien complejo que también hace mucho más desafiante el quehacer institucional desde esa perspectiva.

Carlos Andrade: Defensora, ¿y cuál es el rol de los trabajadores sociales en el marco de la Defensoría?

Patricia Muñoz: Nosotros tenemos trabajadores sociales en todas las sedes regionales, también tenemos trabajador social en la sede nacional porque, evidentemente, el desempeño profesional desde esas áreas es muy importante. Probablemente, si hay un ámbito en el que la multidisciplinariedad, pero la interdisciplinariedad también, que es más relevante que lo multi el trabajo interrelacionado, es fundamental, es en materia de infancia y adolescencia. La mirada que se tiene que tener, omnicomprensiva, de lo que involucra el contexto ecológico y cómo influye precisamente el desarrollo de aquello en relación con el devenir de niños, niñas y adolescentes es fundamental y, desde esa perspectiva, la formación profesional de quienes se desempeñan como trabajadores o trabajadoras sociales resulta muy relevante desde el punto de vista de la intervención que se puede hacer en los distintos ámbitos de las responsabilidades que tiene la Defensoría de la Niñez. Creo que, en ese sentido, obviamente su participación favorece esta mirada interdisciplinaria, ¿no es cierto? Con profesionales del área de la psicología o del área jurídica o del área de las políticas públicas, etcétera, y permiten, por tanto, tener un prisma mayor, que es imprescindible en este contexto laboral.

Fabiola Miranda: Claro. ¿Cómo consideras que el Estado de Chile ha abordado entonces, teniendo en consideración también todo esto, la novedad del cargo y la historia que, ya sabemos, quizá no ha sido tan, a favor, pero, en general, cómo tú consideras que el Estado de Chile ha abordado entonces la situación de la infancia en general y en particular? Porque también, revisando en la página, en los medios de comunicación, tú también te has pronunciado bastante al respecto de los derechos de los niños y niñas y adolescentes en este contexto de pandemia.

Patricia Muñoz: Sí, mira, yo creo que es de manifiesto que el Estado chileno está en deuda, en una deuda bastante evidente con niños, niñas y adolescentes. Es una que, desde mi perspectiva, además debiera avergonzarnos habiendo transcurrido 30 años desde la ratificación de la Convención porque lo que demuestra esta letanía en la ejecución de acciones que sean efectivas y que impacten de manera real en la vida de niños, niñas y adolescentes, lo que demuestra es que, en definitiva, no hay una priorización de lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, una priorización que dice relación con cómo se toman decisiones de política pública con enfoque de derechos humanos, que no es lo mismo una política pública a secas que una política pública con enfoque de derechos y ustedes, como académicos, lo saben bien, y ese enfoque de derechos humanos demanda, por tanto, poner en el centro precisamente de las definiciones a quienes van a ser destinatarios de esa política pero también implica y exige del Estado la participación incidente de quienes son los destinatarios de esa política, y nosotros vivimos en un país donde a niños, niñas y adolescentes no se les permite participar, donde no se les asegura el ejercicio efectivo del derecho a opinar, del derecho a entregar opiniones respecto de las cosas en las que ellos van a ser afectados por las decisiones de adultos y, por tanto, una sociedad particularmente adultocéntrica, patriarcal, tiene incidencias muy directas en cómo se construye y se ha construido también la visión del Estado en relación con niños, niñas y adolescentes, porque se termina replicando este comportamiento estructural societario basado en el adultocentrismo y en el patriarcado, en la ejecución de las decisiones que, desde el punto de vista gubernamental y en el tránsito de 30 años de gobierno, o sea, esto no dice relación solo con este Gobierno actual sino que es mucho más transversal, y donde uno observa, por tanto, que por ejemplo, decisiones que uno esperaría que se tomaran desde la perspectiva de la política pública con enfoque de derechos humanos, asociadas, por ejemplo, a la prevención de vulneraciones de derecho que además, desde el punto de vista económico, como sostiene un premio Nobel de Economía, tiene como retorno al país mucho más efecto que el invertir en reacción, en definitiva no se va adoptando y eso merma las posibilidades de un desarrollo en el máximo de los potenciales que tienen o que tenemos que asegurar a niños, niñas y adolescentes.

Entonces, son varios los problemas; primero, la incapacidad del Estado de entender su rol, en orden a ser responsable de promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Yo creo que esa es una visión que el Estado, ‘Estado’ léase: quienes actúan en la administración del Estado, no han sido capaces de internalizar, no lo entienden completamente, no saben qué es lo que involucra, y eso tiene que ver porque quienes en definitiva ejercen los distintos cargos no son capaces de comprometerse, desde el punto de vista de la formación también, con cómo ejecutan sus labores desde ese deber. Pero también hay un tema de la dificultad que se reporta por la incapacidad de la sociedad, que también incide directamente en quienes deciden y en quienes tienen poder de decisión, de seguir viendo a niños, niñas y adolescentes como objetos de protección y no como sujetos de derecho y, por lo tanto, eso lo que hace es que se les siga viendo como accesorios a los adultos que les rodean, como quienes tienen que estar sujetos a las decisiones necesariamente que los adultos tomen donde, en general, el comportamiento tiende a invalidarles en tanto un otro, una otra persona, sino que en su minoridad. No es casual que sigamos hablando o sigan hablando muchas personas de menores, no es casual que hoy día en El Mercurio aparezca una carta del Señor Edwards diciendo, con la finalidad de ofender al Frente Amplio, que es un comportamiento infantil, donde vemos cómo los adultos también utilizan a niños, niñas y adolescentes para cuestionar, ofender o deslegitimar a un otro, como si fuese algo malo la etapa de la niñez y la adolescencia, en circunstancias que evidentemente aquello no es. Entonces, el lenguaje va construyendo realidades. La sociedad, incapaz de entender y respetar a niños como sujetos de derecho, también favorece aquello y eso trasunta en que, en definitiva, quienes tienen el poder de cambiar las cosas en su favor tampoco se comprometen con ese cambio significativo que involucra un paradigma distinto, que nos era exigido desde el año 90’, al ratificar la Convención y que sigue a la espera, y es lo que nosotros siempre demandamos desde el punto de vista del rol que tenemos como Defensoría de la Niñez.

Y en relación con la pandemia, para concluir, la pandemia ha sido una demostración más de la invisibilización de niños, niñas y adolescentes, que es lo que yo vengo diciendo desde el mes de marzo, cuando veníamos pidiendo al Ejecutivo que se generara una mesa de trabajo transversal para ver todo lo que pueda ser incidente en relación a la vida de niños, niñas y adolescentes que son víctimas, no solo de la crisis sanitaria sino que de la crisis de derechos que involucra esta crisis sanitaria, y que no solo son víctimas ahora sino que también son víctimas de las consecuencias que esta crisis está teniendo y va a seguir teniendo.

Aquello no fue atendido por todo lo que he explicado anteriormente, porque no se logra ver a los niños, niñas y adolescentes y, si tú no los ves, no eres capaz de responder a sus necesidades. Yo, en ese sentido, siempre cito a un policía, que es Bertillon, un francés, que dice “Solo se ve lo que se mira y solo se mira lo que se tiene en la mente”, y eso es importante porque cuando tú ves algo, es la única manera en que tengas la posibilidad de tomar medidas para que lo que estás viendo pueda ser cambiado, arreglado, modificado, etcétera, pero si yo sigo sin ver a los niños, niñas y adolescentes como un otro tan válido y digno como yo adulto, evidentemente estoy privándoles de la posibilidad de que ellos sean considerados y que, de esa manera, las medidas resulten pertinentes a sus necesidades.

En general, en la pandemia los niños solo aparecen cuando hablamos del retorno a clases, como si lo único que en los niños fuera relevante es si vuelven a clases o no, como si los niños no tuvieran relaciones entre la familia, como si no les afectara el hacinamiento, como si no les afectara el no tener contacto con sus pares y este vínculo contextual, como si no les afectara que sus papás tengan que salir a trabajar exponiéndose al contagio, como si no tuvieran que ser abordados desde las deficiencias y brechas que tienen en el ámbito de la atención de la salud mental, como si el bienestar psicoemocional de niños, niñas y adolescentes no fuera relevante, como si no hubieran espacios de mayor acoso escolar en el contexto del cyber acoso en razón del uso de las redes sociales, y así podría nombrar un sinfín de ámbitos que los niños, niñas y adolescentes enfrentan día a día y que demuestran que no son solo clases y colegio, son mucho más. Pero como se les sigue encasillando y se les sigue viendo desde esta perspectiva limitada del adultocentrismo, que solo los encasilla en algunas cosas, tenemos estos problemas serios que van a tener consecuencias serias en el desarrollo de sus vidas, y eso es lo que a nosotros no solo nos preocupa sino que además nos molesta porque hemos emitido suficientes recomendaciones como institución a los órganos del Estado para que se actúe de una manera distinta y, desafortunadamente, aquello no ha sido atendido.

Fabiola Miranda: Y esta lógica justamente de esta sociedad patriarcal, adultocéntrica, ha implicado también quizá mayores dificultades para posicionar la institución, que trata justamente estas temáticas. Yo lo pienso también en temas de violencia de género, cómo estas temáticas también a veces son más desatendidas, pero, en el caso particular de los niños, niñas y adolescentes, ¿ha habido ahí que tener un discurso más fuerte, luchar más por una legitimidad, por posicionarse dentro del Estado quizá?

Patricia Muñoz: Mira, yo creo que han pasado dos cosas: en términos públicos, yo creo que no hemos tenido mayor dificultad de posicionamiento y eso tiene que ver, yo creo, también con mis características personales; que soy bastante frontal, que no le temo al debate, que me parece que el debate enriquece, que no es algo a lo que haya que tener miedo, que soy suficientemente transparente, como es la institución a la que dirijo también, en el sentido de ir de frente y de develar aquello que nosotros creemos importante en favor de niños, niñas y adolescentes. Esta no es una institución que haya nacido para mantener el status quo. Al menos cuando yo postulé, y así lo planteé, mi convicción estaba puesta en que las cosas cambiaran, no que se mantuvieran, sino no hubiese postulado porque para eso me quedaba donde estaba en la Fiscalía, con mi trabajo, que además era un trabajo que me gustaba mucho, donde trabajé 15 años en el Ministerio Público, pero acá yo vine porque creo y estoy convencida de que las cosas pueden ser mejor y que nosotros tenemos que tratar de que eso ocurra, aunque no seamos los responsables de ejecutar directamente los cambios.

Lo que ha pasado sí, por tanto, es que a nivel comunicacional yo creo que también respecto de la sociedad ha habido un reconocimiento evidente del trabajo que hace la Defensoría de la Niñez, a pesar del poco tiempo que llevamos, y eso es súper valorable porque demuestra que, en definitiva, estamos en el sentido correcto y la ciudadanía entiende y particularmente niños, niñas y adolescentes entienden que aquí tienen un lugar donde pueden pedir ayuda, donde nosotros vamos a recurrir a lo que tengamos para efectos de poder lograr los cambios que ellos necesitan. Y estoy hablando de cosas tan dramáticas como la violencia institucional de parte de la policía en el contexto del Estallido Social, pero también de cosas que pueden parecer menores pero que para un niño son relevantes, como por ejemplo, el que hayamos logrado que un colegio cambiara el reglamento para que un adolescente pueda ir con el pelo largo, cosa que para él era importante y que, en definitiva, gracias a nuestra intervención se logró que eso ocurriera, que puede parecer algo nimio pero para ese adolescente era su problema, lo discriminaban, no lo dejaban porque tenía el pelo largo, y logramos que el reglamento se cambiara. Entonces, lo que quiero decir es que ahí hay una validación que, por lo demás, para nosotros es la más importante, o sea, para mí lo más gratificante es que niños, niñas y adolescentes sientan que este es un espacio para ellos y con ellos y ellas, y que podemos construir los cambios que ellos necesitan.

Pero, por otra parte, como contrapartida, no todos los órganos del Estado han entendido el rol de la institución. Más bien, lo entienden pero no les gusta, porque es cosa de leer la norma para entenderlo. En ese sentido, uno lo ve particularmente en lo que tiene que ver con la administración del Estado, con el Poder Ejecutivo, donde hay ministerios que lisa y llanamente no entienden esto y otros que sí. Yo, por ejemplo, destaco siempre el trabajo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que entiende el rol de la Defensoría de la Niñez, que siempre está pendiente de convocar a la Defensoría de la Niñez para analizar de manera previa cosas que quiere proponer y permitirnos entregar la opinión. Obviamente, la Defensoría de la Niñez no va a tomar la decisión porque, si fuera así, yo no sería Defensora de la Niñez sino que sería la Ministra, y esa no es la realidad. Entonces, el punto es cómo tú logras ver que hay acciones gubernamentales que logran comprender el rol y que logran entender que una institución autónoma de derechos humanos debe colaborar con el Estado para que el Estado se comporte respetuosamente con los derechos humanos. Pero, así como el Ministerio de Justicia tiene este rol súper relevante en ese sentido, más allá de que haya cosas en las que no podamos estar de acuerdo y que finalmente prosperen de otra manera, tenemos por oposición a la Subsecretaría de la Niñez, que es el órgano que debiera estar preocupado sobre todo de que las recomendaciones que emite la Defensoría de la Niñez se cumplan, pero ahí no ha habido esa posibilidad. Y no ha habido porque hay una lógica de quien dirige la Subsecretaría de la Niñez de que no entiende la relevancia de los sujetos de derecho: de niños, niñas y adolescentes, que desde ahí no entiende cómo sus actuaciones tienen que estar centradas en el interés superior de niños, niñas y adolescentes y no en el quehacer político o el mandato político que se imponga desde el partido al que ella pertenece o desde un conglomerado determinado, y eso genera problemas. Yo, en todo caso, tengo la confianza de que con la llegada de la Ministra Rubilar, que es el superior jerárquico de esa subsecretaría, evidentemente estas situaciones cambien porque, efectivamente, es una ministra que también ha tenido siempre con la Defensoría de la Niñez esta disposición que yo describía respecto del Ministerio de Justicia y eso obviamente favorece el trabajo porque permite que uno pueda colaborar activamente en la generación de cambios que incidan en la vida de niños, niñas y adolescentes.

Y a eso solo añado, que un poco era con la primera pregunta, que obviamente también en la forma de ser hay algunos que están basados en el patriarcado, en esta lógica conservadora, y no les gusta, porque no les gusta que las mujeres hablen fuerte, no les gustan las mujeres que hablen las cosas como son porque, en ese caso, las mujeres o somos histéricas o somos brujas pero los hombres son secos y son crack y son lo máximo cuando son certeros y asertivos, y en las mujeres esas son virtudes que, en realidad, por un sector de nuestra población más bien se ve como ofensivo o como violento y, por tanto, es como “Es que eres muy dura”, “Es que eres mujer”, y ahí entramos con el tema de género, que creo que Fabiola debe conocer en detalle, me imagino que Carlos también…

Fabiola Miranda: Y que lo he vivenciado también en mi experiencia laboral.

Carlos Andrade: Todos los días.

Patricia Muñoz: Bueno, para mí es como la historia de mi vida. Ahora, el punto es que yo ya tengo 42 años y a estas alturas no voy a cambiar y, por cierto, creo que además es un valor, porque es un valor que tiene que ver con que tanto hombres como mujeres tenemos la posibilidad de ser asertivos, de ser certeros, de ser directos, de ser transparentes y de plantear lo que nos parece necesario para que las cosas cambien en favor de quienes son destinatarios de nuestro servicio público y, le moleste a quien le moleste, eso es algo que yo entiendo de manera fundamental en la labor que asumí cuando decidí postular a este cargo. Insisto, si era por mantener el status quo, me quedaba donde estaba y no postulaba. Y la decisión, seguro habrá más de algún arrepentido, fue votar por mí y eso implica que la pega acá se hace y no se simula que se hace, sino que se trabaja y se trabaja con la convicción de que los cambios se tienen que producir. Nos encantaría que los cambios dependieran de nosotros, indudablemente, pero bueno, no es parte de nuestras funciones.

Carlos Andrade: Patricia, preguntarte, pensando en la deuda que tenemos a tres décadas de la ratificación de la Convención, mirando la experiencia internacional, ¿a qué países o conjunto de países debiese mirar Chile como un modelo en materia de derechos de la niñez? Y en ese sentido, también preguntarte, ¿qué debiésemos tomar como modelo, como buenas prácticas a seguir, pero buenas prácticas en materia de derechos?

Patricia Muñoz: Mira, yo siempre he pensado, en relación a preguntas que se asocian a la comparación internacional, que yo creo que nosotros tenemos en Chile suficiente capacidad técnica para construir nuestro modelo con estándares de calidad suficientes que respondan a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Dicho eso, evidentemente uno proyecta y mira, porque tampoco se va a poner a inventar la pólvora y, en ese sentido, yo creo que lo que estamos viviendo en términos institucionales en este proceso constituyente también es fundamental porque, ante la eventualidad de una nueva Constitución, eso demanda de la inclusión de normas constitucionales donde derechos humanos de niños, niñas y adolescentes sean un eje central. Desde esa perspectiva, como modelo constitucional a mí me gusta mucho la Constitución de Colombia y la Constitución de Ecuador, particularmente la de Colombia que tiene un articulado específico donde desarrolla los derechos de niños, niñas y adolescentes pero termina con una frase que a mí me encanta, que dice que los derechos de los niños siempre tendrán preferencia respecto de los otros, por lo tanto, hace un énfasis declarativo que es importante, desde los principios que rigen la carta fundamental donde se pone el foco en la relevancia que tienen la infancia y la adolescencia. En el ámbito constitucional, por tanto, yo creo que si se aprueba o más bien triunfa la opción Apruebo y se genera una nueva Constitución, ahí hay un desafío para las y los constituyentes ineludible.

Nosotros, de hecho, como Defensoría de la Niñez, hemos pedido al Congreso que se modifique la legislación para que los adolescentes sobre 16 años puedan votar en el plebiscito. Es muy difícil que eso ocurra porque el conservadurismo, el adultocentrismo, obviamente juegan en contra pero al menos vamos a seguir pidiéndolo e insistiendo en la necesidad porque, por lo demás, es bien paradójico que hayan sido las y los adolescentes quienes movilizaron de la modorra a este país y que, en definitiva, no puedan participar del proceso que ellos se ganaron y construyeron. Es no solo paradójico sino que además muy contradictorio. Pero eso en términos de Constitución.

Ahora, en la lógica de modelos de sistema integral, obviamente uno tiene la posibilidad de mirar a países como Irlanda, como Noruega, pero también de mirar estados en Estados Unidos donde, a pesar de que no han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, tienen algunos desarrollos en el ámbito de la especialización, por ejemplo, en el ámbito de la judicatura y en temas que se relacionan con niños bajo cuidado del Estado, que es algo de particular interés y preocupación de la Defensoría de la Niñez. Nosotros, para crear el mecanismo de seguimiento y de observación de residencias lo que hicimos fue tomar precisamente el modelo inglés, que es un modelo que tiene estándares de calidad muy altos y que exponen desde ahí, entonces, la necesidad de poder hacer un registro y una supervisión que sea suficientemente rigurosa. Hay cosas que nosotros no podemos copiar porque no tenemos gente para copiarla porque en el modelo inglés, por ejemplo, lo que hacen quienes van a hacer estas observaciones y seguimientos es que pasan una semana al interior del centro, viviendo con los niños. Acá nosotros tenemos una persona para hacer visitas, dos personas a honorarios que en realidad nos financia Unicef para hacerlo, o sea, es impensado que eso pueda ocurrir. Y, por lo tanto, desde ahí es cuando uno plantea el tema de recursos humanos y de recursos financieros asociados también a la evaluación del gasto público y cómo uno pretende ser eficiente con ese gasto, porque esto lo pongo con contraposición a la labor, por ejemplo, de la Subsecretaría de la Niñez, que tiene el doble de presupuesto que la Defensoría, que tiene el doble de funcionarios que la Defensoría, pero la pregunta que uno se debiera hacer es cómo la función y el ejercicio de las obligaciones de la Subsecretaría ha tenido impacto en niños, niñas y adolescentes versus lo que ha pasado con la labor que se ha desarrollado desde la Defensoría de la Niñez, que son labores distintas pero que tú puedes de alguna manera medir. Y eso, en general, es algo que también es un problema en lo que tiene que ver con infancia porque no podríamos decir que en infancia no se ha invertido recurso público, el punto es que no podemos decir que se ha invertido bien y ese es un desafío, creo yo, cuando hablamos de un país que no tiene muchos recursos y que, por tanto, tiene que ser súper cuidadoso en la inversión pública de acciones que sean efectivamente incidentes en el cambio de vida de niños, niñas y adolescentes y en el respeto de sus derechos.

Por lo tanto, desde ahí, yo creo que, sumado a lo que he dicho en términos del modelo de la Constitución, el tema de un sistema integral de derechos con un robusto y sólido fortalecimiento a nivel territorial en los ámbitos de promoción, difusión, prevención y protección administrativa para luego, solo en el caso de que eso no funcione, pasar al servicio de protección especializada que además incluya componentes de reparación y de representación jurídica especializada, ese es el modelo que nosotros hemos construido como Defensoría de la Niñez y que hemos propuesto en el contexto del debate legislativo, con una bajada bien analítica de todas las áreas en las cuales eso se debiera realizar desde el punto de vista de la gestión institucional y pública.

Eso está disponible en las observaciones que se han emitido al Congreso Nacional, por si les interesa revisarlo, y si no, se lo pueden pedir a María Luisa y ella se los puede hacer llegar, porque ahí es donde nosotros vemos qué es lo que el sistema de garantía debe ser capaz de nutrir en términos de derecho, atendiendo a nuestra propia realidad. Pero eso evidentemente incluye o considera necesariamente el análisis también de que las políticas financieras del Estado deben ser lo suficientemente robustas en relación con infancia y adolescencia y suficientemente evaluadas para que seamos capaces de solo dar recursos a quienes están en condiciones de comprobar que están teniendo impacto en la vida de niños, niñas y adolescentes. Y solo cierro con un ejemplo: la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto, que evalúa muy pocos porcentajes de programas en infancia, de los programas que evalúa, un 74% de ellos considera que son deficientes y, a pesar de eso, se les sigue financiando, cuando eso no resiste ningún análisis porque cualquier persona diría, pero si es deficiente, ¿por qué lo sigo pagando? Bueno, es porque mantenemos el status quo y seguimos en esta línea de que da lo mismo, es lo que hay, sigamos.

Yo, por lo menos, habiendo trabajado en el servicio público toda mi vida, soy una convencida de que el servicio público es el que debe ser más eficiente, oportuno y eficaz, y funcionar estrictamente apegado a la eficiencia. No por el hecho de ser servicio público es como que nos ponemos las manguitas de Hermosilla y Quintanilla, que esto solo lo entienden los de mi edad porque los jóvenes no lo entienden, y nos ponemos a poner timbres. Esa lógica de servicio público para mí no es la que corresponde, o sea, en una empresa privada, si alguien no hace el trabajo, se va, porque para eso se le contrata. En la universidad, si es que se le contrata para algo y no hace el trabajo, se va. Entonces, ¿por qué en el servicio público tenemos que estar ahí, aguantando, como si fuera una institución de caridad? Yo soy de esa idea y lo he sido siempre. El servicio público no es caridad y tiene que ser eficiente, y quienes no estén en condiciones de cumplir con esos estándares de eficiencia, no debieran estar en el servicio público. Punto. Porque el servicio público necesita a las y los mejores porque el impacto que tienen en la vida de la ciudadanía quienes trabajen en el servicio público es significativamente mayor que quienes trabajan en la empresa privada, por razones obvias, por algo se llama servicio público. Entonces, ahí hay un desafío que yo creo que supera con creces y excede con creces el tema de la infancia y de la adolescencia pero que me parece que es tremendamente relevante en este ámbito también.

Fabiola Miranda: Sí, súper interesante lo que nos acabas de comentar respecto a las personas, aparte que el tema de que sea eficiente, eficaz y transparente también dice relación con principios incluso de derechos humanos que el Estado de Chile debería proteger. Volviendo un poco al tema que tú ya lanzaste denante y que estaba igual previsto, voy a hacer una pregunta, pero va a ser doble, y tiene que ver con qué pasaría si los niños, niñas y adolescentes finalmente no pudiesen participar de manera directa, en tanto que constituyentes, por ejemplo, del proceso, y cómo podríamos incorporar sus voces. Y la segunda, que puedes responder en el orden que tú quieras, tiene que ver con saber qué opinas tú, si es que gana el Apruebo: ¿cuál debiese ser el mejor mecanismo para asegurar entonces la participación de los niños o de las personas que actúen en su representación en el proceso constituyente, sea este el Congreso o la Convención Constitucional? ¿O crees que estos dos mecanismos en sí no son suficientes para aquello?

Patricia Muñoz: Bueno, como yo decía denante, nosotros hemos pedido que las y los adolescentes sobre 16 años puedan votar. Nos parece que, dadas las condiciones que se han analizado desde el punto de vista de la neurociencia, de la evolución cognitiva y todo lo que implica como impacto positivo la participación desde esa edad además de la experiencia comparada en ese ámbito, es tremendamente necesario que eso se dé pero es muy difícil, dada la proximidad del proceso y la falta de intención y de disposición orientada a aquello.

Dicho eso, si es que ganase la opción Apruebo, para nosotros como Defensoría de la Niñez es súper importante levantar la voz por los derechos de los niños, niñas y adolescentes pero, si hay algo que más nos gusta y nos interesa, es que sean ellas y ellos quienes directamente puedan dar cuenta de sus voces. Y por eso, por ejemplo, en muchas cosas en las que a mí me invitan como Defensora de la Niñez yo pido que haya niños y que sean ellos los que puedan hablar y puedan dar cuenta de las situaciones porque si no, seguimos hablando entre los adultos sobre los derechos de los niños, sin que ellos y ellas sean capaces de decir qué piensan y lo que necesitan. Y desde ahí, lo que me parece que va a ser ineludible, si es que prospera la opción Apruebo y sea que sea un Congreso Constituyente o la Asamblea Constituyente, y lo que nosotros como Defensoría vamos a pedir sí o sí es que, cualquiera sea el órgano responsable de la redacción de la Constitución, genere espacios de participación efectiva a nivel nacional para niños, niñas y adolescentes, para que ellos y ellas puedan plantear lo que quieren y lo que necesitan en una nueva Constitución.

Nosotros hemos generado como Defensoría de la Niñez una propuesta metodológica de participación de niños, niñas y adolescentes, está disponible en nuestra página web y es una propuesta que lo que ha hecho es analizar modelos internacionales, como, por ejemplo, de Australia, Irlanda y Noruega. Hay un modelo, que es el modelo Lundy, que me imagino que ustedes lo conocen, que tiene que ver con la participación de niños, niñas y adolescentes. Nosotros hemos hecho una adaptación de esos modelos o más bien una conjunción que permite generar esta propuesta que está dividida en cuatro rangos etarios, para que puedan participar desde chiquititos hasta los adolescentes, y nosotros obviamente eso lo hemos disponibilizado para que efectivamente se utilice en el contexto, por ejemplo, de la generación de cabildos o de conversaciones asociadas a la Constitución, de manera tal de que sea un material que sea relevante. ¿Por qué? Porque además, el primer estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes que hicimos como institución y que es inédito en términos de que recoge la opinión de niños, niñas y adolescentes con participación en la construcción del instrumento de niños, niñas y adolescentes, releva dentro de los ámbitos que más le interesan a este grupo que respondió el instrumento, y respecto de lo cual se puede hacer proyección, el tema de la Constitución y el participar en el plebiscito, y ese porcentaje se incrementa a medida que son más grandes donde, por ejemplo, en las y los adolescentes alcanza un 64,7% de quienes tienen interés de participar directamente en el plebiscito. Entonces, se conjugan dos cosas: por una parte, el que ya tenemos una propuesta metodológica, que nosotros esperamos sea utilizada, y también el hecho de que tenemos como constatación en evidencia de que hay un interés y que eso permite eliminar o erradicar esta habitual idea de parte de los adultos de que a los niños no les interesan estos temas, que en realidad no les interesa participar, que obviamente es una forma de protegerse de la responsabilidad de darles espacio. Es mejor decir “No, si a ellos no les interesa así que por eso no les damos espacio”. Y nosotros lo que vamos a demandar es participación efectiva e incidente y eso nos parece que, dadas las circunstancias, si es que prospera el Apruebo, no solo debiera centralizarse en la región Metropolitana, evidentemente tienen que hacerse procesos específicos de participación de niños, niñas y adolescentes en cada región del país, ojalá en cada comuna del país, de manera tal, que se pueda ir recabando por el organismo constituyente en definitiva todo lo que se necesita y se demanda por este grupo de la población.

Carlos Andrade: Defensora, considerando también lo que habíamos hablado de las tres décadas de ratificación de la Convención y volviendo un poco al caso de Ámbar Cornejo, ¿cuáles son los principales desafíos, si pudiésemos decir, en el corto y mediano plazo, que tiene el Estado de Chile en materia de derechos de niñez?

Patricia Muñoz: A ver, en primer lugar y de una manera evidente y urgente, la aprobación de la Ley de Garantías, que es una ley que efectivamente es una ley marco que pretende regular todo el sistema y toda la lógica del funcionamiento estatal basada en principios y en derechos que debe resguardar el Estado respecto de niños, niñas y adolescentes estableciendo, desde nuestro punto de vista, además, mecanismos de exigibilidad para poder satisfacer esos derechos de manera contundente por parte del Estado y con esta cobertura territorial, robusta y sólida, en la lógica de lo que había planteado anteriormente, para hacerse cargo de la promoción, difusión y, sobre todo, de la prevención de vulneraciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

Pero, en paralelo a eso, es imprescindible que los órganos del Estado que hoy son responsables de acciones directas en la niñez sean eficientes en su actuación y que no estén a la espera de que se apruebe la legislación para poder decir “Con esto puedo actuar”, porque eso evidentemente deja a muchos niños fuera de la actuación debida del Estado, que es lo que pasa con Ámbar, con Ámbar y con muchos otros casos. Si Ámbar es porque ya es un escándalo de proporciones porque además se conjuga esta incapacidad del Estado de brindarle protección con esta salida de un psicópata de algo que debiera haber sido su privación de libertad en términos efectivos durante todo el tiempo de la condena, entonces, obviamente la conjunción es el peor de los mundos. Pero, en paralelo, se tiene que producir este trabajo. Y cuando hablo de ‘esas instituciones’, me refiero evidentemente a la Subsecretaría de la Niñez, que desde el 2018 tiene la obligación de ejecutar acciones de prevención de vulneración de los derechos humanos y de, para esos efectos, coordinar al intersector. Y eso no es menor porque eso es lo que tiene incidencia directa en la posibilidad de que los derechos de niños sean satisfechos porque la obligación de esa institución es, en definitiva, demandar del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio del Deporte, la Cultura, Vivienda, Obras Públicas, que, en definitiva, todas sus actuaciones, cuando se relacionen con temas de niños, niñas y adolescentes, tengan como consideración primordial el interés superior de ellos y ellas y, por tanto, los visibilicen como un sujeto de atención directa. Entonces, eso no es algo que se esté haciendo y creo que queda de manifiesto que no se está haciendo.

Y, por otra parte, lo que necesitamos es que en el ámbito ya de la protección de aquellos niños que no pudimos prevenir que se les vulneraran sus derechos y que ya están vinculados a un sistema de protección especializada, también sean lo suficientemente eficientes y rigurosos en ámbitos de fiscalización, que hoy día son prácticamente inexistentes y que favorecen que se perpetúen comportamientos que en definitiva afectan y vulneran significativamente sus derechos. Y eso demanda el cumplimiento de las acciones hoy día. Es por eso que nosotros hemos tomado una decisión como Defensoría de la Niñez, que tiene que ver con que nosotros en general actuamos sobre la base de la petición de antecedentes en relación a los casos. Cuando recibimos los antecedentes y nos damos cuenta de las brechas, emitimos observaciones y recomendaciones al órgano de que se trate, de manera de que se ejecuten acciones distintas. Pero, si eso no ocurre en un tiempo prudente, obviamente no estamos impactando y no estamos teniendo el resultado que queremos, entonces, hemos tomado la decisión de que en aquellos casos en que eso se dé con significativo riesgo o afectación de niños, niñas y adolescentes, estamos recurriendo a la justicia a través de recursos de protección, de manera tal de lograr que se proceda en el respeto efectivo de derechos humanos, y pongo como ejemplo el agua en Petorca para niños, niñas y adolescentes, el tema de Quintero y Puchuncaví que en su momento se vio por relación a la contaminación, recursos de protección que hemos presentado respecto de la Subsecretaría de la Niñez y del Sename en relación con niños que están en residencias de administración directa o de organismos colaboradores donde queda de manifiesto que ni se han prevenido las vulneraciones al interior de ellas, ni se ha coordinado el intersector, ni se ha supervisado y fiscalizado por parte del Sename. Las dos primeras son responsabilidad de la Subsecretaría de la Niñez y la tercera, de supervisión y fiscalización y de sanción también, es del Sename, y eso no se hace y, por lo tanto, esperamos que los Tribunales de Justicia nos den la razón y, si es que no se hace por la vía de la petición y recomendación a la Defensoría de la Niñez, se tendrá que hacer por la vía judicial a través de una sentencia que imponga esas obligaciones. Por ejemplo, lo hicimos en el caso del Hogar San Ricardo, donde los niños tienen situación de discapacidad que evidentemente los exponía de mucha más gravedad al contagio del Covid, donde les tomaban el PCR, pero les entregaban los resultados 20 días después, no les tomaban a todos, y lo que hicimos fue presentar una petición directa al Tribunal y el Tribunal dispuso que se tomaran inmediatamente y los resultados se entregaran en tres días y que la Subsecretaría de la Niñez coordinara. Entonces, si no quieren aceptar las recomendaciones, tendrán que acatar las resoluciones judiciales. No vemos otra alternativa. Pero lo que no podemos seguir haciendo es viendo cómo, en definitiva, el Estado no es capaz de responder a necesidades tan básicas y elementales como las que nosotros hemos visto y descrito de alguna manera, en términos muy resumidos, por supuesto, en esta entrevista.

Fabiola Miranda: Claro, ahí la importancia de repente que tienen los organismos para que, finalmente, lo que no trata el Ejecutivo, a veces se vaya a manos de lo judicial. La judicialización de la política, finalmente.

Patricia Muñoz: Claro, eso no es lo que uno esperaría porque la idea no es estar judicializándolo porque obviamente uno esperaría que los estados se comporten en razón de los compromisos que han adquirido, pero cuando eso no funciona no queda otra alternativa.

Fabiola Miranda: Claro. Bueno, esta es otra pregunta, ¿qué acciones ha desarrollado la Defensoría de la Niñez para proteger a niños, niñas y adolescentes Mapuche, dada la situación que se está viviendo, sobre todo actualmente, en La Araucanía? Sé que esto es algo que tiene más larga data pero respecto a lo que está ocurriendo ahora.

Patricia Muñoz: En nosotros, de hecho, la preocupación por el tema de niños, niñas y adolescentes Mapuche surge desde que nos instalamos como institución. Prueba de ello es que la primera región que creamos fue la Región de La Araucanía, para hacer un énfasis de trabajo precisamente en relación con la situación de violencia policial a la que están expuestos y expuestas desde hace muchísimos años, no desde hace dos años, que es cuando nosotros surgimos. Desafortunadamente, pocos meses después de asumido el cargo se produjo, recordarán ustedes, el asesinato de Camilo Catrillanca y el homicidio frustrado del adolescente que le acompañaba, lo que motivó la acción directa de nosotros como querellantes en ese caso, de hecho, tenemos el juicio oral iniciado pero suspendido con esto de la pandemia y supuestamente se reanuda el 25 de octubre. Vamos a ver si eso pasa o no. Pero lo que motivó eso fue un trabajo que también hicimos y que presentamos en la Comisión investigadora del caso Catrillanca, donde nosotros lo que hicimos fue un análisis, al menos desde el año 2001, de cómo el comportamiento estatal ha venido irrumpiendo desde la perspectiva de la represión y la criminalización del Pueblo Mapuche con incidencia directa y afectación de niños, niñas y adolescentes de esa etnia, sin que sea capaz el Estado de hacerse cargo de la responsabilidad que le cabe en resolver temas tan críticos como que es la región más pobre del país, como que esos niños son los niños más pobres del país, tanto en pobreza directa como en pobreza multidimensional, como que tienen limitaciones y restricciones manifiestas en lo que dice relación con el acceso a la educación, pensando en la distancia que tienen que recorrer para estar siendo educados, si es que pueden acceder a ello o no, el hecho del trabajo infantil, el hecho de lo que tiene que ver también con la falta de pertinencia cultural en las intervenciones estatales y cómo eso afecta e incide directamente en aquello que involucra infringir los compromisos internacionales que ha adquirido el Estado, no solo en relación con la Convención sobre los Derechos del Niño sino que también con el Convenio 169 de la OIT y, por lo tanto, desde ahí lo que hemos hecho es formular recomendaciones en ese sentido. Nosotros logramos que se reactivara una mesa intersectorial que aborda infancia mapuche, donde participa el Hospital Intercultural, donde participa el Instituto Indígena, participa la Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y nosotros y, de esa manera, lo que hacemos es interactuar permanentemente, de manera tal de poder ir viendo acciones y medidas que se tengan que ir adoptando en relación con ellos y ellas. Pero, desafortunadamente, acá no existe una decisión estatal y una definición estatal de entender que este tema es un tema más bien social y un tema que tiene que ver con el reconocimiento a ese pueblo originario, más que un tema policial, y mientras no se comprenda eso y se siga radicando la “solución” en la criminalización y la persecución, el resultado seguirá siendo evidentemente contrario al respeto de los derechos.

Yo tengo confianza, desde esa perspectiva, en el rol que pueda jugar la Ministra Rubilar, con quien además yo ya he hablado, por ejemplo, para que ella pueda participar en alguna sesión de esta mesa que les comento, de manera tal de activar a través de su liderazgo también el trabajo que el Estado pueda hacer en relación con estos grupos. Porque también hay que tener claro algo, que no es menor, que es la desconfianza del Pueblo Mapuche en el Estado, entonces, eso impide que puedan ingresar y ese es un tema del que hay que hacerse cargo en términos de recuperar esa confianza en los organismos de la administración del Estado porque, si es algo que afortunadamente nosotros no hemos visto, nosotros no sentimos ni hemos sido en ningún caso afectados por un rechazo de las comunidades, muy por el contrario, lo cierto es que evidentemente eso no ocurre con el Gobierno, y no solo con este Gobierno, con los Gobiernos anteriores tampoco ocurría, y es bastante justificada la desconfianza si pensamos en el contexto de la criminalización permanente, por lo tanto, es necesario construir esos lazos, es necesario que existan demostraciones de que el cambio en esta visión se va a producir, y yo creo que eso podría redundar en mayor eficacia en la intervención y en el abordaje de la situación que viven estos niños, niñas y adolescentes.

Carlos Andrade: Defensora, ¿cuáles son los principales desafíos que se marca la Defensoría de aquí al cierre de su periodo de gestión?

Patricia Muñoz: Son tantos que, en realidad, a ver, yo me he impuesto como desafío, que tiene que ver con una gestión ya propia de mi dirección, el poder tener la sede en todas las regiones del país, pero es un objetivo que está mediado por la disposición presupuestaria que no depende de nosotros, pero, al menos por hinchar, no nos vamos a quedar cortos y vamos a insistir en esto. Ese es un tema que tiene que ver con la cobertura territorial, que para mí sigue siendo un tema bien central.

En lo que dice relación con los aspectos de fondo, yo creo que es relevante que nosotros podamos persistir en el logro que, de alguna manera, siento que hemos logrado tener en términos de posicionar en la agenda el tema de niños, niñas y adolescentes, de que al menos se reconozca por actores como el Congreso Nacional o por la misma academia, prueba de ello esta entrevista, que la Defensoría de la Niñez tiene un rol y tiene un rol que es importante en relación con las posibilidades de tener incidencia en los cambios. Y desde ahí, también apostamos a que en definitiva podamos ir haciendo ver a los órganos de la administración del Estado que es mucho mejor que se logre entender que la colaboración desde la Defensoría de la Niñez redunda en las mejores posibilidades de que su trabajo tenga incidencias favorables en niños, niñas y adolescentes y que, por lo tanto, no trata desde ahí de ser una oposición o generar una contradicción sino que, en el fondo, de lograr que el nivel y el estándar de comportamiento estatal en relación con niños, niñas y adolescentes sea acorde a aquellas obligaciones jurídicas que el Estado adquirió el año 90’. Porque acá no hablamos de favores que le pedimos al Estado, independiente de quién sea que lo gobierne, derecha, izquierda, centro, da lo mismo, acá el punto es que el tema de niños, niñas y adolescentes debe ser un tema estatal que no debiera estar teñido por las mezquindades que muchas veces la política demuestra, sino que más bien debiera tener como único centro y norte el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Pero para eso necesitamos que todos entiendan qué es lo que involucra evaluar y determinar el interés superior del niño, y esa es una responsabilidad que nosotros también hemos asumido en términos de la formación, de la entrega de antecedentes, y por eso es que tratamos de participar en todo lo que sea que nos permita dar cuenta de esto. Aunque eso obviamente agudice la recarga laboral que tiene que ver con la atención directa de las situaciones de vulneración, el participar en instancias de conversatorios, formación, trabajo con niños, niñas y adolescentes, etcétera, nos permite ir fortaleciendo el conocimiento que en ese ámbito se da. Y en ese sentido, tiene prioridad como desafío el que nosotros podamos desarrollar más acciones donde niños, niñas y adolescentes puedan participar.

Ese es un eje prioritario de nuestra gestión, que se ha visto obviamente interrumpido por la pandemia este año porque no vamos a estar exponiendo a los niños a juntarse y eso es obvio, y la situación de la cobertura remota también dificulta muchas veces que todos puedan ser partícipes, pero es algo que esperamos retomar cuanto antes, esperando que este bicho se vaya cuanto antes también y podamos de alguna manera poder volver a usar nuestras dependencias, a juntarnos y a tener espacios para que niños, niñas y adolescentes puedan participar y ser agentes clave de lo que, yo siempre digo, no solo es su propio desarrollo sino que es el desarrollo de un país también, que no puede seguir prescindiendo de ellas y ellos porque son un aporte indiscutible e innegable, con una lucidez que de verdad muchos adultos se quisieran.

[1] Doctora en Ciencia Política, Universidad de Grenoble Alpes, Francia. Académica del Departamento de Trabajo Social, Universidad Alberto Hurtado.

[2] Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Universidad de Chile, Doctor © en Trabajo Social y Políticas de Bienestar, Universidad Alberto Hurtado. Académico del Departamento de Trabajo Social, Universidad Alberto Hurtado.