Lorena Basualto Porra1
https://orcid.org/0000-0001-8780-0841
Recibido: 20 de octubre 2022
Aceptado: 20 de diciembre 2022
El artículo busca valorar el aporte profesional de los y las trabajadoras sociales en el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad. Ambas instituciones surgen en contexto de dictadura y por iniciativa de la Iglesia católica junto a otras confesiones, con el propósito de constituirse en un espacio de ayuda para los familiares de los detenidos de la dictadura y víctima de violación de los Derechos Humanos. En esta iglesia samaritana que, leyendo los signos de los tiempos, institucionalizó una pastoral de los Derechos Humanos, los y las trabajadores sociales se constituyeron en un pilar fundamental que desde su experticia profesional aportaron a tal propósito. Reconocer esta contribución es fundamental para profesionalizar las pastorales sociales actuales de la Iglesia que corren el peligro de prestar un servicio amateur y, al mismo tiempo, permite al Trabajo Social reconocer el bien intrínseco de su profesión al servicio de la justicia y el bien común.
Palabras clave:
Derechos Humanos, Comité Pro Paz, Vicaría de la Solidaridad, Trabajo Social, dictadura
The article seeks to value the professional contribution of the social workers in the Pro Peace committee and the Vicariate of Solidarity. Both institutions arise in a context of dictatorship and at the initiative of the Catholic Church together with other confessions, with the purpose of becoming a space for help for the relatives of those detained by the dictatorship and victims of Human Rights violations. In this Samaritan church that, reading the signs of the times, institutionalized a pastoral care of Human Rights, the social workers became a fundamental pillar that from their professional expertise they contributed to this purpose. Recognizing this contribution is essential to professionalize the current social pastoral care of the Church, which is in danger of rendering an amateur service, and, at the same time, allows Social Work to recognize the intrinsic good of its profession at the service of justice and the common good.
Key words:
Human Rights, Pro Peace committee, Vicariate of Solidarity, Social Work, dictatorship
Basualto, L. (2022). El aporte del Trabajo Social al Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad. Intervención, 12(2), 55-74.
La Iglesia católica, junto a las iglesias cristianas, la iglesia ortodoxa y la Comunidad judía, fundaron en octubre de 1973 el Comité de Cooperación por la Paz en Chile, la cual mantuvo estrecha relación con la Comisión Internacional de Derechos Humanos acogiendo la denuncia de la familia de las víctimas o de los mismos sobrevivientes. En 1975 el Comité debió ser disuelto por petición de la Junta militar, creándose a partir de enero de 1976 la Vicaría de la Solidaridad, solicitud hecha a Pablo VI por el Cardenal Raúl Silva Henríquez, como organismo propiamente dependiente del Arzobispado de Santiago y coordinado con equipos de los distintos obispados a través del país (Oviedo, 1991).
La misión de la Vicaría de la Solidaridad fue muy compleja y arriesgada, incluso algunos/as de sus integrantes fueron asesinados/as, otros/as a prisión y los vicarios responsables no estuvieron exentos de dificultades y persecuciones (Valech, 1992). La Vicaría siempre fue una institución incómoda para la dictadura, pues ella manejaba información de lo que sucedía en Chile con respecto a la violación a los Derechos Humanos. A través del testimonio de víctimas y familiares se levantaronexpedientes y documentos que daban cuenta de la situación del país que, en ese entonces, para los mismos chilenos era desconocida pues la misma Junta militar se encargaba de ocultar (Editorial Mensaje, 1990).
Tanto el Comité Pro Paz como la Vicaría de la Solidaridad contó con un equipo de profesionales, entre ellos, trabajadores y trabajadoras sociales que desarrollaron una labor fundamental para alcanzar el propósito de defender los Derechos Humanos. Este aporte ha sido recogido notablemente por María Soledad Del Villar (2018) en su libro “Las asistentes sociales de la Vicaría de la Solidaridad”. También otras autores y autoras han desarrollado esta relación entre Trabajo Social y estas instituciones eclesiásticas que desarrollaron su labor desde la resistencia al régimen (Johansson y López 2019; Fernández y Del Villar, 2019; Rubilar, 2018; Godoy, Inostroza y Núñez, 2014). Esta labor fue desplegada en medio de un contexto complejo para el Trabajo Social, puesto que el golpe militar provocó el cierre temporal o definitivo de las escuelas en las universidades, expulsión de académicos y docentes, cambio de planes de estudios con énfasis en el ámbito tecnológico y término abrupto de la etapa de la Reconceptualización que se había desarrollado desde la década del sesenta al plantearse la necesidad de transitar desde el asistencialismo a la promoción (Ramírez, 2016).
De esta manera el presente artículo busca describir una co-incidencia virtuosa entre el aggiornamento eclesial del Vaticano II y la Reconceptualización del Trabajo Social como encuentros de búsqueda de un estatuto epistemológico que respondiera a los nuevos contextos. Es decir, tanto para la Iglesia católica como para el Trabajo Social el golpe militar las encuentra en un período de renovación y fortalecimiento de su identidad. Ahora bien, el golpe militar y sus consecuencias propiciaron la necesidad de una intervención de urgencia en lo que se refiere a la defensa de los Derechos Humanos, este hecho propició la creación del Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad cuyo trabajo fue posible gracias al aporte de las habilidades profesionales de los y las trabajadoras sociales. Esta historia de mutua colaboración permite proyectar una búsqueda de incidencia conjuntadesde la dimensión de la fraternidad y la sororidad.
La metodología de trabajo es de tipo bibliográfico donde se articulan las disciplinas teológicas y del Trabajo Social. Las fuentes bibliográficas corresponden, principalmente, a la historia de la Iglesia en Chile, los aportes de la Doctrina Social de la Iglesia y la historia del Trabajo Social. El artículo se ordena en tres apartados el primero refiere al aggiornamento y Reconceptualización, el segundo al aporte profesional de los y las trabajadoras sociales al Comité Pro Paz y a la Vicaría de la Solidaridad y, finalmente, se desarrolla una reflexión sobre el co-incidir virtuoso.
La respuesta por parte de la Iglesia católica a la violación de los Derechos Humanos (=DDHH) que se origina a partir del golpe militar el 11 de septiembre de 1973 creando el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad no responde a una casualidad. Los años anteriores se había desarrollado un proceso de aggiornamento de la Iglesia tanto ad intra como ad extra, cuya consecuencia es el diálogo con la sociedad civil y disponerse a estar al servicio de la humanidad. Como lo señala la Constitución Gaudium es spes del Concilio Vaticano II (2000), “el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo” (n.1). Con esta declaración de principios la Iglesia católica buscaban, en la década del sesenta, proyectarse como un aporte a la construcción del bien común, la justicia y la fraternidad entre los diversos pueblos de la tierra.
Al mismo tiempo, con Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris del año 1963, el Magisterio universal acepta definitivamente el contenido de la Declaración Universal de los DDHH. Esta encíclica, dedicada principalmente a tratar el tema de la paz en el contexto de la Guerra fría y la amenaza nuclear, afirma que la búsqueda de la paz se debe fundamentar en la persona desde la cual nacen "derechos y deberes que, al ser universales e inviolables, son también absolutamente inalienables” (Juan XXIII, 2013, n.9).
Ahora bien, para armonizar la doctrina teológica con los planteamientos de los DDHH, Juan XXIII tuvo que realizar un giro eclesiológico que pasó de concebir la Iglesia como sociedad perfecta (porque Dios la crea y la anima el Espíritu Santo) a concebirla como servidora de la sociedad dentro de una comunidad política. Este cambio de paradigma se prolonga en el Concilio Vaticano II, quien presenta una nueva relación con el mundo, donde la iglesia se vuelve a la persona, reconociendo los valores humanos en comunión con los espirituales y religiosos.
La opción por apoyar los DDHH significó también un giro antropológico en la reflexión magisterial. Pablo VI, sucesor de Juan XXIII quien estuvo a la cabeza de la Iglesia entre los años 1963 al 1978, en el discurso final del Concilio Vaticano componía su propia síntesis del proceso que había llevado adelante la Iglesia universal señalando que “la Iglesia se inclina hacia el hombre y el mundo, pero también se eleva al mismo tiempo hacia el Reino de Dios" (Pablo VI, 2000, p. 1179). En este nuevo paradigma teológico se valora los DDHH desde el reconocimiento de la dignidad del ser humano, lo cual permite un diálogo fecundo con las ciencias, la política, la economía, la cultura y entre todas las religiones. Además, Pablo VI, dará un gran impulso al compromiso eclesial a los DDHH a través de la gestión de la curia, creando los Pontificios consejos Iustitia et pax dedicada a la promoción internacional de la justicia, la paz y los DDHH y Cor unum, cuyo propósito era la de gestionar ayudas a las personas más necesitadas (Borgoño, 2018).
Abundando en el tema, Pablo VI fue el primer Papa en visitar la ONU en el año 1965 y, en su discurso, elogia a esta institución por tener la misión de organizar a los Estados para que trabajen fraternalmente unidos entre sí por medio del respeto a los “derechos y los deberes fundamentales del hombre, su dignidad y libertad” (Pablo VI, 1965, n.12). La visita de Pablo VI a la ONU va a crear un precedente para sus sucesores, puesto que todos ellos se han hecho presente. Esto implica una transformación eclesiológica puesto que en la cristiandad la iglesia institucional, representada por la jerarquía, había estado al centro de la sociedad y, a la vez, era el garante moral de la cultura. Ahora esta función, según Pablo VI, la cumple las Naciones Unidas desde la diversidad de sus integrantes y mínimos comunes que han logrado acordar a través de los diversos instrumentos de resguardo a los DDHH.
Juan Pablo II, en su primera visita a la ONU en el año 1979, va a considerar la DUDDHH como "una piedra miliar en el camino del progreso moral de la humanidad" (Juan Pablo II, 1979, n.7). Incluso, Karol Wojtyla, hará referencia a su propia historia de vida cuando señala, que él padeció la segunda guerra mundial y como pontífice ha vuelto a visitar lugares de memoria como Auschwitz, por lo tanto, el valor de la Declaración Universal de los DDHH radica en el hecho que se escribe con los sufrimientos y muertes de miles de personas, por eso afirma:
Esta Declaración ha costado la pérdida de millones de nuestros hermanos y hermanas que la pagaron con su propio sufrimiento y sacrificio, provocados por el embrutecimiento que había hecho sordas y ciegas las conciencias humanas de sus opresores y de los artífices de un verdadero genocidio. ¡Este precio no puede haber sido pagado en vano!(Juan Pablo II, 1979, n.9).
Este aggiornamento, expresión utilizada por Juan XXIII para señalar que la Iglesia debía ponerse al día con los desafíos de los nuevos contextos, impregna a la Iglesia Latinoamericana y, por lo tanto, a la Iglesia chilena del período que nos ocupa del golpe militar. Así en 1969 la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, se reúne con el propósito de aplicar el Concilio Vaticano II a la realidad del continente, asumiendo una nueva forma de hacer iglesia a través del permanente discernimiento de los signos de los tiempos, ya que es necesario “conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus expectativas, sus aspiraciones y su índole muchas veces dramáticas” (Concilio Vaticano II, 2000, n.4).
Cabe señalar que en el año 1969 en Latinoamérica se habían levantado la dictadura de Paraguay de Alfredo Stroessner desde el año 1954, la de Brasil en 1964 con Humberto de Alencar Castelo, en Centro América en Nicaragua con la familia Somoza desde 1937 y François Duvalier en Haití desde 1957, donde el denominador común de estas dictaduras es la violación sistemática de los DDHH(Editorial La Vanguardia, 2021). Estos hechos, más el triunfo de la Revolución de Fidel Castro en Cuba en el año 1959 y la formación de las Fuerzas Armadas en la doctrina de la Seguridad nacional en la escuela Superior de Guerra de Brasil, hacía presuponer que en los pueblos latinoamericanos se podían instalar dictaduras con el propósito de evitar el marxismo pues, en diversos sectores de la sociedad como los jóvenes, obreros y campesinos se iba suscitando la idea de un cambio estructural que sólo era posible a través de la revolución o la implementación democrática del socialismo (Iriarte, 1986).
Así, el documento de Medellín denuncia todo tipo de “imperialismo de cualquier signo ideológico que se ejerce en América Latina, en forma indirecta y hasta con intervenciones directas” (CELAM, 1993, n.166). Aludiendo de esta forma a la Guerra fría donde las grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, luchan por el dominio político e ideológico de los pueblos latinoamericanos y el Caribe. En este contexto, los obispos de la región se comprometen a “defender, según el mandato evangélico, los derechos de los pobres y oprimidos, urgiendo a nuestros gobiernos y clases dirigentes para que eliminen todo cuanto destruya la paz social: injusticia, inercia, venalidad, inestabilidad” (CELAM, 1993, n.182).
Ahora bien, el documento de Medellín es influenciado por diversas teologías sociopolíticas que se fueron elaborando en Latinoamérica como la teología política, la teología de la liberación, la teología pública y la teología del pueblo. Así, la teología política problematiza “la relación entre religión y sociedad, entre iglesia y vida pública, entre fe escatológica y praxis social” (Metz, 2002, p.16). A su vez, la teología de la liberación incorpora en su metodología las ciencias sociales y humanas(Tamayo, 2011), situándose desde el lugar social de los pobres en un continente marcado por la injusticia, la desigualdad y la exclusión social (Gutiérrez, 2006); proponiendo la liberación de las estructuras y del ser humano integral (Gutiérrez, 1972). Por su parte, la teología pública considera la vida social y política como lugar de la reflexión teológica, aportando desde los símbolos y narrativas religiosas al debate público en los complejos problemas sociales de las democracias, donde el objetivo último es la búsqueda del bien común de la sociedad (Villagrán, 2012); en este sentido, el espacio público se resignifica y se reconstruye desde todos aquellos que lo habitan, por tanto, se valoran las diversas creencias que van construyendo una nueva identidad (Panotto, 2016). Finalmente, la teología del pueblo realiza su aporte desde el paradigma cultural, construyendo una nueva perspectiva eclesiológica donde la Iglesia se inserta en el caminar histórico de los pueblos, superando de esta forma la dicotomía externa de una Iglesia que sirve desde afuera (Scannone, 2015a); así, la evangelización de las culturas, abarca todas las dimensiones de la vida, la convivencia, lo social, lo político, lo estructural, la dimensión religiosa y la religiosidad popular(Scannone, 2015b).
Con este estatuto epistemológico renovado la Iglesia chilena enfrenta el golpe militar. Ahora bien, el pueblo de Chile ya había reconocido la preocupación de la iglesia por los derechos económicos, sindicales y políticos de la clase obrera y campesina. A modo de ejemplo, el sacerdote jesuita Fernando Vives Solar a principios del siglo XX ya había formado gremios de trabajadores y se preocupó de la formación de los fieles en la enseñanza social de la Iglesia, especialmente de la encíclica Rerum novarum y llevó la preocupación del problema obrero a los universitarios (Sagredo, 1993). En esta misma etapa, San Alberto Hurtado (1901-1952), jesuita chileno canonizado por Benedicto XVI en el año 2005, dedicó su ministerio sacerdotal a los más necesitados fundando el Hogar de Cristo para los niños/as y jóvenes pobres sin hogar. También concentró sus esfuerzos en construir la Acción Sindical Chilena para defender los derechos de los trabajadores, además de formar a las nuevas generaciones en el respeto inalienable de la dignidad y de los DDHH fundamentales de la persona (Aros, 2017). En el año 1941 publica el libro ¿Es Chile un país católico? donde presenta datos cuantitativos de la pobreza en Chile y se cuestiona el hecho que un país con esos índices de vulnerabilidad se pueda autodenominar de confesión católica. Para realizar este trabajo colaboran algunas asistentes sociales de la Escuela de Trabajo Social que estaba vinculada a la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC, 2020).
Ahora bien, cuando se funda la Conferencia Episcopal de Chile en el año 1957, desde sus inicios hace sentir su voz con respecto a la cuestión social que aqueja al pueblo en cuanto a sus problemáticas laborales y económicas (CECH, 1957). En la década del sesenta releva los derechos de los campesinos pronunciándose sobre la reforma agraria (CECH, 1962) y llevándola adelante a través del obispo de Talca Manuel Larraín y el arzobispo de Santiago Raúl Silva Henríquez, entregando la tierra de los respectivos obispados a los campesinos. En total fueron 3.200 hectáreas que convirtieron a 228 familias en propietarios, en un tiempo donde el inquilino vivía indignamente, sin acceso a la educación, ni a la salud, ni posibilidad alguna de movilidad social (Radovic, 1999).
A su vez, antes que ocurriera el golpe de estado, la Conferencia Episcopal se había pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la tensión política que estaba viviendo el país, manifestando su preocupación por los sucesos de extrema violencia e inseguridad social (CECH, 1974a). Frente a las protestas masivas que ocurren en octubre de 1972 donde diversos sectores piden la renuncia del presidente Allende, los obispos advierten que estas luchas podrían llevar a la confrontación de la población y que sus consecuencias podrían ser imprevisibles, por lo que manifiesta la necesidad de un acuerdo entre las distintas instancias sociales del país donde se vinculen los diversos sectores(CECH, 1974b).
El camino del diálogo propuesto por la CECH no prosperó y, finalmente, se produjo el golpe militarque puso término al gobierno de la Unidad Popular. Se buscó la solución a los problemas de Chile fuera de la constitución y la ley, produciéndose un desenlace violento bombardeando la Moneda y resultando fallecido el presidente Salvador Allende. En un comunicado firmado por los comandantesen jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, se sostiene que el golpe de estado se realiza teniendo en cuenta la gravísima crisis social y moral por la que atraviesa el país; la incapacidad del gobierno para controlar el caos y el constante incremento de grupos paramilitares entrenados por los partidos de la Unida Popular, que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil (Ruiz-Tagle, 2011a).
Hasta aquí el contexto eclesial socio político y teológico en el cual se encuentra la Iglesia católica chilena al momento que ocurre el golpe militar. Ahora bien, junto a este proceso de aggiornamento coincide otro proceso que se desarrolla en la disciplina del Trabajo Social que es la etapa conocida como la Reconceptualización que tiene sus inicios en el Seminario de Servicio Social de Puerto Alegre en el año 1965 (Vivero-Arriagada, 2020). Con este proceso “se inició la búsqueda de un modelo de acción dentro de la profesión que constituyera una verdadera respuesta a los problemas de Latino América” (Ramírez, 2004, p.131).
Se trata, de un momento en la historia del Trabajo Social latinoamericanoque se constituye en el primer gran cuestionamiento de la disciplina en torno a una renovación que debería transitar desde una visión asistencialista a laconstrucción de un renovado sentido crítico y reflexivo de la profesión (Opazo-Valenzuela y Jarpa-Arriagada, 2018). En Chile, este movimiento se expresa, concretamente, en 1968 en la Escuela Dr. Lucio Córdova, a través de la creación de nuevas líneas investigativas cuyo propósito era analizar las causas de los problemas locales considerando la dimensión macrosocial y comprometiéndose con la transformación social (Vidal, 2019). A su vez, esta nueva perspectiva genera transformaciones en el curriculum y en la formación de los y las estudiantes de Trabajo Social, “fortaleciendo el estudio de la realidad social y los fenómenos sociales para,proactivamente, desarrollar y facilitar en las personas motivaciones para el cambio consciente de sus circunstancias” (Ramírez, 2004, p. 131). Al mismo tiempo, “da énfasis a la persona y no al problema, poniendo fuerza en la realidad, como los sujetos vivencian sus problemas y en la acción superadora de situaciones” (Ramírez, 2004, p. 131).
Ahora bien, los fundamentos del movimiento de Reconceptualización se pueden encontrar,
en los aportes de la teoría de la dependencia, del marxismo, de la teología de la liberación y de las propuestas de concientización del pedagogo brasileño Paulo Freire. Así entonces, otorgó una mirada de carácter científico al trabajo social, en tanto acentuó el análisis crítico y situado de su quehacer hasta entonces fuertemente asistencialista, y de los fenómenos sociales a los que se enfrentaba en aquella época (Opazo-Valenzuela y Jarpa-Arriagada, 2018, p.170)
Junto a estas influencias teóricas, otros autores plantean que debe sumarse el protagonismo de los movimientos sociales y la clase trabajadora que ejercen presión para reclamar sus derechos durante la década del setenta hasta que asume el gobierno la Unidad Popular. Esta realidad tensiona el Trabajo Social tradicional porque se cuestiona la construcción de una sociedad capitalista al observar la explotación laboral, la alienación de los trabajadores en su escasa participación social y las desigualdades que este modelo provoca. De esta forma, se cuestiona el rol que la profesión debería desarrollar en este contexto (Orellana et al., 2018).
De esta manera, se empieza a desarrollar la necesidad que el Trabajo Social posea un sustento ético político, pues no basta laborar desde la dimensión de la prevención y la asistencia, sino que es necesario una visión crítica de la sociedad lo cual exige un posicionamiento que permita ejercer la disciplina desde ese lugar (Aylwin, Poblete y Solar, 1970). En este contexto, se despliegan en las universidades fecundos debates académicos, producción de conocimiento y “una profunda discusión epistemológica, teórica-metodológica y política” (Vivero-Arriagada, 2020, p.199).
La Reconceptualización pretendía alejarse del paradigma de la visitadora o asistente social, que se relacionaban con el pueblo de una manera asimétrica y asistencialista, donde las personas más vulnerables eran consideradas como receptores pasivos y dependientes de la ayuda de estas profesionales y del Estado, al modo de una praxis paternalista permanente. Lo que se pretende, entonces, es concebir una práctica del Trabajo Social más democratizante, posibilitando el desarrollo de la persona que toma conciencia de sus necesidades y posibilidades como un colectivo capaz de encontrar soluciones. Por lo tanto, se trata de un sujeto histórico activo y capaz de tomar decisiones enfatizando el trabajo comunitario, la búsqueda conjunta de empoderamiento y, en definitiva, intencionar la liberación de toda estructura opresora y de la persona en su integridad (Fernández y Del Villar, 2019).
Bajo esta lógica, se entiende que los estudiantes de la época, entre los años 1970 y 1973, asumieran en su mayoría que
la profesión aportaba en la construcción del proyecto histórico de la UP, porque sus funciones estaban dirigidas a los sectores populares para que estos pudieran participar en el poder político. Identificaban, claramente, que la función fundamental delprofesional era la educativa. Con ella se podía crear conciencia crítica en cada persona, para enfrentar sus problemas. Es decir, crear, en cada persona, la necesidad de cambiar la situación social problemática y prepararlas para enfrentar el proceso de participación en su comunidad para, así, avanzar en construir una nueva sociedad. (Vidal, 2019, p. 128)
Así, durante este periodo se desarrolla una comprensión militante de la disciplina donde el o la trabajadora social se auto percibía como sujeto histórico y agente de cambio, sobre todo, en favor de los grupos marginales y oprimidos; dejando atrás una práctica neutral de la profesión que se limitaba a ejecutar ciertas acciones asistenciales asépticas puesto que se declaraban apolíticos/as en términos ideológicos (Román, 2021). De esta manera,
se plantea que el Trabajo Social cumple un rol de carácter político, y el sustento de su acción profesional tienen como fundamento la praxis social, con militancia en las organizaciones sociales y políticas. En tal sentido, se considera la praxis como un proceso dialéctico, que conlleva una actividad real, material y objetiva, y a la vez una acción subjetiva y consciente. En términos generales, se sostiene una necesaria y permanente relación entre teoría y práctica. (Vivero-Arriagada, 2020, p.199)
Este fecundo proceso de reflexión académica y profesional que buscaba situar al Trabajo Social como agente transformador de un proyecto político, con el advenimiento de la dictadura se frena radicalmente. La carrera sufre la muerte de varios de sus estudiantes y profesionales víctimas de la represión (Castañeda y Salamé, 2014). Además, se inicia el proceso de cierre de varias Escuela a lo largo del país, por lo que son exonerados/as los/las académicos/as y son expulsados/as los/lasestudiantes, muchos de los cuales no pudieron finalizar sus estudios (Vidal, 2019). Al mismo tiempo se pierden los fondos bibliográficos de los/las autores/as que eran considerados/as subversivos/as y peligrosos/as para el régimen, pero que fueron fundamentales para el proceso de Reconceptualización (Castañeda y Salamé, 2014).
Las Escuelas que permanecieron debieron cambiar sus mallas curriculares con el propósito de despolitizar la profesión y enseñaron procedimientos de tipo tecnocrático y funcionales al régimen que buscaba la forma de instalar el neoliberalismo (Román, 2021). Al mismo tiempo, los y las académicas que “sobrevivieron a la censura en la universidad durante los años dictatoriales, se enfrentaron con férreas restricciones y permanente vigilancia, las que afectaron severamente los principios de libertad de pensamiento y de libertad de cátedra propios de la academia” (Castañeda y Salamé, 2014, p. 8).
Como señala Castañeda y Salamé (2014), “entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, el Trabajo Social fue una profesión amenazada en su sobrevivencia, por lo que debió movilizar todos susrecursos y estrategias para enfrentar las dificultades derivadas de entornos universitarios y laboralesadversos” (p. 10). Ciertamente la etapa de Reconceptualización fue un soporte teórico y práctico que le permitió afrontar el periodo de la dictadura, sin este proceso, su sobrevivencia habría sido mucho más compleja y su aporte profesional no había sido tan significativo.
Como se señalaba en el apartado anterior, ambas instituciones se encuentran en un posición de renovación de sus estatutos epistemológicos, por un lado la institución eclesial se encuentra marcada por un aggiornamento que la hace estar volcada al discernimiento de los signos de los tiempos y con una clara opción y resguardo por la dignidad de la persona, Al mismo tiempo, el Trabajo social se encuentra desarrollando su profesión desde una dimensión crítica de los procesos sociales y, a la vez, con un fuerte compromiso ético político. A su vez, la Iglesia católica se había posesionado en la opinión pública como una institución coherente en sus principios, llevando adelante la reforma agraria y propiciando el diálogo entre los diversos sectores políticos en vistas a cuidar la democracia y evitar la resolución de los conflictos por medio de la violencia. Por su parte los y las trabajadoras sociales estaban presente en los sectores populares propiciando el desarrollo de las comunidades.
El golpe militar y el bombardeo a la Moneda no sólo fue físico, sino que también fue un proyectil que atentó, como se señalaba en el apartado anterior, fuertemente a los y las trabajadoras sociales quienes cuentan con profesionales que fueron víctima de violencia política. También la Iglesia católica sufrió la violación de los DDHH encarnada en algunos sacerdotes y religiosas asesinadas y también algunos que sufrieron el exilio o bien la expulsión del país, en el caso de sacerdotes y religiosos/as extranjeros que en ese momento servían en sus comunidades. Sin embargo, esta situación de desastre nacional, compartido con miles de chilenos y chilenas a lo largo del país, obligó a que tanto la Iglesia católica como los y las trabajadoras sociales empezaran a trabajar para responder a las necesidades de las víctimas de violación a los DDHH.
Así nace el Comité Pro Paz, a partir de la necesidad de estar entre los hombres y mujeres que estaban viviendo directa o indirectamente la represión. El arzobispo de Santiago concurre al Estadio Nacional, el centro más grande de detención de los primeros meses del golpe militar, en esa oportunidad les señala: “Quizás mucho de ustedes no me conocen. Me llamo Raúl Silva Henríquez; soy el Cardenal de la Iglesia católica. La Iglesia está al servicio de todos los hombres, sin barreras. Me pongo a disposición de los detenidos” (Signo de los tiempos, 2011, p. 535).
Ahora bien, la situación del país era desconocida por la ciudadanía chilena, sin embargo, las cifras demuestran que se estaba en presencia de una situación grave en materia de violación a los DDHH. Inmediatamente al 11 de septiembre se manejan cifras de, aproximadamente, mil quinientas personas que murieron y algunos elevan el número a tres mil, considerando la población rural (Timmermann, 2007). El Informe Rettig afirma que entre el día del golpe y el 31 de diciembre de 1973 con respecto a la violación de los DDHH se pueden observar las siguientes cifras: “ejecutados, 648; detenidos desaparecidos, 403; uso exclusivo de fuerza, 33; abuso de poder, 6; muerte por tortura, 16; inducción al suicidio, 3; sin clasificar, 47. Respecto a la violencia política: subtotal, 57. Total de muertes producidas en Chile en el periodo 1213” (Comisión chilena de Derechos Humanos, 1991).
En este contexto de violencia extrema, la Junta militar había intervenido las instituciones públicas, universidades, sindicatos, partidos políticos, medios de comunicación, entre otras, y las únicas instituciones que gozaban de alguna libertad para su funcionamiento eran las iglesias de diversas denominaciones (Del Villar, 2018). En las primeras semanas algunos sacerdotes salían por las noches, desafiando el toque de queda, a realizar algunas visitas a las familias de los detenidos yentregarles alguna información sobre sus familiares. Se empezaron a abrir algunas parroquias y llegaron armas de bajo calibre o hechizas que la gente dejaba anónimamente en las bancas o en los rincones, además, militantes de izquierda pedían refugio porque habían sido reclamados por las listas oficiales y debían presentarse ante la autoridad. A esta situación se suma la vulnerable situación de las personas extranjeras que eran tomadas como opositores al régimen y eran detenidos, asesinados o expulsados (Timmermann, 2007). Al mismo tiempo, obreros y mujeres se acercabanespontáneamente a pedir ayuda monetaria o en víveres porque habían perdido su trabajo o porque, al ser detenido el esposo, la familia no tenía como propiciarse el sustento; además de quienes iban en busca de información sobre sus familiares desaparecidos. Día tras días estas demandas iban en aumento, es por ese motivo que las iglesias cristianas: católicas, evangélicas y ortodoxas, más la comunidad israelita, decidieron trabajar unidas para responder a la emergencia represiva que estaba viviendo el país (Aillapán et al., 2012). De esta manera deciden, “crear un organismo que trabajara por la paz realizando las tareas más urgentes: prestar la mayor asistencia posible al creciente númerode personas que recurría a los templos en búsqueda de protección o de ayuda frente a la nueva situación” (Timmermann, 2007, p.18).
De esta manera el 6 de octubre de 1973 se firma el decreto donde se crea,
una Comisión especial para atender a los chilenos que, a consecuencia de los últimos acontecimientos políticos, se encuentren en Grave necesidad económica o personal. Dicha Comisión procurará dar asistencia jurídica, económica, técnica y espiritual. Nómbrase al señor Obispo Auxiliar Monseñor Fernando Ariztía Ruiz para que la presida y al Padre Fernando Salas, S. J. para que la dirija. Dicha Comisión entiéndase con los de más credos cristianos para realizar en conjunto una Acción Ecuménica que vaya en servicio de los damnificados por los últimos acontecimientos (Arzobispado de Santiago 1973, s.p)
En un comienzo se pensó que iba a ser por un tiempo breve, pues se pensaba que el estado de guerra iba a ser pasajero, es por este motivo que el Comité nace “bajo el signo de la transitoriedad” (Comité Pro Paz, 1975a, p.4). Incluso en agosto de 1974 Raúl Silva Henríquez junto a Helmut Frenz, obispo luterano de Chile, Juan Vázquez, obispo de la Iglesia Metodista de Chile y Angel Kreiman, Gran Rabino de Chile, realizaron un petitorio a Augusto Pinochet donde se solicitaba el cese del estado de guerra y la revisión de los procesos judiciales (CECH, 1982).
Así el Comité abre sus puertas en las oficinas de la calle Santa Mónica 2338 en Santiago centro,contando con un equipo de profesionales dispuestos a escuchar las necesidades de las personas. Crónicas de la época describen el día a día del Comité:
“Quiero saber dónde está mi marido”. “Hace tres días que no sabemos nada de mi hermano”. “Deseo un abogado para defender a mi hijo”. Estos anhelos son el pan de cada día para el equipo de asistentes sociales que hasta el 3 de noviembre había detenido 304 personas (Signo de los tiempos, 2011, p. 535)
Particularmente, los y las trabajadoras sociales aportaron al Comité Pro Paz desde la experticia de su profesión que, como se señalaba en el primer apartado, tenía una potente impronta ético-políticapues “habían participado activamente en el proceso de reconceptualización del trabajo social, periodo de alta fecundidad teórica y metodológica” (Del Valle, 2018, p.227). Algunos/as militaban en partidos políticos como el MAPU y el Partido socialistas o bien eran simpatizantes de la Unidad Popular; sobre todo en los primeros años, llegaron a trabajar en el Comité porque tenían vínculos con la Iglesia a través del trabajo realizados en los barrios populares. Es más, algunos/as del Comité habían sido víctimas de la represión y se disponían a colaborar en un espacio no gubernamental que más bien operaba al modo de resistencia al régimen, a veces, sin considerar los peligros que les pudiese causar en su vida personal trabajar en una institución de estas características (Del Valle, 2018).
El Comité Pro Paz se fue organizando según las diversas necesidades que emergían en esos inéditos contextos de represión. Su servicio se estructuraba en el Departamento Penal, el Departamento Asistencial, el Departamento Laboral y el Programa de Salud (Comité Pro Paz, 1975a). Cuando una persona se acercaba al Comité los/las asistentes sociales escuchaban el caso y se le derivaba a algunos de los Departamentos del Comité, este primer momento era fundamental pues de esta manera se evitaba que la persona se constituyera sólo en un caso o un problema, sino que se procuraba la atención a escala humana en medio de un contexto en que se transgredía la dignidad de la persona. Estas atenciones cada vez fueron más numerosas, por lo que se tuvo que aumentar la cantidad de asistentes sociales: de cinco personas se llegó a disponer de 103 profesionales en Santiago y 95 en provincias (Del Valle, 2018).
El Departamento Penal, en un principio, se limitaba a entregar consejos legales. En el año 1974 se empezaron a levantar Recursos de Amparo en forma sistemática, se presentan a la justicia ordinaria denuncias por presunta desgracia y rapto presunto, además de la atención a condenados y procesados con respecto a su situación legal y la posibilidad de acogerse a indulto o el extrañamiento (Comité Pro-Paz, 1975a). Este Departamento entregaba un servicio, esencialmente técnico centrado en la acción jurídica; sin embargo, las asistentes sociales del Comité ofrecían un espacio de escucha a través de la entrevista individual, lo cual derivó con el tiempo en una ficha única de recepción que pretendió organizar mejor la acogida de las víctimas. A su vez, esto permitió visualizar otras problemáticas que originaron otros departamentos como el legal-laboral y la necesidad de ayuda a las familias que se encontraban en situaciones precarias debido a la cesantía. De esta manera se gestionan tarjetas de ayuda alimenticias de Caritas, se salió a terreno para realizar visitas a domicilio a las familias de las víctimas y se organizaron viajes a los distintos campos de detención, puesto que los familiares no contaban con recursos económicos para realizar esas actividades. De esta manera, se pretendía transitar desde los casos individuales a las soluciones grupales que pudiesen abordar la causa de los problemas, propiciando grupos solidarios de acompañamiento dando origen a agrupaciones de detenidos desaparecidos (Del Valle, 2018).
El Departamento Asistencial tiene su origen desde el inicio del Comité con la atención al público. Posteriormente deriva al trabajo en grupo, dando asesoría a grupos de familiares y administrando diferentes programas como becas, atención de salud, ayuda intrafamiliar, gestiones de ayudas especiales desde el exterior y el financiamiento de viajes a los campos de detención. Además, desde el área de reubicación del departamento se pretendía ayudar a quienes necesitaban abandonar el país porque estaba en riesgo su vida debido a la persecución política (Comité Pro Paz, 1975a). También se atendía a jóvenes que no habían podido terminar sus estudios universitarios por motivos políticos, ellos y ellas eran atendidas por estudiantes de Trabajo Social que, por los mismos motivos, no habían podido finalizar su carrera. Desde esta situación impera la empatía profesional y la búsqueda de soluciones efectivas a través de becas en el extranjero para finalizar sus estudios y ofertas laborales (Del Valle, 2018).
El Departamento Laboral se origina por los masivos despidos por causas políticas y su trabajo se centró en la defensa de los derechos de las/los trabajadores ante los Tribunales del Trabajo. A partir del año 1974, disminuyen los despidos políticos y empiezan a originarse por causas de crisis económica. El Comité atiende más de seis mil casos (Comité Pro Paz, 1975a). Los y las asistentes sociales acogían la denuncia a través de una entrevista y cooperaban en trámites no judiciales mediando entre el trabajador y la empresa o la Inspección del Trabajo. Organizaron grupos de cesantes para desarrollar proyectos de pequeñas empresas autogestionadas, también se apoyó a los campesinos y se formaron comedores en las poblaciones. Además, se elaboraron informes sobre la cesantía, los problemas de jubilación y fueros maternales (Del Valle, 2018).
El Programa de Salud surge porque los detenidos sometidos a torturas y sus familiares no tenían acceso a los beneficios médicos. En 1974 se creó un Centro Médico dependiente del Comité y que reunía a las/los médicas/os cesantes. Luego empezaron a funcionar diversos policlínicos en distintas zonas de Santiago y un programa de alcoholismo (Comité Pro Paz, 1975a).
A fines del año 1974 la fama del Comité se propagaba entre la ciudadanía y, paulatinamente, fueron llegando personas cuyas problemáticas no se derivaban directamente de la persecución política sino de la realidad precaria que estaba viviendo el país. Es por este motivo que se encarna el trabajo del Comité a las diversas zonas de Santiago lo que permitió una mejor inserción en el mundo poblacional, propiciando el trabajo colaborativo (Del Valle, 2018). La organización de este trabajo se realizó utilizando la misma distribución de las zonas episcopales de Arzobispado de Santiago para apoyariniciativas que surgían desde la base, aportando recursos materiales y de organización participativa para, de esa manera, evitar el paternalismo (Comité Pro Paz, 1975a). Así, el o la asistente social reconvertía su rol que hasta ese momento estaba limitado a la oficina de atención. Ahora, en el territorio, era la encargada de hacer vínculos entre las iglesias del sector y a la vez coordinar las zonas para descubrir caminos colectivos de solución ante las diversas problemáticas. Lo que buscaban era potenciar la solidaridad de las comunidades locales e ir más allá de lo asistencial gestionando entre ellos la ayuda fraterna, comedores infantiles, creación de bolsas y talleres de cesantes, aperturas de centros de salud, entre otras iniciativas territoriales (Del Valle, 2018).
En resumen, se podría afirmar que, en el Comité,
las asistentes sociales realizaron un trabajo que combinó prácticas asistenciales más tradicionales con prácticas promocionales heredadas del proceso de Reconceptualización. De esta manera, surgió una nueva síntesis en el quehacer profesional, que integraba diversos métodos para poder responder a la coyuntura de la dictadura militar. Su labor durante los primeros años del Comité puede ser definida a partir de tres palabras: acoger, asistir y organizar (Fernández y Del Villar, 2019, p.131).
Con sus dos años de funcionamiento el Comité Pro-Paz empezaba a constituirse en un problema para el régimen, sobre todo, porque manejaban mucha información. Junto a persecuciones realizadas a algunos/as de sus integrantes se expulsa, en octubre de 1975, a Helmut Frenz quienera Co-presidente del Comité y había gestionado el financiamiento del Consejo Mundial de iglesias para la defensa de los DDHH y que incluso le valió el reconocimiento de las Naciones Unidas de la medalla Fridtjof Nanse. El ministerio del interior justifica la medida señalando que el obispo luterano realiza actividades antinacionales que comprometen la seguridad nacional y la tranquilidad pública (Comité Pro Paz, 1975b).
Posteriormente, la dictadura, inicia una campaña de desprestigio del Comité culpándola de proteger a terroristas e incluso promover el marxismo (Timmermann, 2007). El diario La Segunda publica en primera plana el titular ¡Calumniadores contra Chile! acusando al Obispo Ariztía y al jesuita Salas porque ellos habrían filtrado información que manejaba el Comité y través del periodista Julio Sherer director del diario Excelsior de la ciudad de México, quien publicó un informe sobre el trato a las personas prisioneras en Chile (Ruiz-Tagle, 1974b). Esta acción fue considerada por el régimen como un acto de insubordinación y agilizó la petición directa del general Pinochet al Cardenal arzobispo Raúl Silva Henríquez de cerrar el Comité. En la carta de Pinochet manifiesta su preocupación por las diferencias que se pueden estar provocando entre la Iglesia católica y el Gobierno de Chile, cuyo responsable sería el Comité Pro-Paz, organismo que estarían utilizando los enemigos de la patria, es decir los marxistas-leninistas, para alterar el orden público (Centro de documentación Vicaría de la Solidaridad, 1975).
El cierre del Comité se realiza el 31 de diciembre de 1975 y, al otro día, el 1° de enero de 1976 nace la Vicaría de la Solidaridad. A diferencia del Comité, la Vicaría no nace como una institución de emergencia o en forma artesanal, sino que es poseedora de una experiencia consolidada de trabajo en favor de los DDHH, gestionada por las/los trabajadoras/es del Comité que en su mayoría continuaron prestando sus servicios profesionales a la Vicaría. Además, estando al alero del Arzobispado de Santiago se presentaba como una acción pastoral que la iglesia tenía la libertad de desarrollar y así, era más difícil su disolución (Aillapán et al., 2012).
Continuar con la labor del Comité Pro Paz a través de la Vicaría de la Solidaridad se constituye en una opción de resistencia al régimen inspirada por las creencias evangélicas, desarrolladas en el primer apartado, sustentada en la convicción antropológica que la persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Además, la enseñanza magisterial del Concilio Vaticano II y sus posteriores desarrollos en los sucesivos pontífices, afirman que la misión de la iglesia es servir a la humanidad. A su vez, la Iglesia profesa su compromiso explícito de defender los DDHH que están por encima de la gran política, constituyéndose en un imperativo ético sustantivo (Aldunate,1999). Al mismo tiempo,el Cardenal Silva fundamentó el accionar de la Vicaría de la Solidaridad en el concepto de solidaridad unida al de DDHH con el propósito de activar un campo de acción práctica en los territorios como ya venía desplegando el Comité Pro Paz (Fernández y Del Villar 2019). Para él, la construcción de la paz requiere de la responsabilidad de todos y todas; además la solidaridad junto a la justicia y la fraternidad es imprescindible para edificar la paz (Baeza, 2020).
Del mismo modo, para las/los asistentes sociales trabajar en la Vicaría de la Solidaridad significabacontinuar con un proyecto que era necesario sostenerlo en el tiempo, debido que los problemas que había suscitado la creación del Comité no se habían terminado y las personas seguían solicitandoayuda, por lo tanto, era imprescindible mantener esta institución para defender los DDHH (Fernández y Del Villar 2019).
Parte de la estructura del Comité Pro Paz se mantuvo. Para continuar con las labores penales se crea el Departamento jurídico, el cual desarrolló su trabajo a partir de cinco programas: “Programa de Protección a la libertad, Defensa de procesados por delitos políticos, Denuncia de atentados a los derechos fundamentales, Asistencia jurídica a familiares de detenidos desaparecidos y el programa de Asistencia a chilenos exiliados” (Aillapán, 2012, p. 45). Otra área de acción fue el Departamento de Zonas que desplegó su actividad en las diversas zonas pastorales de la Arquidiócesis, desarrollando diversos programas, como talleres de capacitación, recreación y apoyo a la subsistencia. También se encuentra en la orgánica institucional el Departamento Revista Solidaridad, que era un medio de comunicación por el cual se analizaba la realidad política, económica y social del país durante el régimen cívico-militar y, a la vez, fue un medio para difundir las tareas que desarrollaba la Vicaría en materia de DDHH resguardando tanto los derechos políticos y civiles como aquellos relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales. Posteriormente, se crea el Departamento de Educación Solidaria cuyo objetivo fue acrecentar la conciencia sobre la dignidad de la persona en la sociedad chilena y, formar, para desarrollar acciones solidarias. Se crearon, además, otros departamentos que permitieron diversificar y ampliar su campo de acción, entre estos se encuentra el Departamento Campesino, Departamentos de Coordinación Nacional, de Apoyo, Finanzas y el Departamento Laboral (Aillapán, 2012).
Los y las asistentes sociales desarrollaron su labor, principalmente, en el departamento jurídico asistencial y en el departamento de zonas. En el primero, continuaron trabajando junto a abogados/as atendiendo a familiares y víctimas de la represión política, además de las agrupaciones de detenidas/os desaparecidas/os que perseveraban en la lucha de llegar a tener información sobresus seres queridos (Del Villar, 2018). Este último aspecto tuvo mayor relevancia cuando se produce el descubrimiento de las osamentas en los hornos de Lonquén, hecho que demostró que los detenidos desaparecidos eran una realidad pues, hasta ese momento, el régimen negaba su existencia invisibilizando una problemática que vivían miles de familias (Aillapán, 2012). Ahora bien, según el testimonio de las propias asistencias sociales recogido por Del Villar (2018),
Trabajar en el departamento jurídico de la Vicaría era más que un trabajo: era la puesta en práctica de sus valores y convicciones más profundas. Dichas convicciones personales se insertan en un ámbito valórico común entre este grupo profesional y la Iglesia Católica: la defensa de los derechos humanos (p.144).
Por su parte, en el Departamento de zonas, correspondiente a las diferentes zonas episcopales de Santiago los y las asistentes sociales perseveraron en su labor de promocionar los comedores infantiles, los talleres y bolsas de cesantes, la organización de actividades recreativas y sumaron un trabajo específico con las mujeres. En síntesis, su labor, se desarrolló de manera autónoma y paralela al Estado, incluso, se podría afirmar que en confrontación y crítica al régimen (Del Villar, 2018). Esto, porque constataban en terreno que el modelo económico promovido por la dictadura, “excluía a la población más pobre del ‘proceso de producción’, privándola de trabajo estable y reducía su participación en la sociedad a su ‘demanda de bienes de consumo y de servicios’, demanda que, por lo demás, tampoco era satisfecha” (Fernández y Del Villar, 2019, p. 142).
En este contexto, los y las asistentes sociales de la Vicaría descubren una nueva síntesis profesional heredada del proceso de Reconceptualización del Trabajo Social, asumiendo en su quehacer el resguardo por los DDHH que las llevó a posicionarse críticamente frente a la dictadura, tanto por su acción represora, como también porque empobrecía cada vez más a quienes históricamente se encontraban en las periferias del desarrollo. Así, el ideal democrático era asumido por los y las profesionales que propiciaban espacios de participación en los sectores populares, ya que no se podía ejercer la participación ciudadana porque la dictadura había abolido el Estado de derecho (Del Villar, 2018).
Abundando en el tema, el aporte de los y las asistentes sociales, junto al trabajo de otros profesionales, propició que la Vicaría de la solidaridad desarrollara una verdadera experiencia de Trabajo Social. Desplegando cinco características, a saber: (1) respuesta rápida y eficaz, buscando soluciones creativas asumiendo los riesgos, pero sin detenerse en estructuras que no permitan avanzar; (2) participación, el trabajo se realiza con las personas y no para las personas, recogiendo las inquietudes de las comunidades, respetando los ritmos y acompañando los procesos; (3) solidaria, que sensibiliza a las comunidades, las moviliza, convoca y permanece en el tiempo; (4) capacitadora, preocupación permanente de la formación en acción con el propósito de desarrollar autonomía en las comunidades; (5) humanista, centrada en el respeto por la persona y las comunidades especialmente por las/los más pobres (Aylwin, 1979).
Ahora bien, a través de la Vicaría de la Solidaridad se desarrolló una labor de defensa de los Derechos Humanos durante los años 1976 al 1992, lo que permitió que el país tuviese un defensor en un contexto de violación sistemática de los DDHH y cuando todas las instituciones estaban intervenidas y acalladas (Aillapán, 2012). Ciertamente, sin esta labor, la represión en Chile hubiese cobrado más víctimas y hubiese lesionado aún más la calidad de vida de tantos compatriotas. Es por este motivo que la Vicaría obtuvo un reconocimiento internacional, por parte de las Naciones Unidas en el año 1978. En su discurso el Cardenal Silva declara:
Hace veinte siglos se proclamó, en un país pobre y lejano, el mensaje de las bienaventuranzas: ¡Dichosos los mansos, los misericordiosos, los que anhelan la justicia y sufren por ella, los que construyen la paz! Desde un país también humilde y lejano, nosotros hemos querido ser fieles a este legado espiritual. El alma de Chile, íntimamente ligada a la fe cristiana, muestra desde su mismo nacimiento un sagrado respeto por la dignidad del hombre, cualquiera sea su raza y condición; y un extraordinario aprecio por su libertad, huella imborrable de su semejanza divina. Nosotros no hemos hecho otra cosa que procurar ser fieles a esta tradición, entendiéndola como un legado que nos compromete (...) La presente distinción entraña, señor presidente, un reconocimiento solemne de Naciones Unidas a este legado y patrimonio espiritual que se confunde con la esencia del pueblo chileno, y en que Naciones Unidas entrevé la única senda que conduce a la paz (Silva Henríquez, 1982, p.290).
Es importante subrayar que se trata de una distinción a la Vicaría de la Solidaridad como institución, por lo tanto, se le concibe con toda su orgánica y a las/los profesionales que allí trabajan. Otros reconocimientos fueron los siguientes: 1980 “Premio Herzog", otorgado por el Sindicato de Periodistas del Estado de Sao Pablo, Brasil, a la revista Solidaridad. 1980 "Premio de la Paz”,otorgado por Jóvenes Católicos de Alemania Federal. 1984 premio Fundación "Bruno Kreisky" de Austria, entregado a Monseñor Juan Francisco Fresno el 6 de diciembre. 1986 premio "Príncipe de Asturias a la libertad", concedido por un jurado de notables personalidades de relieve internacional, el 22 de noviembre en España. 1986 "Letelier-Moffit Human Rights Award", entregado el 23 de septiembre en Washington, Estados Unidos. 1987 premio de la Fundación "Carter-Menil", entregado el 3 de noviembre en Atlanta, Estados Unidos. 1988 premio "Simón Bolívar" de la UNESCO, recibido el 24 de julio. (Fundación Documentación y archivos de la Vicaría de la Solidaridad, 2023)
Finalmente, el 27 de noviembre de 1992, se puso fin a las actividades de la Vicaría de la Solidaridad, sin embargo, los archivos que contiene la historia de esa época están conservadas actualmente en la Fundación de Documentos y Archivos de la Vicaría de la Solidaridad (Valech, 1992). Estos documentos, que surgen de las entrevistas individuales y de las fichas que levantaron los y las asistentes sociales, tanto del Comité Pro Paz como posteriormente de la Vicaría, están al servicio de las víctimas o sus representantes, información que se utilizó en el Informe Rettig y posteriores informes de la Comisión de verdad y justicia. De hecho, ya hacia el final de la dictadura y entendiendo que estos archivos eran testigos de la violación sistemática de los DDHH, el fiscal militar pide a la Vicaría entregar sus fichas médicas, a lo cual Monseñor Valech se niega, pues estaba en juego el guardar un secreto confiado por tantas/os chilenas/os que encontraron en la Vicaría su único apoyo (Hevia, 1989). Además, la Vicaría sabía que con sólo entregar la nómina de los que habían confesado sus denuncias sobre torturas o heridas a bala, los expondrían a graves riesgos; de allí que era imprescindible defender esos archivos con premura y vehemencia (Editorial Mensaje, 1990).
Tan valiosa es esta documentación que contiene expedientes y testimonios inéditos, que fue declarada en el 2003 Patrimonio de la Humanidad, aceptándose su inscripción en el registro de Memoria del Mundo y, a su vez, el Ministerio de Educación en el año 2017 declara al Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico (Fundación Documentación y archivos de la Vicaría de la Solidaridad, 2023).
En el primer apartado se desarrollaba la relación entre aggiornamento eclesial y Reconceptualización del Trabajo Social. Ambas instancias buscan una renovación de sus estatutos epistemológicos cuyas coincidencias se pueden identificar en valorar a la persona y creer en ella como posibilitadora de desarrollo comunitario. Este paradigma requiere una opción ética que implica el trabajar por la defensa de los DDHH y un orden social justo sustentado en la democracia. Estos valores coinciden tanto para la institución eclesial como para el Trabajo Social.
Es por este motivo que se puede afirmar que el período de la dictadura constituye un co-incidir virtuoso que posibilitó el trabajo fecundo del Comité y de la Vicaría. Sin un proceso de aggiornamentoy sin el movimiento de la Reconceptualización, es posible, que los caminos no se hubiesen cruzado o el trabajo realizado hubiese tenido otros frutos. Por este motivo el co-incidir, el encontrarse permitió el incidir, es decir, se desplegó un proceso histórico donde se desarrolló una forma de intervención que permitió constituirse en una luz en medio de tanta oscuridad. Se podría afirmar que se levantaron espacios de esperanza donde la realidad sociopolítica de la dictadura hacía imposible recorrer nuevos caminos.
Así el Comité y la Vicaría se constituyeron para los y las trabajadoras sociales en un espacio de desarrollo profesional inédito, pues prácticamente no había un espacio donde desplegar la profesión desde principios contrarios al régimen. De esta manera, ambas instituciones posibilitaron el resguardo de “los derechos humanos, la defensa de las víctimas de la represión política, la promoción de la participación de las personas, el desarrollo de formas democráticas de convivencia y la implementación de estrategias solidarias de subsistencia (Castañeda y Salamé, 1996, p. 13).
De esta manera, las iglesias cristianas que configuraron el Comité y luego el arzobispado de Santiago responsable de la Vicaría supieron discernir los signos de los tiempos y no sucumbir ante la problemática compleja y grave que estaba sucediendo en Chile. A su vez, para los y las asistentes sociales, incorporarse al trabajo de estas instituciones significó reconocer que se estaba frente a un escenario inédito de represión política, pero éste demandaba “un nuevo modo de hacer el Trabajo Social, que se irá desarrollando en el tiempo, como respuesta profesional y organizada a la violencia de la dictadura” (Del Valle, 2018, p.65).
Este aporte de los y las trabajadoras sociales fue fundamental pues la Iglesia católica y también las iglesias cristianas, desde sus orígenes han levantado instancias de ayuda y cooperación al más necesitado. Es así como la Iglesia católica, por ejemplo, antes del golpe militar contaba con la organización en las distintas diócesis de una pastoral social que iba en ayuda de necesidades emergentes presentes en los distintos territorios. De hecho, el Cardenal Silva fue el fundador de Cáritas-Chile y presidente de la Caritas Internationalis, por lo que, la Iglesia católica estaba acostumbrada a desarrollar procedimientos que le permitían distribuir estos recursos entre las personas más vulnerables de nuestro territorio, coordinado a través de las diócesis y los arzobispados. Sin embargo, la situación represiva vivida en los años de dictadura es tan potente que no es posible abordarla desde este tipo de organización más bien caritativa y en cierto sentido, amateur, pues las personas que trabajaban en ellos eran más bien voluntarios que se ofrecían para ciertas labores específicas.
De esta manera, la contribución de los y las asistentes sociales consistió en que a través de sus habilidades disciplinares “empezaron a profesionalizar la labor solidaria de la iglesia” (Del Valle, 2018 p.87). Así, se incorporaron procedimientos concretos para desarrollar las intervenciones, profesionalizando los procesos de escucha, derivación, sistematización de fichas, informes, articulaciones institucionales, trabajo en terreno, formación, trabajos de grupo, acompañamiento a las comunidades, entre otros. Esto, ciertamente, posibilitó una mayor y mejor incidencia que la institución eclesiástica por si sola, es decir, con algunos sacerdotes, religiosas y laicos voluntarios no hubiese podio realizar.
Es por este motivo que el trabajo de los y las asistentes sociales en el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad se torna un co-incidir virtuoso porque ambas se encuentran y se necesitan, pero no para sí misma, sino para realizar una misión contextual y epocal que, como se señaló al final del segundo apartado, fue de tan alta calidad que fue reconocido internacionalmente. Es decir, este equipo hizo historia y por lo tanto, marcó un camino de trabajo articulado y comunitario donde coincidieron creencias profundas que movilizaba a cada uno de sus integrantes a desarrollar con todas sus potencialidades los roles y funciones asignadas.
Considerando esta experiencia que se realiza en un contexto inédito es que, el artículo apuesta, por proyectar un co-incidir virtuoso actual.
Desde el Trabajo Social se ha planteado la necesidad de una Neo-Reconceptualización que considera elementos de toma de postura ético-política en un contexto donde prima el neoliberalismo impuesto con fuerza desde la dictadura cívico militar, cuyos intelectuales fueron el grupo de los llamados Chicago Boys (Vivero-Arriagada, 2020). Se trata, por tanto, de generar las condiciones “para avanzar en un nuevo proceso de reorientación epistémico-política de la disciplina” (Vivero-Arriagada, 2020, p. 197).
Esta Neo-Reconceptualización implica cuestionarse las nuevas formas de interacciones tanto personales, sociales y con el entorno que ha generado el neoliberalismo. Entonces el cuestionamiento surge desde la práctica misma del Trabajo Social en terreno, en tanto se propicia el paradigma individualista que promueve el mercado o, el/la trabajadora social, está suscitando procesos comunitarios y de desarrollo social. A su vez, los procedimientos que enfatiza el neoliberalismo son de tipo pragmáticos e instrumentales por lo que un estatuto epistemológico carecería de sentido, incluso considerado una pérdida de tiempo. Al mismo tiempo, una opción ético-política requiere de opciones axiológicas que trascienden a una visión economicista pues responden a proyectos de vida y opciones comunitarias fundamentales.
Desde un proceso de reorientación epistémico-política de la disciplina se suscita la reflexión de otros elementos como es la formación de los nuevos/as trabajadores/as sociales, lo que implica cambios curriculares y nuevos perfiles de los/las académicos/as. A su vez, el tema de la especificidad de la disciplina y la vinculación con las otras disciplinas de las ciencias sociales (Román, 2021). Al mismo tiempo, es necesario transitar nuevas rutas investigativas, cuestionando los enfoques que responden al mercado de la excelencia y no a las verdaderas necesidades del entorno, en este sentido, debatir“¿Para quienes escribimos las/los trabajadores sociales?” (Comelin y Brito, 2022, p.1).
Con todo este proceso de Neo-reconceptualización el Trabajo Social posee un bien intrínseco de la profesión que conecta muy bien con la dimensión samaritana de la Iglesia que ha relevado el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti donde desarrolla la dimensión de la fraternidad universal, valor que se torna más potente, sobre todo después de la pandemia del Covid-19 donde la humanidad ha experimentado que “nadie se salva solo” (Francisco, 2020, n.32).
Por su parte, la Iglesia católica universal está en un proceso de renovación especialmente preguntándose por su identidad apostando por una Iglesia sinodal, es decir, cuyas relaciones y estructuras transiten hacia una vivencia más horizontal. De allí la importancia de la escucha y del diálogo simétrico tanto ad intra como ad extra de la Iglesia. En este sentido, la experiencia del Comité y la Vicaría pueden ser catalogadas como verdaderas instancias sinodales donde se propiciaba un trabajo en conjunto entre los vicarios o representantes de la jerarquía con el equipo de trabajo donde confluían diversas creencias tanto religiosas como políticas. El único requisito era creer en la dignidad de la persona y defender los DDHH que operaba como un mínimo ético de acción.
Por su parte la Iglesia chilena continúa experimentando las heridas de los abusos sexuales perpetrados por integrantes de la jerarquía eclesiástica. Este acontecimiento nubló, sobre todo para las nuevas generaciones, la notable defensa de los DDHH realizada por el Comité y la Vicaría. Instituciones que gozaron del respeto y la valorización de un amplio sector de la ciudadanía. Es por este motivo, que el camino de retorno de esta crisis podría posibilitarse a través de nuevas coincidencias virtuosas, especialmente, en lo que refiere a la Pastoral social que la Iglesia promueve en las diversas diócesis. Un trabajo conjunto con los y las trabajadoras sociales permitiría transitar hacia un servicio profesional para gestionar mejor los recursos, la interacción comunitaria y creación de nuevas instancias de cooperación mutua. Bajo el convencimiento que, cuando la comunidad eclesial asume su dimensión samaritana crece en humanidad y desarrolla su misión de ser constructora de la fraternidad y sororidad.
El 11 de septiembre del 2023 se cumplen 50 años del golpe militar, por este motivo, es pertinente hacer memoria de ese acontecimiento y los procesos que activó. Uno de ellos fue la necesidad de defender a la población de violación sistemática de los DDHH por parte de organismos del Estado.
Se ha subrayado en el artículo que tanto la Iglesia católica como el Trabajo Social, por diversos factores epocales de la década del sesenta, se habían fortalecido en sus identidades. De allí, la apuesta del artículo por relacionar los procesos del aggiornamento y la Reconceptualización, los cuales fueron importantísimos a la hora de enfrentar la represión institucionalizada.
En medio de la crisis de la dictadura la institución eclesial y el Trabajo social laboraron juntos en una coincidencia virtuosa de caminos de búsqueda y de praxis, teniendo como horizonte el valor de la dignidad de la persona, el resguardo de los DDHH y la visión democrática. Revisando este periodo se puede concluir que se produjo una sinergia interesante cuyos frutos se constataron en los territorios. Allí, el Trabajo Social tuvo que transitar por nuevos caminos con valentía, convicción y responsabilidad ética para descubrir nuevos horizontes que iban en beneficio de los sectores más vulnerables.
El resultado del trabajo, en este período, da cuenta de una labor bien realizada, reconocida internacionalmente y por la sociedad chilena. Tanto el comité Pro Paz como la Vicaría de la Solidaridad forman parte de la memoria de Chile y, ciertamente, no se circunscribe sólo a la valoración de las iglesias sino que las trasciende. Figuras como Silva Henríquez, Helmut Frenz y tantos otros conforman un imaginario colectivo de agradecimiento a su labor valiente y arriesgada.Porque es necesario tomar en cuenta que eran tiempos difíciles donde, incluso la vida, estaba en juego cuando la persona osaba oponerse al régimen. Cabe recordar el asesinato de José Manuel Parada, sociólogo y trabajador de la Vicaría, quien fue una de las tres víctimas del caso degollado en 1985.
Finalmente, tanto la institución eclesial como el Trabajo Social necesitan volver a resignificarse, pues los nuevos contextos interpelan una renovación. Para ello, se han levantado los conceptos de sinodalidad y Neo-reconceptualización para inspirar este proceso, puesto que cada generación necesita responder de la manera óptima a los tiempos que vive. En medio de este proceso la invitación es a continuar un trabajo conjunto, pues los y las trabajadoras sociales constituyen un gran aporte a la Iglesia, sobre todo en lo que se refiere a las pastorales sociales quienes requieren una mayor profesionalización en su servicio.
1 Dra. ©.Teología Práctica, Universidad Pontificia de Salamanca. Magister en Educación por la Universidad Andrés Bello y Magister en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Académica de la Universidad Católica Silva Henríquez, Santiago de Chile. E-Mail: lbasualtop@ucsh.cl
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