Ex convictos: ¿Preparados para vivir en libertad?

Resumen

El momento del retorno a la comunidad puede ser particularmente difícil para quienes cumplen una pena de cárcel. La privación de libertad ha tenido en la mayoría de los casos una serie de efectos en sus vidas, tales como el debilitamiento de los lazos sociales, el desarraigo de la familia y la comunidad, problemas severos de salud mental, experiencias de victimización en las prisiones (abusos físicos y sexuales) y en algunos casos la adquisición de ciertos patrones de interacción violentos comunes a la vida en un penal. A ello debe agregarse que los primeros días fuera de la cárcel presentan condiciones de riesgo tales como la vida en la calle, el consumo de drogas o conflictos interpersonales que pueden aumentar la probabilidad de reincidir.

Si bien muchos de los que han cumplido una condena retornarán a la comunidad y lograrán insertarse en ella, las estadísticas sobre reincidencia sugieren que un número importante volverá a infringir la ley. En Chile, es escaso el conocimiento que se tiene sobre este tema. Un estudio recientemente desarrollado por la Fundación Paz Ciudadana concluyó que el 70,1% de la población penal juvenil privada de libertad reincidía en el delito dentro de los dos primeros años fuera de la cárcel. La medición constituye una de las pocas –sino la única– de este tipo publicada durante los tres últimos años. Para el caso de la población adulta la cifra de reincidentes se ha estimado en más de un 50%, no obstante hay discusión respecto de su validez estadística. En términos generales, los estudios de reincidencia a nivel mundial indican que la tendencia es que en más del 40% de los casos, se vuelve a perder la libertad. Es probable que esta información desencante a quienes ven en la cárcel una medida que contribuye a aumentar la seguridad pública. Lo cierto es que los infractores de ley, al menos en Chile, cumplen condenas cuya duración es limitada en el tiempo. En este escenario, la seguridad pública parece mejor resguardada a través de políticas de prevención o de integración social posteriores a la prisión.

Países como el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos han comenzado a desarrollar programas durante la etapa de transición de la cárcel a la comunidad. En términos simples la intervención consiste en un acompañamiento individual y personalizado que pretende facilitar el retorno de un sujeto a su familia, a su comunidad, al mundo del trabajo y aumentar sus habilidades para enfrentar situaciones de riesgo. El acompañamiento para la integración social se inicia generalmente los últimos tres meses y se extiende por otros seis después de la liberación. La evaluación de estas intervenciones por parte de instituciones como el Home Office Británico, ha demostrado que esta acción es eficiente en el control de la reincidencia y que puede reducirla en más de un 10%. Algunos podrán preguntarse por qué seguir apoyando a un sujeto que ha violentado a la sociedad o por qué el Estado y la comunidad debiesen aportar a la integración de un sujeto que ha delinquido. Hay muchas buenas razones para invertir en integración social.

Las sociedades más integradas aumentan su cohesión y con ello reducen niveles de violencia. Los tratados internacionales suscritos por Chile hacen referencia a la responsabilidad del Estado durante la fase postpenitenciaria, pero lo que tal vez sea más convincente para la comunidad es que este acompañamiento favorece la seguridad pública, reduce los índices de criminalidad y también aporta a la dignidad de la vida del infractor y de su familia.